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Se quintuplicaron los usuarios que generan energía eléctrica para su propio consumo

29 marzo, 2021
Córdoba es la provincia con más cantidad de Usuarios Generadores con 198, más de la mitad del país. También registra la mayor potencia instalada (1.711 kW).

La cantidad de usuarios generadores (UG) de energía eléctrica para autoconsumo a partir de fuentes renovables se quintuplicó en 2020 y la potencia instalada se incrementó en un 170%, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Energía.

El régimen promocional de la denominada Generación Distribuida permite que los clientes de la red eléctrica (sean hogares, PyMEs, industrias o establecimientos agrícolas), generen energía para su autoconsumo a partir de fuentes renovables (paneles solares) y puedan inyectar el excedente a la red.

El Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública ya cuenta con 12 provincias adheridas y 138 distribuidoras y/o cooperativas eléctricas inscriptas.

El año pasado el programa, que funciona desde abril de 2019 y opera en el ámbito de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, incorporó 272 nuevos UG.

El régimen creado por la ley n° 27.424 apunta a disminuir el impacto ambiental del consumo energético, bonifica a los UG con un ahorro económico en la factura del servicio eléctrico y otorga la posibilidad de acceder a una serie de beneficios promocionales, entre los que se encuentra el Certificado de Crédito Fiscal.

La norma estableció el marco regulatorio para que todos los ciudadanos conectados a la red eléctrica puedan generar energía para su autoconsumo en hogares, PyMEs, grandes industrias, comercios, producción agrícola, entes públicos y organismos oficiales, entre otras actividades.

En caso de producirse, el excedente de energía generada puede ser inyectada a la red, y los UG reciben una compensación por ello.

La instalación de los equipos queda a cargo del usuario interesado y debe ser realizada por un instalador calificado autorizado, siguiendo los parámetros técnicos establecidos en la normativa.

En seis de las doce provincias adheridas hay actualmente UG activos, y Córdoba es la que registró más cantidad (198) y mayor potencia instalada (1.711 kW); en tanto que Chubut y Chaco consiguieron sus primeros casos el año pasado.

Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Mendoza cuentan ya con 77, 37 y 20 UG activos, respectivamente, mientras tienen trámites en curso otros 130, 27 y 10.

Las seis restantes provincias adheridas al Régimen, pero que aún no tienen UG activos son: Tierra del Fuego, Corrientes, Neuquén, Catamarca, San Juan y Río Negro.

Al desagregar según categorías de consumo, se observó que sobre el final del 2020 los UG residenciales eran 217, con una potencia total instalada de 758 kW (un promedio de 3,49 kW por usuario).

Por su parte, los UG comerciales-industriales llegaron a 121, con una potencia de 2.387 kW (un promedio de 19,73 kW por usuario generador).

El secretario de Energía, Darío Martínez, destacó en un comunicado que “la generación distribuida ayuda a la conservación del medioambiente y también tiene la ventaja de reducir la cantidad de energía que se pierde en la red de transporte, ya que la electricidad se genera muy cerca de donde se consume”.

El crecimiento en la cantidad de usuarios-generadores ha sido muy importante y esperamos que se siga incrementando”, confió Martínez.

Otros datos destacados el año pasado, según la Secretaría de Energía, indican que en febrero se alcanzó el primer megawatt de potencia instalada.

En octubre de 2020 se presentó la mayor cantidad de UG, al habilitarse 40 proyectos, y se registró la mayor potencia instalada: 394 kW, mientras el año cerró con más de 3 Mw instalados.

Fuente: Agencia de Noticias Télam 

Tags: ConsumoEnergía EléctricaPropiousuarios
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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