El proyecto, que ya tenía media sanción de Diputados, fue aprobado con 67 votos a favor y uno en contra y devuelto a la Cámara baja por haber recibido modificaciones, a partir de iniciativas previas presentadas por las senadoras Silvia Elías de Pérez y Guadalupe Tagliaferri y el senador Juan Carlos Marino.
“Estamos frente a la posibilidad cierta de generar espacios más tranquilos para todas las mujeres y de que el Estado pueda tener un rol activo cuando una persona es hostigada en la calle, en lugares públicos”, afirmó Elías de Pérez durante el debate.
Y agregó: “Tenemos 70 femicidios en lo que va del año. El proyecto se dirá que habla de otra cosa, pero creo que acá hablamos de una escala de violencia. El escalón más invisibilizado de todos quizás es este que estamos tratando”.
A su turno, Tagliaferri afirmó que “esto era algo natural hace mucho tiempo, algo que venía con el hecho de ser mujer y por suerte hace varios años esto se empezó a modificar”.
“El Banco de Desarrollo de América Latina dice en un informe que el 100% de las mujeres hemos sufrido acoso en la vía pública, y lo más curioso y preocupante es que el 100% de los hombres dicen no haberlo hecho”, agregó la senadora porteña.
Por su parte, la correntina Ana Almirón (Frente de Todos) destacó que “este proyecto valoriza el trabajo de las mujeres y disidencias” y “tiene a desalentar estas conductas por parte de quienes las realizan”.
“Tiene que ver con generar conciencia, políticas públicas, para desnaturalizar el acoso callejero”, indicó Almirón, quien también recordó que por estas conductas “muchas mujeres han dejado de transitar por ciertos lugares, han tenido que cambiar el trayecto a sus trabajos o han dejado de estudiar”.
El único que se expresó en contra del proyecto fue el cordobés Ernesto Martínez (Juntos por el Cambio), quien señaló que está de acuerdo con el proyecto pero realizó objeciones técnicas por tratarse de una ley penal y expresó: “Hay que hacerlo bien”.
La iniciativa incorpora al Código Penal un artículo que dispone multas de entre una y cinco “unidades de medida arancelarias” (entre $3.862 y $19.310, según los valores actualizados en noviembre de 2020) para quienes incurran en el acoso sexual callejero.
En este sentido, se contemplan como acoso los “gestos, expresiones, palabras, contacto físico o arrinconamiento no consentido con connotación sexual perturbe la dignidad, libertad, integridad física, psicológica, sexual o el libre tránsito de una persona, con motivo de género, orientación sexual, identidad de género o su expresión”.
A pedido de Elías de Pérez, se incorporó un artículo que incluye la multa frente a esas conductas también si se llevaran a cabo “por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones, plataformas digitales o cualquier otra tecnología de transmisión de datos”.
Además, las multas se elevarán cuando las víctimas sean menores de 18 años o el autor sea funcionario público o miembro de las fuerzas de seguridad y en todos los casos será una pena accesoria a la obligación de realizar talleres orientados a la educación y erradicación del acoso sexual y la violencia de género por un plazo mínimo de tres meses.
Fuente: Agencia de Noticias NA
