Cinco policías de San Vicente se presentaron este martes ante en el Superior Tribunal de Justicia de Misiones y efectuaron una denuncia para que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados investigue por supuesto abuso de poder y maltrato al juez de Instrucción Nº3 de esa localidad, Gerardo Casco.
Lo acusan de haber intervenido en un operativo de tránsito, donde retuvieron un camión cargado con soja, y de haberlos maltratado y haberlos hecho arrestar sin motivo aparente. Después de eso, ordenó liberar el camión para que siga su camino.
Antes de la presentación, los cinco uniformados, pertenecientes a la Comisaría Seccional 2da. UR-VIII, viajaron a Posadas y se entrevistaron el lunes con el procurador general de la provincia, Miguel Ángel Piñero, quien es jefe de los fiscales y les recomendó que hicieran la denuncia en la Fiscalía de Instrucción Nº3 de San Vicente “por razones de jurisdicción territorial”.
Pero los efectivos ya tenían tomada la decisión de hacerlo en el Palacio de Justicia en Posadas, por lo que se dirigieron a la Dirección CiberCrimen, donde descargaron los archivos de interés para la causa (videos, audios, chat) para dejarlos en “resguardados ante eventual requerimiento judicial” y posteriormente concluyeron la redacción de la extensa denuncia contra Casco. La firmaron la oficial auxiliar María Eugenia Miranda y el oficial ayudante Marcos Rosendo Katz. Y acompañaron el cabo 1º Marcelo Gastón Schunke y los agentes Cesar Javier Machado y Cesar Javier Kanova.
Los motivos de la denuncia
La denuncia contra el juez está relacionada a hechos ocurridos el pasado jueves 23 de septiembre, en circunstancias en que se realizaba un control vehicular por Ruta Provincial 13, a la altura del Km. 48 de San Vicente, operativo que “por orden superior debía realizarse en el horario de 21 a 23”.
Relataron que el Juez de Instrucción Penal de la Quinta Circunscripción Judicial, Gerardo Casco realizó un “incorrecto y abusivo uso de sus atribuciones y poder”, como así su maltrato permanente.
Pidieron que se investigue seriamente su conducta por los hechos de abuso de autoridad y configurativos de violencia y/o maltrato en sus distintas formas, de los que resultaran víctimas directas auxiliares de la administración de justicia.
Consideraron que el magistrado denunciado estuvo signado por el ejercicio claramente caprichoso y autoritario, -tanto en lo jerárquico como en lo funcional-, así como por el maltrato (ninguneo o indicaciones caprichosas, descalificaciones, veladas amenazas de represalias -entre otras manifestaciones-) al que, de una u otra forma, fueran sometidos los funcionarios policiales.
Aseguraron que cuentan con pruebas de la denuncia que están plasmadas en audios y testigos que se aportarán como elemento probatorio de lo denunciado. Incluso, con el agravante de “haber sido detenidos 5 policías sin motivo y en circunstancias que hacían su trabajo”.
La soja de la polémica
Los uniformados retuvieron un camión al que le controlaron la documentación. Al rato apareció una persona, supuestamente propietaria de la carga, quien los amenazó y advirtió que iba a “llamar al juez” si no liberaban el vehículo, que estaba demorado mientras los policías consultaban a la Agencia Tributaria (ex Rentas) si el camión había ingresado legalmente a la provincia.
En un video filmado por uno de los oficiales, que circuló la semana pasada, se ve como un hombre a bordo de una camioneta, supuestamente dueño de la soja que llevaba el camión, llegó al retén para “apretar” a los Policías, según se escucha en el mismo video.
Un rato después el propio juez se presentó en el operativo y ordenó la detención del personal policial de la Seccional Segunda a cargo del control vehicular. El argumento habría sido un intento de cohecho (soborno o coima).
El magistrado ordenó el traslado de los efectivos hasta la comisaría, donde se les retuvieron las armas reglamentarias y quedaron en calidad de demorados. Paso seguido el chofer del camión Scania y el propietario de la carga de soja, formalizaron la denuncia en contra los policías, por “intento de cohecho”.
Luego Rentas confirmó que el transporte estaba en regla, por lo que prosiguió su recorrido con destino a El Soberbio.
