El diputado del Frente de Todos, “Cacho” Bárbaro, entrevistado por FM 89.3 Santa María de las Misiones, defendió su postura recordando que, la semana pasada, los desalojados “en una asamblea, decidieron ir a cortar la ruta si no eran escuchados. Yo les planteé que si no se ponía fuerza iban a quedar sin lugar dónde ir, sin ese pedazo de tierra y la vivienda que construyeron que es lo único que tienen”.
“El corte de ruta es la herramienta que utilizan los docentes, los tabacaleros, hasta que se consigue que al productor le den un pedazo de tierra, no hay otra forma. Yo como diputado provincial corté muchas veces las rutas. No digo que sea una buena herramienta, pero cuando la gente no es escuchada, a veces no queda otra manera”, esgrimió.
Sobre los desalojados en Picada Guaraní, apuntó que “fueron tratados como usurpadores pero no lo son. Un usurpador es el que entra un mes o dos meses a una tierra y arma una carpa, y ahí no había una carpita, eran viviendas con chicos o mujeres embarazadas. Esas personas ahora con este frío no tienen dónde ir”.
“La gente está en ese lugar hace muchos años, yo ayudé a construir una escuela satélite, tienen una iglesia evangélica. Tenían todo. A alguien a quien el Estado le instala la luz no se lo puede considerar un usurpador. Ahí, sobre un lote agrícola, vivían productores que tenían sus animales, maíz, plantaciones de tabaco o yerba mate”, describió.
Mientras que sobre el pedido de nulidad de los desalojos, comentó que “no había delito penal. El juez no puede caratular un expediente de usurpación cuando hay gente que tiene luz eléctrica instalada por el Estado. Tenía que recusarse, ir al fuero civil. Como presidente del Partido Agrario tengo la obligación moral y social de acompañar a esa gente que fueron expulsados. Se hizo un pedido de nulidad del desalojo, porque le digo a la gente que como el proceso judicial fue erróneo, la Justicia tendría que rever la situación y volver atrás. Si la justicia hace un ‘mea culpa’ las familias tienen que volver al lugar donde estaban sus casas. El Estado tiene que negociar, si hay un propietario, para que esas 40 hectáreas de las 200 que tiene, se entreguen al productor para que pueda seguir trabajando”.
Desde el Partido Agrario y Social (PAyS) emitieron un comunicado para “aclarar, una vez más, que somos respetuosos de la propiedad privada. En esta oportunidad no discutimos la propiedad de la tierra, sino que cuestionamos el mal actuar de la justicia, que en complicidad con la policía expulsó a los campesinos de las tierras en las que vivían y trabajaban, en algunos casos desde hace más de diez años, quienes no pudieron defenderse y contar su realidad”.
Indicaron que “se comprobó que en el procedimiento hubo numerosas irregularidades, en los relevamientos que realizó la policía no se comunicó a los vecinos sobre el juicio; en el expediente no figuran las fotos de las casas que efectivamente fueron desalojadas; y tampoco se expresa que estas personas hayan sido notificadas por el delito por el cual se los acusa, ni de intimaciones a abandonar el lugar. En suma, no se garantizó el derecho a la defensa”.
“Son productores agropecuarios que trabajaban la tierra con plantaciones anuales, además de tabaco, yerba, huertas y cría de animales, con lo que garantizaban la subsistencia. Nunca nos verán defendiendo a usurpadores. Siempre acompañaremos los justos reclamos de los pequeños productores de Misiones”, finalizaron.
