El misionero, nacido en Dos de Mayo, Pedro Amadeo Arrúa, conocido como el “Pity”, sumó una nueva condena de trece años de prisión de la Justicia federal entrerriana y vinculada a la misma actividad delictiva, el narcotráfico.
De 58 años y criado en Posadas, Arrúa fue condenado ayer por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay, integrado por los camaristas Jorge Sebastián Gallino, Mariela Rojas y Noemí Berros, en un debate que se inició a mediados de mayo y que, por la complejidad del caso, la cantidad de partícipes y los protocolos contra la pandemia de COVID-19, se prolongó hasta esta semana.
Arrúa, como líder de una organización de tráfico y comercialización de estupefacientes en Misiones, Corrientes y Entre Ríos, fue sentenciado a trece años de prisión. Las demás penas fueron entre los seis y cuatro años.
En total, nueve fueron los juzgados, entre ellos un hijo de Pedro Arrúa que fue absuelto y cinco mujeres.
En septiembre de 2019 se realizaron catorce procedimientos simultáneos en Posadas, Corrientes y en varias localidades de Entre Ríos, que se desprendieron de las escuchas realizadas a “Pity” Arrúa que desde su celda en Gualeguaychú dabas las órdenes y disponía los recursos para el tráfico de cocaína y marihuana que ingresaba a la capital misionera y se distribuía en localidades entrerrianas.
Arrúa fue hallado culpable del delito de “organización y financiamiento de actividades de tráfico de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas, previsto y reprimido en los artículos 7 y 11 (inciso C) de la ley 23.737” y multado en 900 mil pesos, además de ser declarado reincidente, por tercera vez.
De acuerdo a la elevación a juicio de esta causa, Arrúa encabezaba la organización y lo seguían su esposa, Carla Mariana Ríos (condenada a cuatro años de prisión), su hijo Franco Arrúa (absuelto), los hermanos Leonardo Sebastián, María Paola Paula (ambos seis años) y Mónica Alejandra Lecumberry (absuelta) y Adriano Yannick Cáceres (seis años). También Marisa Figueiredo (seis años) y Claudia Méndez (absuelta). Dos personas permanecen prófugas y una fue declarada en rebeldía.
Dos veces 13
En enero de 2020, Pedro Arrúa sumó una condena similar, la tercera por violar la ley 23.737 de estupefacientes.
Fue el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas quien homologó un juicio abreviado por un cargamento de marihuana prensada interceptado en 2014 y que también el “Pity” organizó desde una celda pero en la unidad penal federal de Candelaria.
Tal como lo publicó oportunamente PRIMERA EDICIÓN, el viernes 20 de diciembre de 2019, el tribunal federal posadeño subrogado en este expediente por los camaristas Víctor Antonio Alonso (presidente) Lucrecia Rojas de Badaró y Juan Manuel Iglesias (vocales) aceptó el acuerdo de suspensión de juicio abreviado ofrecido por la fiscal Vivian Andrea Barbosa a la defensora oficial Susana Beatriz Criado, madrina legal del encartado Arrúa como “organizador de transporte de estupefacientes”, en calidad de autor.
La audiencia de visu se realizó con el misionero en un pabellón de la cárcel federal de Marcos Paz, en Buenos Aires, considerado como el de mayor seguridad del país.
Se le atribuyó “organizar mediante llamados telefónicos realizados desde la Unidad 17 Candelaria del Servicio Penitenciario Federal, el transporte de 1.616 kilogramos de cannabis sativa (marihuana), llevado a cabo en un camión con destino a Córdoba”.
En la UP-17 de Candelaria, Arrúa se encontraba detenido cumpliendo una condena por un delito de las mismas características impuesta en 2012 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Córdoba.
Largo historial
“Pity” Arrúa estuvo involucrado en múltiples expedientes penales. En marzo de 2009 la Policía bonaerense allanó su vivienda de la calle Franklin al 5000 en Posadas y lo detuvo por su supuesta vinculación con “la ruta de la efedrina”. El juez federal de Campana, Federico Faggionato Márquez, lo liberó tiempo después por falta de mérito y lo trasladaron a Misiones para que se presentara ante el juez de Instrucción 3, Fernando Verón bajo el cargo de “tenencia ilegal de armas de fuego”.
En noviembre de ese año, Verón procesó a Arrúa sin prisión preventiva, fijándole una caución de 50 mil pesos. Le prohibió salir del país y debía presentarse en el juzgado cada quince días.
El 23 de enero de 2010 fue detenido por la Policía de Córdoba y Gendarmería por encabezar una banda de narcotraficantes.
