Conmoción y cruce de versiones y rumores durante las últimas horas dentro de la Policía de Misiones fueron las reacciones registradas tras la confirmación de que los cuatro efectivos de la fuerza de seguridad provincial, investigados por integrar una red de venta ilegal de motocicletas secuestradas, fueron apartados de sus cargos y sumariados por la Dirección Asuntos Internos de esta institución.
Lo que también generó fuertes críticas filas adentro de la Policía fue que de los tres oficiales y el comisario de la seccional Tercera citados a indagatoria por el juez de Instrucción 1, Marcelo Alejandro Cardozo, sólo un oficial cumplió con la obligación judicial: se presentó, se abstuvo de declarar y fue imputado provisoriamente por el delito de “asociación ilícita”.
El viernes 30 de abril estaban llamados al juzgado de la avenida López Torres y calle Vicente Casares, el jefe y un efectivo subalterno de la comisaría Tercera. Ninguno de los dos se presentó por lo que serán vueltos a citar junto al oficial que el jueves también “pegó el faltazo” sin justificarse ante el magistrado.
De acuerdo a las fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN, el viernes de manera paralela a que trascendieran las no comparecencias a indagatoria, en la Dirección Asuntos Internos de la Policía se oficializaban el pase a disponibilidad de los cuatro involucrados y los correspondientes sumarios que incluirán investigaciones a los registros de la comisaría Tercera.
También se oficializó la designación del comisario Gabriel Rojas en reemplazo del jefe investigado.
Escándalo
Tal como publicó este Diario de manera exclusiva durante los últimos días, son cuatro los policías de la comisaría Tercera investigados por la Justicia Penal por integrar una presunta “asociación ilícita” dedicada al secuestro ilegal de motocicletas, reventas, cobro de “recompensas o coimas” y desguaces de repuestos.
Sospechosos que decantaron luego de la aprehensión de un suboficial en mayo del año pasado y un familiar por estas maniobras, quienes recuperaron la libertad pero continúan supeditados a la causa que instruye el juez Cardozo.
El escándalo, según las mismas fuentes, fue en aumento en los últimos días cuando se conocieron los resultados de pericias telefónicas en las que especialistas de la Policía y la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas del Superior Tribunal de Justicia resaltaron mensajes y audios que apuntarían a los cuatro uniformados de la comisaría del barrio Villa Urquiza con las actividades ilegales del sargento detenido el 27 de mayo de 2020, por el mismo juez.
Este suboficial de 35 años y un joven de 22 (sería su sobrino) están imputados como determinantes en la organización delictiva que desplegaba varias modalidades. Entre ellas, “reducir” motocicletas robadas y ofrecerlas en redes sociales a bajo precio. Pero después de las transacciones, las volvían a secuestrar en procedimientos irregulares, siempre bajo el presunto amparo del comisario.
Las maniobras incluían también que el sargento y sus cómplices se apoderaban de las motocicletas y las ocultaban en aguantaderos, uno de ellos en el barrio Belén de Itaembé Miní.
Pero todos son investigados por la modalidad “pedido de recompensa” por brindar datos de los vehículos a los damnificados que denunciaban los robos de sus vehículos.
Según datos brindados por voces confiables, una vez que las motos era vendidas en redes sociales, el mismo sargento con los datos de los compradores, se presentaba en los domicilios con oficios truchos de pedido de secuestro por robo y las “recuperaban” para volver a venderlas con ofertas en perfiles de Facebook, por ejemplo.
Un “seguro extra” también le habrían ofrecido a varios de los compradores de las motos robadas. “El favor” de no secuestrárselas a cambio de sumas de dinero de acuerdo al valor del vehículo.
Para que no quedaran involucrados en la maniobra se habría informado oficialmente que las motocicletas eran encontradas abandonadas en la vía pública o directamente no se corrían registros de recuperos.
