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Pietrowski sigue rebelde para la Justicia, su defensa sostiene que el delito prescribió

1 septiembre, 2021
MARTES 27 DE JULIO. Testigos y víctimas respondieron a la citación a debate, el acusado volvió a faltar.

MARTES 27 DE JULIO. Testigos y víctimas respondieron a la citación a debate, el acusado volvió a faltar.

MARTES 27 DE JULIO. Testigos y víctimas respondieron a la citación a debate, el acusado volvió a faltar.

El paradero de Pedro Darío Pietrowski (51) para la Justicia y la Policía es un misterio. Para su defensa su causa debería ser declarada por el Superior Tribunal de Justicia como prescripta por los plazos legales vencidos.

EXLEGISLADOR. Pietrowski ocupó una banca provincial hasta 2019.

El exintendente, veinte años al frente de la comuna de Almafuerte y durante cuatro fue legislador provincial, fue declarado en rebeldía el martes 27 de julio por el juez Correccional y de Menores 2 de la Primera Circunscripción Judicial tras protagonizar el tercer faltazo a juicio oral y público por el delito de “amenazas”, expediente que lo tiene como acusado desde 2018.

Tal como lo publicó PRIMERA EDICIÓN, el primer llamado a ser juzgado fue el 18 de abril de este año y presentó un certificado médico por padecer un cuadro de hipertensión. El segundo fue el jueves 3 de junio, pero nuevamente el único ausente fue el acusado. Esta vez fue test positivo de COVID-19.

La tercera fecha indicaba tajante que sería buscado por la fuerza pública. Pero tampoco concurrió, fue su nuevo abogado el único que acudió en su representación para anunciar que habían recurrido en queja al Superior Tribunal de Justicia porque consideran que no puede ser llamado nuevamente a debate porque el delito “amenazas” por el que se lo requiere ya prescribió, se venció el plazo legal.

También notificaron que por la acusación de “rebeldía”, ofreció una probation como medida alternativa de reparación.

Fuentes consultadas por este Diario resaltaron que la orden de búsqueda y captura de Pietrowski no habría sido cumplida y que tampoco hubo algún tipo de movimiento por hacerla cumplir.

Es tan llamativa la situación que, por ejemplo, la división Búsqueda y Captura de Prófugos de la Justicia de Dirección de Investigaciones Complejas de la Policía provincial, no habría recibido ningún tipo de comunicación o notificación con la orden del juez Jiménez.

La causa fue iniciada el 4 de agosto de 2018, cuando su exesposa Celia Mabel Smiak (45) ingresó a la comisaría de Leandro N. Alem para acusarlo de amenazas de muerte.

De acuerdo al auto de elevación a juicio de la fiscal de Instrucción 5 de Alem, María Gisela Casafus de Castro, Pietrowski a medida que sus hijos crecieron aumentó el maltrato hacia su pareja.
Cuando ella decidió romper el vínculo, las amenazas fueron de muerte y reiteradas. “Te voy a eliminar (…) No tengo problemas en quedar bajo la sombra (preso) (…) Si no lo hago yo lo va a hacer otra persona pero vos me vas a suplicar por la vida”, habría dicho en una de sus misivas violentas.

El amedrentamiento aumentó cuando Smiak decidió iniciar su campaña política para llegar a jefa comunal. A tal punto, que debió mudarse y vivir al límite del terror ante la posibilidad que Pietrowski cumpliera con sus amenazas.

“Cuando mi papá amenazaba a mi mamá, ella corría al baño y cerraba con llave (…) Una vez mi madre estaba en la camioneta y llegó él (en otro vehículo) y le chocó y amenazó con un cuchillo”, dijo una de las hijas en su declaración judicializada.

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Tags: #JudicialesAmenazasCelia Mabel SmiakPedro Darío PietrowskiViolencia
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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