La empresa Capital del Monte, prestadora del servicio de transporte público de pasajeros de Oberá, emitió ayer una carta abierta con fuerte reclamos a los Gobiernos provincial y municipal por pagos atrasados e incumplimientos, además de advertir que fue objeto de operaciones políticas de todo tipo durante la polémica por la suba del boleto.
“Como empresa, hemos sido perjudicados y somos el centro de todo tipo de operaciones políticas, cruce de culpas y responsabilidades de personas y funcionarios, que nada tienen que ver ni con la Empresa, tampoco con el servicio que prestamos, y mucho menos con el público usuario”, advirtió al principio.
Luego remarcó que en febrero inició “una ronda de trabajo, diálogo, intercambio de datos e información con funcionarios políticos y técnicos, tanto de la Municipalidad como también, del Concejo Deliberante en la cual estábamos demostrando un dato de extrema gravedad para la vida de la empresa y la posibilidad de seguir brindando el servicio”. En esas reuniones planteó que estaba brindando un servicio con la tarifa de agosto de 2019 pero con costos (combustible, salario, etc) de 2021.
Pasaron seis meses y el Concejo aprobó un incremento a 50 pesos del boleto pero el Intendente Carlos Fernández lo vetó y estableció un incremento a 40 pesos, e informa que “ha gestionado y obtenido del Estado Provincial un subsidio para la Empresa que cubra esa diferencia entre los $50 originales y los $40 que se determinó después del veto”.
Reclamos adeudados
Capital del Monte advirtió que “si la Empresa no recibe o no cobra los subsidios en tiempo no podrá hacer frente en tiempo y forma al pago de los salarios. En primer lugar, esperamos y deseamos que el subsidio prometido por el Intendente Fernández no pase a formar parte de la larga lista de subsidios y acreencias por servicios prestados que tiene la Empresa con el Estado provincial”.
“Nos referimos concretamente a los pasajes que nos adeudan desde el inicio de la Pandemia por llevar sin cargo a los agentes de Salud y de Seguridad ($4.000.000), también nos referimos al BEG (Boleto Estudiantil Gratuito) por el cual nuestros jóvenes estudiantes viajan sin cargo y que el Gobierno provincial tampoco está abonando en tiempo y forma, y por último también nos referimos a los subsidios del Fondo Fiduciario Provincial que forma parte de un convenio firmado con la Nación por el cual la Provincia debe pagar un equivalente al 50% de los subsidios de carácter Nacional”, recalcó la empresa.
Y agregó: “Otro ítem importante que necesitamos que la sociedad conozca, es que en el contrato de concesión del servicio Público de pasajeros se establecieron derechos y obligaciones para las partes intervinientes (Empresa y Municipalidad)” y señala que “la obligación más importante y fundamental del poder concedente es “mantener el equilibrio financiero del contrato”.
Por último, dejó un duro mensaje a los Gobiernos: “La Empresa jamás dejó de prestar el servicio, tampoco dejó de llevar a un agente de salud y/o seguridad, y nunca dejó de brindar el servicio a un joven estudiante al colegio por el hecho de que no cobramos los subsidios. Creemos que llegó el momento en que todos los poderes involucrados en el sistema del servicio público se pongan los pantalones largos y que cada uno cumpla con las obligaciones y responsabilidades que nos fija la ley en general y la ley de contrato de concesión de servicios públicos en Particular”.
Y advirtió que a partir de ahora “estaremos informando los importes de las acreencias y subsidios devengados y no cobradas por servicios realizados (…) para que juntos y entre todos conozcamos la realidad del sistema y podamos evaluar las gestiones y el grado de compromiso que tiene cada funcionario y también la Empresa para con los usuarios del servicio”.
La nota lleva la firma de Ernesto Kubski, presidente de la empresa.
