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Filtración de datos revela el espionaje de más de 50 mil activistas y políticos

19 julio, 2021

Desde 2016, clientes de NSO Group Pegasus pudieron filtrar e identificar más de 50.000 números de teléfono de activistas de derechos humanos, periodistas y abogados de todo el mundo, a quienes consideraban “de interés”.

Figuran en los datos más de 180 periodistas de Financial Times, CNN, New York Times, France 24, The Economist, Associated Press y Reuters.

El descubrimiento del ciberataque surgió tras una investigación realizada por los diarios ‘The Guardian’, ‘Le Monde’, ‘Süddeutsche Zeitung’ y ‘The Washington Post’, entre otros 16 medios de comunicación que forman el ‘Proyecto Pegasus’, con sede en París, en el que llega a la conclusión de que procedió desde un software de piratería vendido por la empresa de vigilancia israelí Pegasus.

El spyware en cuestión es un software que se inserta en el teléfono a través de una falla que el fabricante todavía no pudo detectar y por ese medio se llega a controlar el núcleo del sistema.

A partir de esa intromisión, quien lo colocó puede acceder a toda la información del teléfono y vigilar cada dato y movimiento.

Una vez que entra Pegasus ya no hay aplicaciones seguras: se abren Whatsapp o Telegram, por ejemplo.

La revelación echa luz sobre el abuso global de un arma de cibervigilancia a través de datos que se habrían vendido a clientes de NSO como Azerbaiyán, Bahrein, Kazajstán, México, Marruecos, Ruanda, Arabia Saudita, Hungría, India y los Emiratos Árabes Unidos.

La compañía de vigilancia rechazó la vinculación asegurando que está destinada solo a adquirir datos contra “delincuentes y terroristas”.

 

Fishing o hackeo, la duda

Lo que no se detectó aún es si los dispositivos fueron infectados con Pegasus o víctimas de un hackeo, pues los datos demuestran que los clientes gubernamentales de NSO fueron identificados antes de una posible vigilancia.

Así, quedó al descubierto que México fue el país que más números de teléfono recopiló. Y Marruecos y Emiratos Árabes habrían seleccionado más de 10.000.

El número de un reportero mexicano asesinado, Cecilio Pineda Birto, apareció en la lista porque aparentemente era de interés para un cliente connacional en las semanas previas a su final fatal.

El aparato nunca fue encontrado, por lo que ningún análisis forense pudo establecer si estaba localizado.

Por su parte, NSO aclaró que, aunque el teléfono de Pineda hubiera sido atacado, esto no significa que los datos recopilados hubieran sido utilizados, de alguna manera, para su muerte, y enfatizó que los gobiernos podrían haber dado con su ubicación por otros medios.

Sin embargo, lo cierto es que figuraba entre al menos 25 periodistas mexicanos aparentemente seleccionados como candidatos a ser vigilados durante dos años.

Después del relevamiento, el consorcio determinó que algunos de los datos que estaban en la lista filtrada tenían rastros del software espía Pegasus.

 

 

“La historia del año” 

“Esta será la historia del año”, calificó en Twitter Edward Snowden, extécnico de la CIA que trabajó como consultor para la Agencia Nacional de Seguridad y había denunciado hace ocho años que el Gobierno de EEUU utiliza un programa de espionaje para vigilar las comunicaciones de millones de personas en todo el mundo. Fue acusado de traición.

‘Forbidden Stories’, con sede en París, es una organización sin ánimo de lucro que depende del apoyo financiero público. A través de la colaboración entre periodistas se formó un consorcio de medios locales e internacionales para investigar el ‘Proyecto Pegasus’.

Publicará el primer capítulo de esta exclusiva mundial a partir de las 21:00 en España, en el cual se revelarán las identidades de las personas que aparecían en la lista, entre ellas, empresarios, figuras religiosas, académicos, personal de ONG, sindicatos y funcionarios -ministros, presidentes y ministros-.

En concreto, en la investigación se afirma que se encontrarían datos de familiares de un gobernante de un país.

Amnistía Internacional también tuvo acceso a la lista filtrada y compartida.

 

Fuente: Agencia de Noticias Argentinas.

Tags: "Forbidden Stories"ActivistasEspionajeGobiernos autoritariosHackeoInvestigación periodísticaProyecto Pegasus
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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