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FAIMA expresó preocupación a Kulfas por la exportación de rollos

14 marzo, 2021
EVALUACIÓN. El lunes 22 se llevará a cabo otra reunión para avanzar puntualmente sobre los movimientos de exportación.

El pasado viernes, representantes de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) mantuvieron una audiencia con Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, para debatir sobre diversas problemáticas que enfrenta el sector.

En lo que respecta a Misiones, el punto principal fue la preocupación de los representantes madereros por el crecimiento de las exportaciones de rollos sin procesar, lo cual complica a la producción local al generar faltantes de la materia prima. Por ese motivo, solicitan regulación de la actividad.

En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, sobre los resultados de la reunión, Román Queiroz, misionero presidente de FAIMA, contó que “la problemática de la exportación de rollos es algo que mes a mes se va incrementando. Es algo que preocupa, por eso Kulfas nos convocó para avanzar puntualmente en ese tema en otra reunión que será el lunes 22 de este mes”.

“Hace tiempo es un tema que alerta, en los últimos meses aumentó mucho la exportación de rollos, en febrero salió un buque entero que carga alrededor de 65 mil toneladas de rollos con destino a China. La exportación de un buque de rollos pone en riesgo a alrededor de 2.000 puestos de trabajo argentinos”, describió.

En ese sentido, a través de un comunicado, desde FAIMA expresaron: “La exportación debe tener como eje el mayor agregado de valor posible. Es en ese contexto, que observamos con preocupación la falta de rollos disponibles y de calidad en el norte del país para los aserraderos. La ausencia de materia prima para los mismos tiene repercusiones a lo largo de toda la cadena productiva. En algunas industrias incluso se han registrado días sin actividad por no poder contar con el producto básico”.

“Desde FAIMA creemos que este tema debe ser abordado con urgencia al mismo tiempo que se incentiva la reforestación para evitar que el problema se agrave en el futuro. Este es un tema de preocupación en las principales cuencas forestales del país”, ampliaron sobre el planteo.

 

Sobre retenciones

Por otra parte, también reiteraron el pedido para obtener una reducción o eliminación de las retenciones a las exportaciones de los productos de madera.

“Hoy por hoy se exporta un producto de madera y hay una retención del 4,5%. Lo que volvimos a pedir es que esa retención se reduzca o se elimine para poder ser más competitivos”, indicó Queiroz a este Diario.

Cabe recordar que la Federación había solicitado esta reunión con el objetivo de repasar junto al ministro los principales temas de la foresto industria y el sector del mueble.

Además de Queiroz asistieron por parte de FAIMA, Soledad Milajer (secretaria general), Pedro Reyna (vicepresidente), Daniel Loutaif (coordinador de Bosque Nativo) y Gonzalo Rondinone (director ejecutivo).

“Ante este pedido de reunión recibimos una muy rápida respuesta para poder concretar el encuentro, que continúa el trabajo que se viene realizando en las mesas sectoriales en el marco del Acuerdo Económico y Social. Hubo un excelente diálogo con las autoridades y se logró consensuar una agenda de trabajo conjunta”, destacó el titular de FAIMA.

Cabe recordar que FAIMA se define como la única entidad de 2º grado que representa a nivel nacional al sector industrial maderero a través de sus 28 Cámaras asociadas en las distintas provincias del país. Fundada en 1933, cuenta con 85 años de trayectoria.

En la federación se encuentran representados productores de envases y pallets, pisos y revestimientos, molduras, aserraderos, carpintería en general, fabricantes de aberturas, maderas y piezas para la construcción, láminas, chapas, maderas compensadas, tableros de partículas y de fibras, pallets de madera, viviendas industrializadas, muebles y demás manufacturas de madera.

 

Malestar por los efectos

Desde comienzo del año, las diferentes asociaciones del sector forestal, comenzaron a realizar reuniones para debatir sobre el conflicto de la exportación de los rollos sin procesar.

De esa forma, reiteran la preocupación por exportaciones de rollos del producto sin procesamiento, en especial a China.

Y además cuestionan que el Estado nacional subsidia la forestación para que al final la industrialización se desarrolle en el extranjero.

Así, el tema continúa siendo eje de intensos debates porque supone a mediano plazo una cuestión con muchos perjuicios para el sector forestoindustrial de toda la región.

Entre los posibles inconvenientes, se pone de relevancia la venta de los mejores rollos y la escasez de materia prima en cantidad y calidad.

También se apunta a la “incongruencia” de que el Estado nacional subsidie la forestación para que al final la industrialización se desarrolle en el extranjero, y la consecuente pérdida de empleo, caída de recaudación de impuestos, falta de incentivo para las inversiones y destrucción de la industria nacional.

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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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