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Familia desalojada violentamente de casa del IPRODHA pasará a ser adjudicataria

29 diciembre, 2020
MAL MOMENTO. Los inquilinos vivieron momentos de terror en el desalojo.

MAL MOMENTO. Los inquilinos vivieron momentos de terror en el desalojo.

MAL MOMENTO. Los inquilinos vivieron momentos de terror en el desalojo.

Final feliz para la familia que el sábado fue desalojada violentamente de una vivienda del IPRODHA, cuyo titular (un sargento de la Policía misionera) les alquilaba ilegalmente.

Si bien, los papeles van a ser el “milagro” de año nuevo, ellos están en la casa porque el juez de la causa otorgó el uso de la vivienda de forma provisoria hasta organizar el papeleo.

“No me muevo más de mi casa”, fueron las primeras palabras de Soledad al enterarse por PRIMERA EDICIÓN que está todo redactado y definido con respecto al fallo del organismo habitacional a favor de su familia.

Desde lo técnico, las resoluciones tienen que ser publicadas y cumplir un plazo legal, es por ello que todo será válido recién en los primeros días de 2021, según confió a este Diario la gerente social del IPRODHA, María Silvia Jouliá.

“Lo que todavía no está es el instrumento de readjudicación, pero sí el de revocación al titular original, lo que pasa es que no se le llegó a notificar (antes de que estallara el conflicto) porque justo llegaron los feriados de Navidad”, aclaró Jouliá.

Lo cierto es que antes de que se notifiquen papeles e instrumentos legales, el sábado de la semana pasada, Soledad quien se encontraba sola en la casa con sus hijos menores debió soportar el ataque violento de quien le alquilaba el inmueble. El hombre había ido hasta el barrio Itaembé Guazú a “recuperar” la casa y desalojar por su cuenta a sus inquilinos, ejerciendo amenazas y violencia, como lo muestra un video que la asustada mujer atinó a grabar.

“Sabemos que esta persona debe afrontar una causa por lo que hizo ya que además tiene otras denuncias en su contra por accionar violento”, contó la mujer.

De acuerdo a su relato, el esposo de la joven realizaba algunos trabajos como changarín para familiares del sargento, sin embargo tras lograr insertarse en el mercado formal y renunciar se le exigió devolver la casa y tras la negativa se desencadenaron los incidentes.

 

En manos de la Justicia

La denuncia por desalojo violento quedó en manos del juez de Instrucción Fernando Verón y lo que empieza el Instituto es el proceso de readjudicación, “donde la familia ya presentó toda la documentación que se le pidió, ya firmó el consentimiento del precio de la vivienda y las cuotas. Ahora hay que esperar los diez días de plazo desde la publicación de la resolución (de revocación) para que quede firme y a partir de ahí ya se puede hacer la readjudicación, así que para los primeros días de enero la vivienda estaría en condiciones de ser readjudicada a esta familia”, detalló la gerente social del IPRODHA.

También aclaró que los futuros nuevos titulares “empiezan a pagar la vivienda desde cero, aunque como es de 2015, no es el mismo valor que una nueva“, ya que se tiene en cuenta la amortización y otros conceptos.

 

De forma inmediata

En 2018, a raíz de varios casos de titulares que alquilan la vivienda, lo cual está prohibido, el organismo habitacional sacó una resolución reglamentaria (205) para que en esos casos especiales se emitan resoluciones express como para que las familias que están alquilando tengan un resguardo más inmediato para pedir que el organismo falle a su favor.

Sobre este caso particular, según explicó a PRIMERA EDICIÓN , Soledad la mujer desalojada (quien alquilaba el inmueble desde el 14 de mayo de 2018) había presentado la denuncia por mesa de entradas el 19 de noviembre de este año, y adjuntó como pruebas capturas de mensajes de celular donde se expone el alquiler ilegal.

Semanas después trabajadores del área social del Instituto procedieron a realizar la visita oficial para confirmar el estado ocupacional de la vivienda y -en virtud de la resolución reglamentaria Nº 205, emitida en 2018 y por la cual estos casos se resuelven de forma inmediata para que la familia que está alquilando no se quede en la calle. Asimismo, el pasado 21 de diciembre el expediente ya tenía dictamen jurídico a favor de la familia.

Tags: AdjudicatariaDesalojo violentoIPRODHAItaembé Guazú
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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