Se cumplió una semana desde que PRIMERA EDICIÓN reveló una serie de fiestas calificadas como “clandestinas” por el propio intendente de Ituzaingó (Corrientes), en las que participaron y fueron parte de la organización decenas de misioneros en Puerto Mbiguá.
Tal como se informó en los días sucesivos a la novedad, participaron en las mismas empresarios, funcionarios y dirigentes políticos, allegados a la Justicia misionera y hasta un sacerdote que dirige un instituto posadeño que dijo haber ido a “bendecir el predio” donde el viernes 9 de julio con Damas Gratis se relanzó el barrio privado de la polémica.
Sin embargo, ni la Justicia ni los propios infractores dieron a conocer avances en la investigación ni expresión alguna respectivamente. Entre los funcionarios que asistieron, estuvo el jefe del Servicio Penitenciario Provincial, Manuel Dutto, amigo de los organizadores. El mismo, fue cuestionado internamente porque promovió una sanción a los efectivos del SPP que participaron en eventos familiares y sociales prohibidos en la pandemia. Sin embargo, de parte de las autoridades, hasta ayer no había recibido ningún llamado de atención. Ni él renunció.
Lamentablemente, cuando un grupo de poder (económico o político) comete estos errores, no existe la misma “vara” para las medidas que con otros hechos que violan las normas de la pandemia.
No deja de ser negativo para la ya corroída imagen que la mayoría de la sociedad tiene de la clase dirigente y su relación con el poder.
Por el contrario, debieron darse decisiones ejemplificadoras, en especial si se trata de cabezas de fuerzas de seguridad, habiendo sido el propio gobernador Herrera Ahuad quien instó al intendente Eduardo Burna a avanzar en los controles.
