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“La Argentina ya es firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear”

19 enero, 2021

La Argentina no adhirió a una nueva normativa internacional en materia de desnuclearización y no proliferación de armas nucleares porque el país ya es firmante del tratado que está vigente a nivel internacional, el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP, también conocido por sus siglas en inglés, NPT) que se acordó en 1968 y entró en vigor para todo el mundo en 1970, informaron a Télam desde la Cancillería.

“Argentina ya es firmante del Tratado internacional que rige en estos temas (el Tratado de No Proliferación). Si bien comparte el objetivo del nuevo tratado de prohibición y mantiene el tema bajo estudio, esta obligación ya surge del TNP y es importante que el nuevo tratado (de prohibición) no sirva de excusa para que las naciones que sí tienen armas nucleares y que no participaron siquiera de la negociación para impulsar el nuevo texto, sostengan que la regulación en materia de desnuclearización sólo se generó con el nuevo tratado y, por ende, puedan argumentar que no tienen obligación alguna en este sentido”, señaló a Télam un vocero del Palacio San Martín.

La explicación oficial es a raíz de las críticas de varias ONGs con presencia alrededor del mundo y la región, entre ellas Amnistía Internacional, que en las últimas horas reprocharon al Estado argentino y a sus autoridades por ser el único país de América Latina que no adhirió a una nueva normativa mundial contra el uso de armas nucleares, el Tratado para la Prohibición de ese tipo de armamento, que fue aprobado en las Naciones Unidas hace cuatro años, en 2017.

La Argentina sí es uno de los países firmantes del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares que rige desde el año 1970 y que a mediados de los años ’90 ratificó con una ley del Congreso a través de la ley 24448/1995.

La sanción de la ley 24448, de hecho, fue una decisión trascendente ya que la Argentina es un país con tradición nuclear de uso pacífico: es uno de los pocos países de la región que desarrolló ese tipo de energía desde mediados del siglo XX.

De este modo, la Argentina consagró y ratificó su adhesión a un acuerdo histórico de No Proliferación, del que forman parte muchos países, entre ellos varias naciones que cuentan con armas nucleares declaradas, como también otros países que no lo informan públicamente pero de los cuales se sospecha que disponen de arsenal nuclear.

Hace cuatro años, en julio de 2017, en las Naciones Unidas se aprobó por mayoría una nueva normativa internacional que pretende endurecer mucho más la reglamentación anti-nuclear: se llama Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares y directamente prohíbe la utilización, desarrollo, producción, pruebas, almacenamiento y amenazas de uso con armas nucleares.

Este nuevo Tratado internacional, de prohibición de armas nucleares, no fue suscripto por buena parte de los países centrales que poseen tal armamento y tecnología, entre ellos Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China y Rusia, entre otros.

Argentina, ante este panorama dual, decidió no suscribir la nueva normativa y ratificar su pertenencia al histórico Tratado de No Proliferación Nuclear del año 1970.

Por esta razón muchas ONGs con presencia en todo el mundo cuestionan al Estado argentino, ya que denuncian que se trata del único país de América Latina que no suscribió el acuerdo de prohibición.

Entre las ONGs que reprochan a la Argentina por esta cuestión se encuentran Amnistía Internacional, que forma parte de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN por sus siglas en inglés) y la Red de Seguridad Humana de Latinoamérica y el Caribe (Sehlac).

Fuente: Agencia de Noticias Télam

Tags: Amnistía InternacionalArmas NuclearesCancillería
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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