“Marzo o abril sería un plazo razonable para acordar con el FMI”. Eran los últimos días de 2020 y la frase del ministro de Economía, Martín Guzmán, abría el panorama hacia el año siguiente dejando atrás uno que quedó atrapado casi por completo por la crisis económica, la pandémica y el colapso de ambas al mismo tiempo.
Era entonces el 27 de diciembre y el cerebro económico avisaba cuándo podría arrancar el 2021 para el Gobierno. Porque, a su entender, había que pasar el verano para poder establecer el orden económico y, de una buena vez, comenzar a andar. Porque, vale la pena recordarlo, desde el primer día el Gobierno dejó claro que nada podría por la macroeconomía si antes no resolvía la deuda con el FMI.
Claro estaba entonces y todavía más ahora, no dependía nada más que de un deseo o una mera proyección. También de la disponibilidad de divisas, la política tarifaria, la recuperación de la actividad interna, la situación del mercado laboral y la evolución de la situación sanitaria.
Pues bien, pasó el verano, transcurrió el período que estipuló Guzmán aquel 27 de diciembre y a la vuelta de estos tres meses la situación no es muy distinta a la del punto de partida. La disponibilidad de tarifas es una quimera, porque si bien es cierto que el Central ahora compra dólares, es mucho más cierto que no logra retenerlos.
La política tarifaria todavía dista mucho de ser parte de una agenda. La recuperación de la actividad interna es aún una expresión de deseo más que una firme realidad. El mercado laboral sigue deprimido y mantiene expulsado al 11% de la población.
La evolución de la situación sanitaria es quizás el rubro más preocupante. El ritmo de la vacunación dista mucho de lo prometido al igual que la cantidad de vacunas existentes en el país.
Y abril, lejos de ser un mes suave, trae otro aumento en los combustibles y el descongelamiento de alquileres.
