A pesar que el silencio se mantiene en torno al caso y no se recuperó billete alguno hasta el momento, de los 77 mil dólares, mil reales y 500 euros (poco más de doce millones de pesos) robados de una caja fuerte del Juzgado Penal Federal de Posadas, fuentes ampliaron en exclusiva a PRIMERA EDICIÓN, que el dinero correspondía a la misma secretaria que, según denunció en carácter víctima, los habría guardado allí a modo de resguardo personal pero se olvidó la llave en el escritorio de su oficina.
Lo que roza el escándalo según las quejas y opiniones tras la trascendencia del hecho publicado ayer por este Diario apunta que como recurso privado una funcionaria judicial no puede ni debe utilizar una caja fuerte propiedad del Estado.
En este caso, la Justicia Federal tampoco estaría habilitada para guardar billetes de secuestros o causas en armarios o cajas de seguridad de juzgados. Para ello corresponde la cuenta especial registrada en el Banco Nación.
Se desprende que menos se habilitaría el recurso de seguridad de la dependencia judicial para cuestiones privadas o personales. Más aún si el dinero no cuenta con declaración jurada, no registra origen y correspondiente tributo.
Mientras la polémica se desató ayer, los investigadores de Gendarmería Nacional hasta el momento sólo cuentan con los tres sospechosos y una hipótesis de cómo concretaron el robo o el “golpe” sin ejercer la menor violencia en el Juzgado Federal de la avenida Mitre casi Jujuy.
Vale recordar que la ausencia de los billetes comenzó a investigarse el martes 29 de diciembre de 2020 en el segundo piso, en la Secretaría 2 del juzgado que encabeza María Verónica Skanata.
La secretaria, de inmediato denunció lo sucedido y la jueza mencionada y la fiscal subrogante, Silvina Gutiérrez, pusieron en manos de Gendarmería la pesquisa.
Apuntaron a tres empleados de una empresa de limpieza, la que fue contratada desde los primeros días de noviembre para sanitizar los seis pisos del edificio judicial.
El edificio cuenta con un sistema de seguridad remarcado como complejo y eficaz, tanto por poseer efectivos de GN destacados para tal función, como cámaras de seguridad en casi todas las oficinas.
Empleados estables y encargados del habitual mantenimiento brindaron datos y se dirigieron las sospechas hacia la empresa tercerizada para la sanitización contra el COVID-19. La punta de ovillo se estiró con firmeza cuando determinaron el período en que pudo haber sido cometido el robo.
Los investigadores comenzaron a revisar registros de videovigilancia a partir del 27 de noviembre hasta el lunes 28 de diciembre.
Se supo que la firma de limpieza asistía todos los viernes fuera de horario de tareas judiciales para rociar con químicos y volver a limpiar todo el edificio.
Se identificaron los tres empleados que realizaban la labor y del análisis de las cámaras se apartaron secuencias del pasillo del segundo piso, donde dos de ellos tenían en los bolsillos de sus mamelucos bultos que coincidirían con fajos de billetes. Esto ocurrió durante la siesta del 23 de diciembre.
Los sospechosos tienen 31, 37 y 23 años y fueron ubicados el miércoles 30 de diciembre y con las órdenes de la fiscal Gutiérrez se realizaron allanamientos y detenciones en viviendas en el barrio A4 Nueva Esperanza, Villa Cabello y Santa Rita de Posadas.
De los tres empleados bajo limpieza, dos serían los más comprometidos, y de sus teléfonos celulares esperan surja alguna prueba o indicio porque, del los miles de preciados billetes, nada se sabe.
Lo que no se debería
Según fuentes consultadas, “una caja fuerte de juzgado es un bien del Estado y nadie puede guardar algo personal allí. Para ello están las cajas de seguridad de bancos. Los billetes secuestrados por la Justicia Federal generalmente se depositan en una cuenta especial del Banco Nación.
