La “aduana de multas” instalada en El Arco de la ruta nacional 12, en el límite entre Misiones y Corrientes, ha generado polémica e incertidumbre en la sociedad. “Es lamentable”, manifestó el abogado Rodrigo Bacigalupi porque “están utilizando un retén previsto para el ingreso motivado en la situación de pandemia para otro motivo: obligan a los conductores a registrar la salida de los vehículos para saber si deben multas de tránsito, no tiene otro fin que recaudatorio”.
Para el letrado, lo primero que el ciudadano debe comprender es que “la autoridad puede invocar esta situación excepcional en el cual me pueden detener para el control de ingreso a la provincia por la situación de pandemia pero no por otra cosa”. Es decir, “no puede estar detenida la persona para esperar que la notifiquen de la posible existencia de una infracción. La autoridad no tiene competencia, no tiene poder para detener y es lo primero que debe saber la gente”.
Ante lo ocurrido, precisó que se trata de “una situación de total desigualdad de partes, el mismo poder que controla y hace la infracción es el que fija la multa y realiza el cobro, esta todo concentrado. Nuestra República tiene la división de poderes pero acá el poder está concentrado en un órgano, encima administrativo y contra el cual no tenés prácticamente ninguna defensa. Este poder en vez de tratar al ciudadano como tal lo trata como esclavo: tiene que pagar y someterse, si no no va a tener la licencia, no va a poder vender el auto, no podrá entrar a Misiones, es una locura lo que está pasando”, manifestó el abogado Bacigalupi en diálogo con la FM 89.3 Santa María de las Misiones.
¿Qué hacer?
Según el especialista, en el caso de “la aduana de multas” el ciudadano tiene la siguiente opción, a saber: “Se puede notificar en disconformidad y dejar constancia que ha sido obligado y detenido: ‘me obligaron a detenerme’. Y es esto lo que la autoridad no quiere que haga el ciudadano, porque deja en claro que están abusando de una potestad que no tienen y con fines recaudatorios. En definitiva, no me pueden obligar a detenerme para notificarme una infracción de tránsito. Hay derechos constituciones que están siendo afectados”.
El mismo Bacigalupi fue víctima de este control arbitrario. “Cuando ingresé a la provincia por Centinela, donde hay un puesto sanitario, una mujer policía y me dijo: ‘señor le tengo que notificar’ y yo no sabía de qué hablaba y me terminó notificando de dos infracciones; una de 35 mil pesos pero si la pagaba al día siguiente bajaba a 7 mil”, relató el profesional.
Entre los casos más llamativos, un ciudadano contó a PRIMERA EDICIÓN que durante el control en la “aduana de multas” detuvieron a un hombre para notificarle infracciones del año 2018, pero su coche era modelo 2020. ¿Qué hacemos ante estos incidentes?
De acuerdo a Bacigalupi “se debe contratar a un abogado y hay que plantear la situación ante la autoridad que está administrando. Entonces, primero administrativamente a través de un abogado se debe hacer un planteo y si no tiene respuestas debe acudir a la justicia”. Y añadió “conozco un caso en el que la Justicia de Oberá le dio la razón al ciudadano, no le permitían actualizar la licencia para conducir hasta tanto no pagara las multas por fotomulta. Se planteó un Amparo”.
“Es una oportunidad para los jóvenes abogados, que sin cobrar mucho defiendan al ciudadano, ayudará a que la gente haga valer su derecho y la autoridad ajuste los defectos que tiene”, finalizó.
