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El juicio contra los imputados de planificar los atentados del 11-S se reanudó hoy

7 septiembre, 2021

El juicio contra cinco hombres acusados de participar en los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos, que avanza lentamente en las comisiones militares de la bahía de Guantánamo y fue varias veces demorado, la última por el coronavirus, se reanudó hoy con un nuevo juez en una corte de alta seguridad en la base naval estadounidense en territorio cubano.

Pero el flamante magistrado militar del caso, el coronel de la Fuerza Aérea Matthew McCall, levantó la sesión después de solo dos horas y media por cuestiones de procedimiento relacionadas con su nombramiento.

La defensa intenta demostrar que las pruebas presentadas por el gobierno están teñidas por la tortura a la que fueron sometidos los acusados mientras estuvieron bajo custodia de la CIA.

Los cinco detenidos, recluidos en la base de Guantánamo, Cuba, están acusados de ayudar a los 19 hombres que secuestraron los cuatro aviones de pasajeros y los estrellaron contra el World Trade Center, el Pentágono y un campo de Pensilvania, informó el diario The New York Times.

Entre los acusados está Khalid Sheik Mohammed, el supuesto autor intelectual de la tragedia.

Desde el anuncio de los cargos en febrero de 2008, el caso fue primero desestimado y luego readmitido. La primera audiencia fue el 5 de mayo de 2012.

A fines de agosto de 2019, la corte militar estadounidense en la base de Guantánamo estableció que Mohammed y otros cuatro acusados serían juzgados a partir de la selección de los jueces, el 11 de enero de 2021.

Pero las demoras de la Justicia han sido frustrantes, sobre todo para los familiares de las víctimas de los familiares del 11-S, que monitorean todo el armado judicial, señaló el diario USA Today.

Además de Mohammed, están acusados Ali Abdul Aziz Ali, Ramzi Binalshibh, Walid bin Attash, Mustafa al Hawsawi.

Todos fueron arrestados entre 2002 y 2003 en Pakistán, y luego transferidos a la prisión de Guantánamo, acusados de “crímenes de guerra” punibles con la muerte por presuntamente ayudar a los 19 secuestradores a llevar a cabo los atentados.

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha prometido cerrar la prisión de Guantánamo, donde permanecen alojados 39 de los 779 hombres que fueron llevados a dicha base militar estadounidense, tras los atentados del 11-S.

Según Human Rights First, una organización independiente con sede en Nueva York y Washington D.C que también protege a los refugiados afganos, unos 500 detenidos fueron transferidos o liberados durante el Gobierno del expresidente George W. Bush.

Más tarde, un total de 197 detenidos fueron transferidos o liberados durante el Gobierno del exmandatario Barack Obama, muchos de ellos a sus países de origen para continuar presos allí.

Al menos nueve detenidos murieron bajo custodia estadounidense en Guantánamo.

Los cinco acusados de los atentados del 11-S se enfrentarán a la pena de muerte si son declarados culpables, aún si sus abogados estadounidenses han demostrado un cúmulo de irregularidades y violaciones al Estado de derecho a lo largo de estas dos décadas.

Fueron acusados en junio de 2011 de cargos de terrorismo, secuestro aéreo, ataque contra civiles y objetivos civiles además de homicidio. Mohhamed manifestó ante una corte militar que aceptaría ser condenado, si lo declaran culpable, y convertirse en “mártir”.

Tras el cúmulo de denuncias de organizaciones de derechos humanos y abogados estadounidenses, el Gobierno del expresidente Obama trató de llevar a los detenidos ante una corte civil en el territorio estadounidense, pero fracasó en su intento por la oposición principalmente de la oposición republicana.

Mohammed, como muchos otros presos en Guantánamo, denunció haber sido torturado repetidamente en esa base, una afirmación que no logró afectar la imagen que había construido de él el Estado norteamericano.

El Pentágono sostuvo que Mohammed admitió que era responsable “de la A a la Z” de los ataques del 11 de septiembre, según informes de la cadena pública británica BBC, y según los fiscales especiales de la causa, estuvo además involucrado en varias actividades “terroristas”, que incluyen el bombardeo del club nocturno de 2002 en Bali, Indonesia y el fallido atentado del World Trade Center de 1993.

También se lo vinculó con el asesinato del periodista estadounidense Daniel Pearl en 2002 y con el intento fallido de 2001 de hacer estallar un avión con una bomba escondida en un zapato.

En total, 2.977 personas murieron en los ataques ocurridos en Nueva York, Washington y en las afueras de Shanksville, Pensilvania.

Los atentados fueron cometidos por Al Qaeda, un grupo extremista liderado entonces por el millonario saudita Osama Ben Laden, abatido por fuerzas especiales estadounidenses el 2 de mayo de 2011, en Abbottabad, Pakistán.

Fuente: Agencia de Noticias Télam

Tags: 11SJudicialejuicioTorres Gemelas
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
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