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Misiones: impulsan creación del Colegio de Martilleros Públicos y Corredores

23 diciembre, 2020

Días atrás la Cámara de Representantes de Misiones un proyecto para la creación del Colegio de Martilleros Públicos y Corredores de la provincia.  Funcionará con el carácter, derechos y obligaciones de una persona jurídica de Derecho Público no estatal con independencia funcional respecto de los poderes y organismos públicos y privados, ajustando su accionar a lo que disponga la norma proyectada, sus estatutos y reglamentaciones que se dicten.

“Un Colegio Profesional es una corporación democrática formada por profesionales específicos cuyo fin es tanto defender y apoyar los intereses de los colegiados, como prestar un servicio a la sociedad velando por la calidad del ejercicio de la profesión, siendo alguna de las principales funciones el control y vigilancia de los profesionales, la mejora y desarrollo de éstos y su representación oficial”, explicó la autora de la iniciativa, la diputada Natalia Rodríguez (Frente Renovador).

La autora de la iniciativa en Misiones recordó que “la expresión Martillero viene de quien ‘maneja el martillo’ y se asociaba a las ventas de cosas en público, donde los interesados pujaban, adjudicando el vendedor, mediante un golpe de martillo, la compra al último oferente, como ocurre hasta nuestros días. Quienes ejercían este oficio o profesión se les llamo también subastadores”.

La creación del Colegio Profesional de Martilleros Públicos y Corredores de la provincia de Misiones permitirá aglutinar los esfuerzos y sumar las experiencias de todos los profesionales de la disciplina, fortaleciendo y jerarquizando la profesión y el crecimiento de los especialistas, que sin duda pretenden aportar lo mejor de sí a la sociedad, desarrollándose en pos de su fin más noble: la vigilancia y mejoramiento continuo de las condiciones y ambiente de trabajo de todos los profesionales.

La legisladora Rodríguez apunó que el proyecto “surge por iniciativa y pedido de distintos martilleros públicos y corredores que se acercaron con la inquietud a lo largo de mis tres años de mandato, representando a distintas instituciones, como la Asociación Civil de Martilleros y Corredores Universitarios de Misiones, la Asociación de Rematadores Rurales, y la Asociación de Martilleros Judiciales, teniendo presente siempre la oportunidad de trabajar en la iniciativa y aportar su mirada y realidad, logrando, tras mucho esfuerzo, el consenso tan necesario en el contexto específico de los martilleros, que se nuclean en tan diferentes agrupaciones”.

La iniciativa establece como objetivos, funciones y atribuciones del Colegio, entre otras cosas: “Otorgar la matrícula habilitante para el ejercicio profesional; Reglar el procedimiento de inscripción, en lo referente a solicitud, denegatoria, recursos y resoluciones; Acreditar identidad y registrar firma; Ejercer el gobierno de la matrícula, llevar su registro, el legajo individual de cada colegiado y otorgar la credencial habilitante para el ejercicio de la profesión”.

Además de “Establecer los derechos de matriculación y ejercicio profesional e inscripción y aranceles referenciales a percibir por los matriculados en concepto de honorarios y gastos relativos al desempeño de la profesión; Confeccionar la lista de Martilleros Públicos y sus modificaciones, a los efectos de presentarla ante el Superior Tribunal de Justicia; Velar por el cumplimiento de esta Ley, los estatutos propios, reglamentaciones que se dicten y toda ley o disposición de la autoridad competente, atinente al ejercicio de la profesión de los colegiados”.

Asimismo, se busca “Defender las condiciones socioeconómicas donde se desarrolle la actividad laboral de los colegiados, según legislación vigente, tanto en el ámbito estatal como privado, como así también velar por el respeto de la actividad profesional”.

 

La iniciativa tiene anclaje en distintas normas sancionadas en Misiones 
– La Ley Provincial N° 400/1968 derogada por la 493/74; exigía que la persona que quiera dedicarse al corretaje debía rendir un examen de idoneidad como Martillero Público, registrarse como Corredor por ante el Registro Público de Comercio de la localidad de su domicilio real y solicitar la Matriculación.

– La 493/74, hoy vigente, que exige que la persona que quiera dedicarse al corretaje debe rendir un examen de idoneidad, registrarse como Corredor por ante el Registro Público de Comercio de la localidad de su domicilio real y solicitar la Matriculación.

– La 447/80; hoy vigente exige que la persona que quiere dedicarse al Corretaje debe estar inscripta por ante el Registro Público de Comercio (hoy solo Registro Público), tener matrícula de Corredor y estar inscripta por ante el Registro de Corredores que lleva la Dirección General de Comercio de la Provincia (no existe actualmente).

 

A tener en cuenta

“Hace 20 años que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones declaró vigente la Ley 25028/1999, modificatoria de la Ley Nacional 20266, que establece que la persona que quiere dedicarse al Corretaje o en cualquiera de sus otras incumbencias debe poseer título universitario”, remató la diputada, quien recordó que “en Argentina, el testimonio más antiguo que conocemos sobre los remates se registra en el Acta del Cabildo, Justicia y Regimiento, de fecha 9 de abril de 1589”.

Tags: Corredores de Misionescreación del ColegioImpulsanMartilleros Públicos
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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