El Día Internacional de la Democracia instituido por la Organización de las Naciones Unidas en noviembre de 2007 a través de su Resolución A/RES/62/7 es una oportunidad para recordar que la democracia se ha de centrar en las personas.
La fecha de su celebración rememora aquel 15 de septiembre de 1997 en que la Unión Interparlamentaria adoptó la Declaración Universal de Democracia después de las sucesivas Conferencias Internacionales sobre Democracias Nuevas y Restauradas que comenzaron en 1988
Para la ONU “la democracia es tanto un proceso como un objetivo, y solo con la participación y el apoyo plenos de la comunidad internacional, los gobiernos, la sociedad civil y las personas, el ideal de la democracia puede convertirse en una realidad para que todos puedan disfrutarla en todas partes”.
A_RES_62_7_S
Los valores de la libertad, el respeto a los derechos humanos y el principio de la celebración de elecciones periódicas por sufragio universal son elementos esenciales de la democracia. A su vez, la democracia proporciona el entorno natural para la protección y la realización efectiva de los derechos humanos. Estos valores están incorporados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y desarrollados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagra una serie de derechos políticos y libertades civiles que sustentan democracias significativas.
El nexo entre democracia y derechos humanos figura en el artículo 21(3) de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y establece que:
“La voluntad de la población debe constituir la base de la autoridad de gobierno; ello se expresará en elecciones periódicas y genuinas que serán mediante sufragio universal e igual y se celebrarán por voto secreto o por procedimientos de votación libres equivalentes”.
Los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en instrumentos de derechos humanos posteriores que abarcan los derechos de los grupos (por ejemplo, los pueblos indígenas, las minorías, las personas con discapacidades) son igualmente esenciales para la democracia habida cuenta de que garantizan la distribución equitativa de la riqueza, y la igualdad y equidad con respecto al acceso a los derechos civiles y políticos.
