El Gobierno atenderá con prioridad la situación de familias monoparentales, personas adultas mayores o en situación de vulnerabilidad, con discapacidad y en extrema pobreza o indigencia, y a víctimas de violencia de género, en los casos que se produzcan desalojos como consecuencia de la finalización del decreto que los prohibió durante un año como consecuencia de la pandemia.
Así lo establece el Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales, que se aprobó a través de la resolución 5/2021 de la Secretaría de Desarrollo Territorial, publicada este martes en el Boletín Oficial.
“Es una decisión política del Estado de no mirar para otro lado ante una circunstancia que para nosotros puede ser muy penosa: que familias se queden en la calle”, indicó a Télam el secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini.
En ese sentido, dijo que “la decisión del Gobierno es tomar decisiones informadas y justas”, y remarcó que “por eso generamos un criterio de priorización a través del registro del Protocolo”.
Explicó que “de esta manera se va a permitir la caracterización de las situaciones”, y puntualizó que “hay que ser claros: nuestro país no tiene un stock de viviendas propias del Estado nacional”.
Al respecto, indicó que “el modelo que el Estado nacional tiene es uno de financiamiento de unidades ejecutoras para la construcción de viviendas”, y puntualizó que “ahora hay un fuerte compromiso del presidente Alberto Fernández con el programa Casa Propia, que implica 264.000 soluciones habitacionales en un plan trienal”.
“A su vez sabemos que para que ese programa sea exitoso necesitamos criterios que lleven adelante las unidades ejecutoras de provincias, municipios y la ciudad de Buenos Aires“, sostuvo Scatolini, quien señaló que “por eso son muy importantes las regulaciones urbanísticas, que son las que permiten incidir sobre los criterios con los que se maneja el mercado inmobiliario”.
El funcionario destacó que “cuando el mercado está totalmente desregulado, se generan mayores niveles de especulación, concentración y segregación socio espacial”, y subrayó que “esas materias regulatorias urbanísticas, por nuestra organización jurídico constitucional, son resortes exclusivos de los gobiernos subnacionales”.
Así aclaró que “el Estado nacional no tiene facultades regulatorias en materia urbanística”, pero remarcó que “no obstante ello, desde el Gobierno nacional se tomaron dos decisiones importantes que ayudan a las regulaciones locales”.
“El año pasado lanzamos el Plan Nacional de Suelo Urbano, que es un instrumento que busca colaborar con las provincias, municipios y la ciudad de Buenos Aires, para lograr el primer paso hacia esa regulación que es el acceso al suelo”, explicó Scatolini.
Agregó que “ahora, hace muy poco, se lanzó el Programa Nacional de Planificación y Ordenamiento Urbano”.
“Si bien no podemos determinar las decisiones que tienen que tomar los gobiernos subnacionales para la planificación de su territorio, sí generamos a través de este programa los criterios mínimos que entendemos que los gobiernos subnacionales deberían seguir, instrumentar, poner en marcha”, precisó el funcionario, quien detalló que “siete provincias ya firmaron convenios” con la Nación: Chaco, La Rioja, Misiones, San Juan, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán.
En este marco, Scatolini indicó que “se busca caracterizar la demanda de riesgos concretos de desalojo”.
“Pero como no tenemos un stock ni facultades de regular, vamos a mirar a las unidades ejecutoras de provincias municipios y la ciudad de Buenos Aires y vamos a ver qué stock de vivienda tienen disponible para realojar familias que pueden quedar en situación de desalojo”, afirmó el secretario.
Puso de relieve que “la mayor conflictividad está en la ciudad de Buenos Aires”, y remarcó que “hay una paradoja, porque las viviendas ociosas que hay en CABA, si hubiera una política regulatoria por parte del Gobierno porteño para que no lo estén, habría una oferta más amplia para alquilar y más posibilidades para alojar familias”.
“Le estamos diciendo a la ciudad más rica de la Argentina, con el PBI más alto, que desarrolló una política inmobiliaria que priorizó la construcción de viviendas ABC, para los de mayor poder adquisitivo, que sería bueno que tuvieran una política inmobiliaria que permita dar respuesta a los sectores sociales que demandan un alquiler a valores razonables”, sostuvo Scatolini.
Subrayó que “ese es el trasfondo importante que escribimos en el Protocolo”, y remarcó que “el Estado nacional se hace cargo de la situación, hay demanda del sector de inquilinos, e importa que entiendan los roles que corresponden a cada jurisdicción en la instancia de toma de decisiones”.
“Nosotros ponemos recursos públicos para construir viviendas en la Argentina. Lo garantizamos con el programa Casa Propia. En una situación que puede derivar en desalojos de contratos de alquiler instrumentamos el Protocolo. Pero hay restricciones que tenemos como Gobierno nacional con una organización jurídica de tinte federal”, explicó el funcionario.
Señaló que “las organizaciones urbanísticas no están delegadas en el Ggobierno nacional, sino que son de decisión autónoma en cada jurisdicción”, y sostuvo que “lo que el sector necesita son mayores regulaciones urbanísticas”.
Fuente: Agencia de Noticias Télam
