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Colapsó el sistema hospitalario en Santa Catarina y Minas Gerais

2 marzo, 2021
Santa Catarina - COVID

Santa Catarina - COVID

La situación del coronavirus venía empeorando en el estado de Santa Catarina, limítrofe con Misiones, y quedó al desnudo en los últimos días: al menos seis personas murieron desde el viernes por falta de camas de terapia intensiva, según reportó la cadena Globo en base a denuncias de familiares y paramédicos.

Los pacientes que a partir de ahora comenzarán a ser trasladados son los de la región oeste, de Chapecó, a 200 kilómetros con la frontera argentina, hacia el estado de Espirito Santo, en el sudeste de Brasil.

Serán 16 que viajarán en un avión sanitario hasta la ciudad de Vitoria por ofrecimiento del gobernador de Espirito Santo, Renato Casagrande, que hace acordar a los vuelos militares que tuvieron que trasladar de emergencia pacientes de coronavirus de Manaos, la capital de la Amazonía brasileña, hace solo unas semanas.

Santa Catarina se encuentra con el 98,6% de ocupación de las camas de terapia intensiva para COVID-19 y, por eso, el gobernador Carlos Moisés declaró el toque de queda nocturno y de fines de semana, sumado a la prohibición de permanecer en las playas de Florianópolis y sus municipios vecinos, que suelen ser el principal destino del turismo de verano de los países del Mercosur.

La situación es tan dramática que Santa Catarina batió el récord de 80 muertes en 24 horas y ya acumula desde el inicio de la pandemia 7.438 decesos y 675.000 casos notificados.

Y no es el único estado brasileño fronterizo con Argentina con un panorama sombrío. El toque de queda por temor al colapso hospitalario también rige en Rio Grande do Sul, fronterizo con Misiones y Corrientes, y en Paraná, que comparte la triple frontera de Brasil, Paraguay y Argentina con la ciudad misionera de Puerto Iguazú.

Ayer, el intendente de Florianópolis, Gean Loureiro, pidió perdón por haberse ido de vacaciones a Cancún, México, en pleno derrumbe del sistema sanitario y aumento de contagios.

Mientras tanto, en la región sudeste, el segundo estado más poblado de Brasil, Minas Gerais, también entró en colapso hospitalario.

Las consecuencias de fiestas de carnaval ilegales en poblados de mediano y pequeño porte causaron que los hospitales regionales hoy estén a tope en las ciudades del interior.

Febrero fue un mes letal para Minas Gerais: hubo 3.505 muertos contra 1.026 en noviembre, anterior récord, por la pandemia.

Belo Horizonte, la capital, tiene el 14% de los muertos de todo Minas, un estado donde el problema principal de ocupación de camas se dio en el corazón sojero y ganadero, en Uberaba, en la región fértil conocida como Triángulo Mineiro.

Los hospitales públicos y privados ya colapsaron y debieron trasladar a al menos 19 pacientes de coronavirus a Ribeirao Preto, ciudad del estado de San Pablo.

 

El deterioro de la situación epidemiológica es nacional

Al menos 18 capitales brasileñas se encuentran con más del 80% de ocupación de camas para COVID-19, según el último relevamiento del laboratorio estatal Fiocruz.

En enero, había colapsado el sistema hospitalario de Manaos, capital del norteño Amazonas, por la falta de tubos de oxígeno, lo que provocó múltiples muertes por asfixia en pacientes de COVID-19 y traslados de emergencia de unos 200 enfermos a otros estados.

Algunos especialistas creen que esto podría haber ayudado a diseminar más rápidamente la cepa amazónica, presente ya en 17 estados, incluido el distrito federal de Brasilia.

Desde que estalló la pandemia hace más de un año en el país, Brasil acumula 255.720 muertos y más de 10,5 millones de casos notificados, es decir, es el segundo país con más víctimas fatales y el tercero en número de contagios.

Fuente: Télam

Tags: #BrasilCoronavirus Covid-19Mina GeraisParanáRio Grande do SulSanta Catarina
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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