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Piden intérpretes mbya para asistir en denuncias judiciales

18 octubre, 2021

 

En el marco de la conmemoración del Día del Respeto por la Diversidad Cultural del pasado 12 de octubre, se compartieron necesidades presentes desde las comunidades de pueblos originarios de la provincia. Entre estas, se recordó que hubo reuniones sobre proyectos provinciales de inclusión intercultural que nunca avanzaron de la forma esperada. Tal es el caso de contar con intérpretes mbya guaraní en juicios que pertenezcan a estos pueblos.

 

Al respecto, en diálogo con PRIMERA EDICIÓN, el referente del Equipo Misionero de la Pastoral Aborigen (EMIPA), Vasco Baigorri, recordó que, entre las herramientas para integración de los pueblos, “el Superior Tribunal de Justicia tomó parte de un proyecto elaborado desde las comunidades y elaboró una inferior en lo que respecta a la participación de los pueblos en los juicios, con los intérpretes. Tampoco se tiene en cuenta las leyes que forman parte de la cultura de los pueblos”.
Ser escuchados

 

Por su parte, la coordinadora del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), María Josefa “Kiki” Ramírez, manifestó en comunicación con la FM 89.3 Santa María de las Misiones que “realmente deben escuchar a los pueblos indígenas y hay ejemplos concretos en nuestra provincia de esa falta de escucha”.

 

En este tema, recordó que “los indígenas están en un serio diálogo con la parte jerárquica del Superior Tribunal de Justicia, que estuvo con algunos caciques para que sea respetada la propia justicia que imparten en las comunidades”. Tras esto, indicó que “ha habido avasallamientos y han pedido que se respete a las comunidades en este tema”.

 

Sin embargo, desde el propio STJ enviaron un comunicado el pasado 12 de octubre destacando el diálogo entre la entidad y las comunidades mbya guaraní. En tanto que aseguran haber avanzado en Misiones en proyectos para involucrar a los pueblos en los procesos de la Justicia, tales como el de tener en cuenta a intérpretes en el caso de ser necesarios.

 

“Han pedido que en el caso de tener que comparecer ante nuestra justicia sean asistidos por intérpretes mbya. Con esto, están proponiendo una formación para intérpretes o intentando, pero vuelven a pasar por encima de los caciques sobre cómo quieren esa consulta”, aseguró Ramírez.

 

Asimismo, remarcó que “armar a su manera esta formación de los intérpretes es una manera de seguir manipulando a los pueblos indígenas”.

 

Las consultas previas con las comunidades

Entre los referentes de las comunidades de Aristóbulo del Valle, el mburuvicha Francisco Medina recordó que “el artículo 75 de la Constitución Nacional se reconoce la preexistencia de los pueblos”. No obstante, “creo que hace falta más consultas previas e informadas de buena fe y estas nunca se hacen como deben ser desde la sociedad no indígena”, añadió.

 

En Misiones, señaló que “se habla incluso de participación, pero nunca se ha dejado realmente ser parte de las decisiones”. Lamentó que “hoy en día los políticos hablan del respeto, hasta nos dicen hermanos, pero nunca nos tratan como tales. Hemos pasado discriminación y se ve en la provincia, a nivel municipal”.

 

Como parte de los pueblos originarios, Francisco Medina aclaró que cuando se habla “del territorio preexistente no sólo significa tierras, sino que es la propia identidad, idioma y la forma de vivir la cultura”.

 

Respeto a la diversidad

“Lo que han hecho es sacarse unos términos incómodos por otros más bonitos. Creo que estamos lejos aún de un respeto a esa diversidad y no se los escucha como desean serlo”, reflexionó “Kiki” Ramírez.

 

43

son aproximadamente los pueblos indígenas en distintos puntos de la Argentina. En la provincia, son unas 120 comunidades.

Tags: denuncias judicialesDía del Respeto por la Diversidad Culturalmbya
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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