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Vientos de cambio: crean nuevo proyecto de ley para la producción audiovisual

7 julio, 2021

El nuevo contexto mundial por un lado afectó a gran parte de la industria audiovisual nacional, mientras que por otro benefició a firmas multinacionales que facturan cifras millonarias, a través de la exhibición de contenidos audiovisuales, lo que no contribuye al fortalecimiento de la producción local, a diferencia de otros países donde sí comienzan a hacerlo.

 

Es por ello que desde el Espacio Audiovisual Nacional (EAN) señalaron que “la falta de actualización de la vigente Ley de Cine 17.741 dio inicio a este trabajo y propuesta que tiende a lograr un texto borrador, con el objetivo de convocar al diálogo para consensuar una propuesta de Proyecto de Ley que permita contemplar las necesidades e intereses de todos los sectores involucrados en la actividad de la producción audiovisual nacional”.

 

Fue así que en 2020 un grupo de reconocidas entidades profesionales de directores, guionistas y productores, entre ellas Directores Argentinos Cinematográficos (www.dac.org.ar); la Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales (www.apima.com.ar); el Proyecto Cine Independiente (www.pcicine.com) y la Sociedad General de Autores de la Argentina (www.argentores.org.ar), con la colaboración de otros profesionales “iniciamos este trabajo que se centró principalmente en identificar todos aquellos factores que en la práctica no funcionaron tal como fueron propuestos hace ya 27 años en la Ley de Cine”.

 

Muy especialmente la tarea también consistió en identificar e incluir en el texto aquellas cuestiones que hoy, por uso y aplicación de las nuevas tecnologías digitales, pasaron a ser esenciales y no fueron contempladas cuando esta normativa fue sancionada, dado que obviamente no existían en aquel entonces, explicaron.

 

 

Participación colectiva y federal

A su vez aclararon que “no se trata de un texto ‘cerrado’ sino que, por el contrario, es un punto de partida para abrir el diálogo, escuchar nuevas propuestas e ideas, colaborar y trabajar en conjunto para lograr el necesario consenso que una normativa como esta requiere.

 

Es central y absolutamente necesaria la participación de todas las entidades que agrupan a quienes trabajan en el audiovisual a nivel federal en todo nuestro país, y que también están ahora incorporándose al grupo de trabajo y participando activamente en la redacción de este proyecto”.

 

 

Un nuevo paradigma exige una nueva ley

Además se recordó que “la ley de Cine que rige actualmente es de 1994, desde ese entonces, el constante y creciente avance tecnológico creó nuevos medios que modificaron tanto la comunicación social, como así también la comunicación audiovisual, influyendo por ello en nuestras conductas y estilo de vida”.

 

En defensa de contenidos audiovisuales nacionales

Este nuevo espacio también considera que “es deber del Estado argentino regular el universo de prácticas, en defensa de los contenidos nacionales audiovisuales, fomentar su producción y asegurar su distribución, así como sostener el compromiso del Estado con la Convención para la Diversidad Cultural de la UNESCO que impone a los firmantes, proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales”.

 

“En esta misma dirección se vuelve necesario modificar los gravámenes a todos los nuevos medios de exhibición existentes y a los que vendrán. También se vuelve imperioso establecer y hacer cumplir ‘cuotas de pantalla’ en todos los medios por los que circulan esos contenidos, para que de este modo, dada la concentración de los medios en manos de grupos hegemónicos, contrarrestar sus prácticas monopólicas y de abuso de posición dominante”.

 

Como así también la “incorporación de lineamientos explícitos acerca de la representatividad de las mujeres está en consonancia con las medidas y leyes aseguradas por el Gobierno Nacional en cumplimiento, no sólo de la Declaración Universal de DDHH, sino con la Comisión Jurídica y Social de la Mujer (CEDAW).

 

La Ley del Audiovisual ratifica el compromiso del Gobierno argentino con las políticas dedicadas a la promoción de igualdad de género así como con lo presentado en la Carta Cultural Iberoamericana presentada en la XVI Cumbre de Jefes de Estado” entre otros aspectos que están publicadas en la página del colectivo.

 

Al disponer la unificación de todo el espectro audiovisual en esta ley, “consideramos al actual Incaa, como la entidad competente para administrar esta regulación, y evitar mayores gastos en la puesta en marcha de una nueva institución ya que posee la experiencia y el personal idóneo para el correcto control de las nuevas disposiciones”, destacaron.

 

 

Pasó demasiado tiempo

Durante los 26 años de vigencia de la actual ley, las distintas modificaciones que tuvieron lugar y sus respectivas reglamentaciones, intentando renovar sus alcances en una época con enormes avances y cambios en el área audiovisual, fueron armando una trama de parches y remiendos como único recurso, cuyos alcances carecen de pericia para regular hoy la actividad.

 

Su estructura rígida y burocrática, fue haciendo que el Incaa, ente responsable en la aplicación y administración de la Ley, no haya podido resolver, desde su perspectiva analógica, el escenario donde se superponen distintas formas de acceder a los contenidos audiovisuales” señalaron.

 

Principales propuestas

El principal objeto de la nueva ley será “actuar sobre todo el conjunto del universo audiovisual y conferir a la nueva administración un verdadero régimen federal y de paridad de género.
Este nuevo contexto requiere la ampliación de las regulaciones y gravámenes a todas las nuevas formas de exhibición de producciones audiovisuales.
• Corregir el viejo concepto de fomentar únicamente la producción, abarcando toda la cadena del proceso, desde el proyecto hasta su difusión.
• Recomponer al “Costo Medio”, de forma en que respete el espíritu con que fue creado, significando una verdadera referencia del costo de una producción audiovisual estándar.
Modificar y clarificar los sistemas de ayudas consistentes en créditos y subsidios.
• Planificar anualmente la producción para la correcta utilización de los fondos de fomento.
• Descentralizar algunas de las funciones que el Incaa venía cumpliendo, y que fueron desplazadas por nuevas reglamentaciones como Noticieros Cinematográficos (CINAIN), etc.
El objetivo de esta nueva Ley será dar solución a las necesidades actuales y conferir la precisa flexibilidad para responder a las contingencias del mañana.

Tags: Espacio Audiovisual NacionalIncaaProducción Audiovisualproyecto de ley
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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