Apenas asumió como canciller en el Gabinete de Alberto Fernández, tras su separación del cargo de jefe de Gabinete, el ministro Santiago Cafiero decidió acordar con su par del Brasil, Carlos França, la idea de retomar la construcción de la mega hidroeléctrica Garabí-Panambí sobre el río Uruguay.
En la información que se brindó oficialmente, apenas se le dedicó un párrafo pero de manera contundente, cuando la Justicia del Brasil ratificó la negativa a la viabilidad ambiental para la obra durante este año.
“Los ministros acordaron convocar, a la mayor brevedad posible, la próxima reunión de la Comisión Técnica Mixta a cargo del proyecto hidroeléctrico binacional de Garabí, en el tramo compartido del río Uruguay”, sostuvo la Cancillería argentina sobre la cuestión.
Como sucedió con la represa Yacyretá, podría volver a pasar con Garabí-Panambí. El Poder Judicial brasileño teme un daño irreversible en el Parque Estadual do Turvo, frente a los Saltos del Moconá, producto del embalse y las inundaciones de al menos 60 hectáreas.
Además, entre 12 mil y 20 mil personas de unos 35 municipios brasileños y argentinos serían afectadas por las obras, al ser desplazadas del lugar y también por perder el sustento de vida.
En 2015 fue la primera reacción judicial en el vecino país, cuando el Ministerio Público advirtió de las consecuencias de la construcción de Garabí-Panambi sobre el medio ambiente. Posteriormente, ante la insistencia del Gobierno brasileño, el 28 de abril de 2021 el Tribunal Federal 4 ratificó la suspensión de la obra de la mega hidroeléctrica.
Pero, esta vez para Cafiero, no parece haber impedimentos que valgan. Por esta razón se sumó al gobierno de Jair Bolsonaro para presionar las autorizaciones que necesitan, para concretar una multimillonaria obra sobre las aguas del río Uruguay.
Cuando las ambiciones económicas superan al entendimiento de la conservación de la naturaleza, aun cuando la pandemia nos hizo reflexionar del fuerte impacto negativo del cambio climático, no habrá argumentos conservacionistas que se puedan comprobar científica y fácticamente.
Lo que se desconoce todavía es la posición que tiene Misiones con esta nueva avanzada nacional, cuando se declama el potencial de ser “la reserva ambiental” que queda en existencia en el país, para evitar la profundización de las consecuencias negativas. Y hasta sacarle un rédito económico mediante bonos verdes.
Cabe recordar que está vigente en la provincia una ley -la IV – N° 56 sancionada en 2011, hace una década- que obliga a los Gobiernos a convocar a un plebiscito, cada vez que se pretenda construir una represa sobre las aguas que bordean la tierra colorada. El mismo es de carácter “obligatorio, vinculante e irrenunciable”, y cuyos efectos duren mientras perduren “las condiciones particulares e históricas que dieron motivo a la decisión”.
Como antecedente único en esa materia, en 1996, en un plebiscito el 88% de los misioneros le dijeron “No” a la construcción de la represa de Corpus sobre el río Paraná.
Demora en pagos acá, inversión millonaria afuera del país
Como un “fantasma” que vuelve cada tanto a agitar el malhumor popular, esta semana regresó el paro sorpresivo de choferes del Grupo Z. Esta vez con apoyo de la UTA, reclamaron las demoras en el pago de salarios que se zanjaron a las pocas horas de la medida de fuerza, casi por “arte de magia”.
Es imposible descartar que la protesta no tenga un aval empresario, ya que la asamblea de choferes de UTA fue la base de una declaración de la empresaria Z llamada EUTA, donde reclamaron por pagos pendientes de subsidios.
Mientras a los trabajadores misioneros les retacearon algo tan básico como su derecho al salario en tiempo y forma, hoy el diario PRIMERA EDICIÓN reveló que una empresa Z invertirá cifras multimillonarias en Chile, para explotar una concesión en Santiago desde el segundo semestre de 2022.
De entrada, para poder iniciar el servicio, deberá poner en marcha unos 1.600 colectivos nuevos que cumplan con normas ambientales sostenibles. ¿Para la renovación de la concesión en el área metropolitana misionera también se hará el mismo planteo? La realidad, hasta el momento, muestra que las “migajas” de las inversiones llegan a los pasajeros de la tierra colorada y las grandes masas de recursos se van a otros distritos.
Finalmente, sobre el día de asamblea sorpresiva que dejó a trabajadores, estudiantes y otros vecinos sin poder cumplir a tiempo con sus obligaciones, el Estado nada hizo para sancionar al Grupo Z por una responsabilidad que le fue exclusiva.
Golpeando las puertas de la Rosada
A mediados de semana, el gobernador Oscar Herrera Ahuad fue hasta la Casa de Gobierno nacional a ver, una vez más, al jefe de Gabinete Juan Manzur.
La agenda fue amplia pero con temas trascendentes para la provincia: la apertura de los dos pasos fronterizos que sigue pendiente de resolución; un plan de obras públicas por más de 26.500 millones de pesos que reveló en exclusiva este Diario (donde aparecen viviendas, saneamiento de arroyos en Iguazú y Posadas; red troncal de agua para Oberá; lotes con servicios; un hospital para Alem; y el Centro de Gestión de Residuos Sólidos para Posadas, Garupá y Candelaria, entre otros. Sin olvidar la terminación del Instituto Nacional de Medicina Tropical ubicado en Iguazú, que lleva años sin terminarse (desde que Manzur fue ministro de Salud de la Nación de CFK).
A su vez, también fue a pedir programas sociales por 350 millones de pesos al ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.
Hay promesas de algunas respuestas para la semana que se inicia. Manzur tiene delegada de parte del presidente Alberto Fernández la relación con los gobernadores, algo que el mandatario no supo fortalecer y, con la derrota de las PASO, no pudo remontar políticamente tras aflorar públicamente la dura interna kirchnerista en el poder.
Lamentablemente, lejos de ir las soluciones de las provincias, se debe seguir yendo a golpear las puertas de la Rosada si se pretenden respuestas. En el tiempo -como en el olvido- quedó la recorrida del Gabinete en
las capitales alternas provinciales, las reuniones del Norte Grande con Fernández y ministros. Al fin y al cabo, poco o nada se consiguió de las mismas. Fueron muchas intenciones pactadas pero nunca ejecutadas.
Entre la posición política y lo que el pueblo espera
Días pasados, después de tres meses de inactividad, la Cámara de Diputados de la Nación se disponía a evitar que naufrague la ley de etiquetado frontal de alimentos. Sin embargo, Juntos por el Cambio se negó a dar quorum y esa sesión fracasó.
Aunque los argumentos políticos -internamente en la disputa entre oficialismo y oposición- puedan ser válidos, había demasiadas miradas puestas en un tema muy sensible para la salud de la población.
Que sesionen sobre un tema consensuado en la agenda parlamentaria, con dictamen y que evitara un retroceso (habiendo un fuerte lobby empresario para que fracase) era una fuerte señal de haber escuchado a gran parte
de la sociedad. Pero no ocurrió y, en ese no dar quorum, hubo dos misioneros también (Luis Pastori y Alfredo Schiavoni), seguramente siguiendo un mandato de bloque.
En ese interés, queda sembrada la duda si la ausencia tuvo que ver con la resistencia de las grandes industrias o, efectivamente, por una medidas de carácter política-partidaria.
El miércoles habría una nueva oportunidad para dejar de lado la “grieta” y trabajar con un mandato fundamental: tratar lo que el pueblo espera en este sistema representativo, republicano y federal.
