El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim) criticó a la Justicia Federal de Tierra del Fuego a raíz de las dilaciones en la causa donde se investiga a exmilitares por casos de torturas durante la guerra de Malvinas, al cumplirse hoy un año de los únicos cuatro procesamientos registrados en el expediente.
El Cecim recordó que el 18 de febrero de 2020, la jueza federal de la ciudad fueguina de Río Grande, Mariel Borruto, procesó por el delito de “imposición de tormentos” a los exoficiales del Ejército Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi, Gustavo Adolfo Calderini y Eduardo Luis Gassino.
Sin embargo, desde entonces la causa quedó paralizada y nunca se concretaron otras 14 declaraciones indagatorias que están pendientes desde 2018, incluso 6 convocadas el año pasado por la propia jueza Borruto.
“El procesamiento de 2020 fue un avance muy importante, algo esperado por las victimas que reclaman justicia a casi 40 años de los hechos. Pero durante el año transcurrido no hubo ningún avance”, planteó en un comunicado la entidad que preside el veterano de guerra Rodolfo Carrizo.
Según el Cecim, considerando el “ritmo actual” de la causa y la cantidad de involucrados, la jueza fueguina necesitaría “311 años para llegar a un juicio, que con suerte podría llegar a celebrarse en el año 2300″, ironizó y agregó: “Este es el tiempo que nos impone Borruto, el tiempo de la impunidad.
También mencionó que, en materia de derechos humanos, parte del Poder Judicial escucha a “sectores de las fuerzas armadas y negacionistas que presionan acompañados por medios importantes de comunicación”.
La causa número 1777, iniciada en 2007 y caratulada “Pierre Pedro Valentín y otros sobre imposición de torturas”, incluye 95 militares denunciados por 105 casos cometidos contra más de 120 víctimas de distintas unidades militares que participaron en el conflicto bélico de 1982.
De acuerdo al Cecim, constituido como parte querellante en el expediente, los hechos investigados constituyen “crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, período en el que se encontraban suspendidas las garantías constitucionales”, por lo que los soldados víctimas “no pudieron denunciar al Estado criminal que había promovido las torturas, y que luego hizo todo lo posible para que estos hechos queden ocultos e impunes”.
Los procesamientos dictados hasta el momento fueron por torturas como estaqueamientos y enterramientos a soldados cometidas en el ámbito del Regimiento de Infantería 5, “dentro de las posiciones ocupadas en Puerto Yapeyú”.
En tanto, las primeras seis indagatorias pendientes son la del exgeneral de Brigada Omar Edgardo Parada (comandaba la III Brigada de Infantería) el teniente coronel Jorge Raúl Masiriz, los mayores José Guillermo Díaz, Emilio Samyn Ducó y Horacio Francisco Vlcek y el capitán José Aníbal Santiago Cadelago, todos integrantes del mismo regimiento dependiente de la III Brigada de Infantería con asiento en Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes, durante 1982.
Todos ellos están imputados de 22 hechos de torturas supuestamente ocurridos en la Isla Gran Malvina, dentro de la Fuerza de Tareas Yapeyú.
Fuente: Agencia de Noticias Télam
