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La pandemia de la corrupción

22 febrero, 2021

El año de los barbijos, el alcohol en gel y un confinamiento casi generalizado fue también el año en que, después de mucho tiempo, se disparó la corrupción a nivel mundial y más países cayeron por debajo de niveles aceptables: dos tercios de los 180 países contemplados por el informe que elabora anualmente Transparencia Internacional.

La ONG presentó en enero su tradicional clasificación sobre el Índice de Percepción de la Corrupción y no dejó lugar a dudas sobre algo que muchos ya venían sospechando: la pandemia agudizó la corrupción en el mundo en 2020 y -advierte además- su incremento entorpece la respuesta ante el avance del COVID-19.

El informe alerta sobre la “imagen nefasta” de la corrupción a nivel global, con una puntuación media mundial de 43 sobre 100 y ningún progreso registrado “en la última década” en la mitad de los países contra las prácticas ilícitas, como el “soborno y la malversación a los precios abusivos y el favoritismo”.

La investigación, que califica a 180 países en una escala de 0 (corrupción elevada) a 100 (corrupción inexistente), concluyó que la mayoría de los países evaluados no sólo no ha registrado ningún avance en la lucha contra la corrupción en 2020 sino que las denuncias de corrupción han aumentado desde que estalló la pandemia de coronavirus.

Teniendo en cuenta que los gobiernos de todo el mundo han podido gestionar en un cuasi o total estado de excepción las medidas necesarias para combatir el virus (adquirir aparatos médicos, importar barbijos, preparar la vacunación, repartir paquetes de ayuda y dinero, etcétera), “lamentablemente, la pandemia les viene bien a los Gobiernos corruptos”, sentenció Daniel Eriksson, director de Transparencia Internacional.

La presidenta de la institución, Delia Ferreira, remarcó el vínculo entre la corrupción y la pandemia y advirtió que la del COVID-19 “no es sólo una crisis sanitaria y económica”, sino que “es una crisis de corrupción”, la cual “actualmente no estamos sabiendo gestionar”.

“El año pasado ha puesto a prueba a los gobiernos como no se recuerda y aquellos con mayores niveles de corrupción han sido menos capaces de afrontar el desafío. Pero incluso aquellos arriba (en el ranking) deben hacer frente de forma urgente” a este flagelo.

″Se podría decir que dos tercios de los Estados del mundo son corruptos, pero, en parte, son los países que más alto puntúan los que hacen posible la corrupción de los que están al final de la lista”, alertó Eriksson por su parte.

 

 

“Enormes grietas”

En definitiva, según Ferreira, durante la especie de “estado de excepción permanente” a la que sometió a casi todo el planeta el coronavirus, la transparencia en la toma de decisiones de los gobiernos se vio puesta a prueba y quedaron en evidencia “enormes grietas en las instituciones democráticas”.

Esto enlaza con otro informe lapidario que se publicó a comienzos de febrero: el Índice de Democracia Global 2020 elaborado por la prestigiosa publicación británica The Economist, donde se concluye que “la pandemia del coronavirus ha provocado un retroceso sin precedentes de las libertades democráticas” el año pasado.

La “Unidad de Inteligencia” de la publicación otorga desde 2006 una puntuación a la “salud” democrática del planeta (con 167 Estados evaluados) y en esta edición verificó un retroceso global de los 5,44 puntos sobre 10 de 2019 a los 5,37 puntos actuales. Es la peor puntuación desde que se empezó a elaborar el índice hace quince años.

En el estudio se explica que el mal resultado de 2020 se produjo en gran medida -aunque no exclusivamente- debido a las restricciones impuestas por los gobiernos de prácticamente todo el mundo en respuesta a la pandemia de coronavirus.

“Vimos un enorme retroceso de las libertades individuales, creo que el mayor jamás emprendido por los gobiernos en tiempos de paz, y quizá aún en tiempos de guerra”, alertó Joan Hoey, la autora jefa del informe, en una entrevista reciente.

 

El ranking de Transparencia

Dinamarca y Nueva Zelanda son los países más transparentes, según el Informe de Percepción de la Corrupción, con 88 puntos sobre 100 posibles. Los siguen Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza, con 85. Al fondo de la tabla se ubican Venezuela, Yemen (con 15 cada uno), Siria (14) y Somalia y Sudán del Sur (con 12 cada uno).

Grecia, Myanmar y Ecuador serían los que más han avanzado en la lucha contra la corrupción, mientras que Bosnia-Herzegovina, Malawi y Líbano serían los de mayor retroceso.

Estados Unidos, por su parte, cayó hasta su peor nivel desde 2012 y registró una merma por cuarto año consecutivo, coincidente con toda la presidencia de Donald Trump. En el ranking de 2020, el país norteamericano se ubica 25º con 67 puntos.

En cambio China mejoró un poco (sumó un punto, llegó a 42 y escaló dos posiciones hasta el 78º lugar), mientras que Rusia -aunque en el fondo de la tabla- también adelantó dos puntos y dos puestos (30 y 129º).

 

Debacle americana

Párrafo aparte merece América Latina, donde Transparencia Internacional puso uno de sus focos porque “la pandemia de coronavirus ha socavado los ya complejos esfuerzos para luchar contra la corrupción”, un panorama que la ONG cataloga como “frustrante”.

De acuerdo al informe, sólo 3 de los 19 países latinoamericanos analizados se ubican por encima de los niveles aceptados (Uruguay con 71 puntos sobre 100, Chile con 67 y Costa Rica con 57), y la media de puntuación es de 43 sobre 100.

Argentina no sólo volvió a desaprobar, sino que, con 42 puntos, está incluso por debajo de ese paupérrimo promedio continental.

Honduras (24), Nicaragua (22) y Venezuela (15) son identificados como los más corruptos.

En una entrevista con la agencia EFE, la consejera regional para América Latina de Transparencia Internacional, Luciana Torchiario, advirtió que la región “vuelve a fracasar en la lucha contra la corrupción” y consideró especialmente “frustrante” que “no se haga un buen uso de los recursos” en la pandemia.

 

El dilema de la democracia

A su vez el Índice de Democracia Global considera que menos de la mitad de la población mundial (el 49,4%) vive bajo un régimen más o menos democrático, mientras que sólo existen 23 “democracias plenas” en todo el mundo, entre las cuales no figura Argentina pero sí Uruguay, Chile y Costa Rica.

¿Coincidentemente? los mismos países que “aprueban” en el ranking de transparencia.

Su metodología se basa en examinar cinco categorías: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del Gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles.

En base a esos indicadores, se clasifica a cada país en uno de los cuatro tipos de regímenes: Democracia plena, Democracia imperfecta, Régimen híbrido y Régimen autoritario.

Entre los rasgos más significativos de 2020 se menciona que ese año se registró el nivel más bajo de democracia a nivel global respecto a los 14 informes anteriores, y que además empeoraron todos los puntajes regionales promedio, algo que no sucedía desde 2010.

“La retirada de las libertades civiles, los ataques a la libertad de expresión y los fracasos de la rendición de cuentas a la democracia que se produjo como resultado de la pandemia son asuntos graves. Por eso las puntuaciones en la categoría de libertades civiles y la categoría de funcionamiento de gobierno el Índice de Democracia se degradó en varios países en 2020”, dice el informe.

De acuerdo a los resultados del estudio, las libertades individuales se redujeron por las medidas utilizadas para combatir la pandemia, en especial por las restricciones de circulación y el distanciamiento social, lo que generó que “ningún país registre un aumento en su puntaje general de libertades civiles”.

 

En constante regresión

En cuanto a América Latina, 2020 fue el quinto año consecutivo de regresión de la democracia. Esta vez bajó 4 centésimas, lo mismo que Estados Unidos.

Argentina se mantuvo en el puesto 48, dentro de la categoría de “democracia imperfecta”, con una caída de 7 centésimas: 7,02 en 2019 a 6,95 en 2020. Entre los países latinoamericanos, se posiciona en el octavo puesto.

Encabeza el ranking de países más democráticos Noruega, seguido por Islandia, Suecia, Nueva Zelanda, Canadá, Finlandia, Dinamarca, Irlanda, Australia, Holanda y Taiwán, que hasta 2019 era considerada una “democracia imperfecta” a integrar el “top ten” como “democracia plena”.

Al final de la tabla se ubican los países “autoritarios”, encabezados por Corea del Norte. Irónicamente, le sigue la República “Democrática” del Congo. Siria y Laos son otros de los que integran el “top ten” de menor democracia, mientras que China, pese a avanzar dos puestos, sigue hundida en el puesto 151.

En síntesis, “creo que vimos en todas partes cómo la democracia podía volverse fácilmente prescindible en una emergencia de salud pública mundial. No sólo en los regímenes autoritarios o en las democracias menos desarrolladas, sino que en las democracias desarrolladas de Europa, Norteamérica y América Latina vimos una regresión muy grande en los puntajes regionales”, resumió la principal autora del informe, Joan Hoey.

Una gran pregunta para el futuro es hasta qué punto estas libertades -o el pulso democrático en general- serán restauradas o no a medida que se diluya la pandemia.

 

Fuentes:

Transparencia Internacional, The Economist, France24,

Deutsche Welle, Statista.com, La Nación y BBC Mundo

 

Tags: #CorrupciónEnfoquePandemia
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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