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Conmoción mundial por golpe de estado en el Sudeste asiático

1 febrero, 2021

El Ejército de Myanmar arrestó al presidente Win Myint y a la líder del Gobierno, Aung San Suu Kyi, junto a otras destacadas figuras del partido gobernante, en una operación temprano en la mañana del domingo.

Los arrestos se producen tras días de tensiones al alza entre el gobierno civil y el poderoso ejército, que provocó temores a un golpe tras una elección que los militares calificaron de fraudulenta.

El portavoz Myo Nyunt dijo a Reuters por teléfono que Suu Kyi, el presidente Win Myint y otros líderes fueron “llevados” en las primeras horas de la mañana.

“Quiero decir a nuestra gente que no responda de forma precipitada y quiero que actúen conforme a la ley“, afirmó, agregando que también esperaba ser detenido.

Según reportó la BBC, las calles de la capital, Naypyitaw, eran ocupadas por soldados. Al mismo tiempo, familiares de los principales ministros del Gobierno denunciaron la captura de dichos funcionarios.

La conexión a internet sufría fuertes perturbaciones desde las 3 de la madrugada, según la ONG especializada Netblocks.

Myanmar salió hace apenas 10 años de un régimen militar que dirigió el país durante casi medio siglo. La constitución, redactada por la junta militar, prevé una distribución del poder entre un gobierno civil y los generales.

El Parlamento resultante de las últimas legislativas debía comenzar su primera sesión dentro de unas horas.

Los militares denuncian desde hace semanas irregularidades en las elecciones legislativas de noviembre, que ganó por abrumadora mayoría la LND, en el poder desde 2015.

Con el pretexto de la pandemia de coronavirus, las elecciones “no fueron libres ni justas”, aseguró la semana pasada el portavoz del ejército, el mayor general Zaw Min Tun, en rueda de prensa.

Los temores aumentaron cuando el jefe del ejército, el general Min Aung Hlaing, sin duda el hombre más poderoso de Birmania, declaró que la constitución podría ser “revocada” bajo ciertas circunstancias.

Los militares afirman haber registrado millones de casos de fraude, incluso miles de supuestos votantes centenarios o menores.

Más de una decena de embajadas, como la de Estados Unidos y la delegación de la Unión Europea, instaron el viernes a Myanmar a “adherirse a las normas democráticas”, por miedo a un posible golpe de Estado.

“Nos oponemos a cualquier intento de modificar el resultado de las elecciones u obstaculizar la transición democrática en Birmania”, escribieron.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también expresó su “gran preocupación”.

 

Quién es Suu Kyi

Suu Kyi, hija del héroe de la independencia de Birmania, el general Aung San, es una activista de los derechos humanos, galardonada con el premio Nobel de la Paz en 1991, que pasó más de 15 años detenida por denunciar las atrocidades realizadas por los generales que gobernaron el país en el siglo pasado.

En 2015 llevó a la Liga Nacional para la Democracia a ganar las primeras elecciones libres en la historia del país. Sin embargo, debido a una disposición de la Constitución que le prohíbe ser presidenta por tener hijos extranjeros, nunca pudo ejercer el cargo de presidenta. Pese a ello, es vista como una líder de facto del Gobierno.

Sin embargo, desde que asumió la Consejería del Estado, Suu Kyi recibió fuertes críticas por parte de organismos internacionales por las violaciones a los derechos humanos a la minoría rohingya, de mayoría musulmana, quienes desde 2017 se vieron obligados a huir del país hacia Bangladesh producto de la represión del ejército.

 

Respuesta internacional

Estados Unidos instó el domingo a los militares birmanos a liberar a los dirigentes detenidos, incluyendo la nobel y antiguo icono de la democracia, Aung San Suu Kyi, jefa de facto del gobierno, y amenazó con una respuesta de Washington.

“Estados Unidos se opone a cualquier intento de alterar el resultado de las recientes elecciones o impedir la transición democrática en Birmania, y tomaremos acciones contra los responsables si esas medidas no se revierten”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki en un comunicado.

En igual sentido se expresó Australia. “Llamamos al ejército a respetar el estado de derecho, a resolver las disputas mediante mecanismos legales y a liberar inmediatamente a todos los dirigentes (políticos) de la sociedad civil y a otras personas detenidas ilegalmente”, declaró Marise Payne, ministra de Relaciones Exteriores.

Argentina también se sumó con un comunicado que circula por las redes sociales:

Argentina expresa su preocupación por la detención del Presidente de Myanmar Win Myint, de la Consejera de Estado Aung San Suu Kyi y de otros políticos, y llama a liberar a los detenidos y a respetar los resultados electorales, el orden constitucional y el Estado de derecho. pic.twitter.com/LERnSetacg

— Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) February 1, 2021

Tags: Golpe de EstadoMyanmarSudeste asiático
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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