Un proyecto de declaración, presentado la semana pasada ante la Cámara de Diputados de la Nación, advierte que las provincias tabacaleras y el Estado nacional dejaron de percibir unos 20 mil millones hasta el año pasado, debido a las medidas cautelares interpuestas por las denominadas PyME tabacaleras.
En consecuencia, se le pide a la Corte un plazo razonable para resolver sobre los recursos legales que benefician a algunas tabacaleras exentas de pagar impuestos internos.
“Hay una afectación seria al financiamiento de políticas públicas, un achique de los fondos que les pertenecen a los productores y una disminución de los recursos que son de las siete provincias tabacaleras”, resumió el diputado nacional Héctor “Cacho” Bárbaro (PAyS FdT), al ingresar la iniciativa que tomó estado parlamentario la semana pasada, y que fue elaborada en conjunto con referentes de la zona productora.
El legislador misionero busca que el Congreso exprese su preocupación por la permanencia en el tiempo de medidas cautelares que benefician a la tabacalera Sarandí SA (entre otras) en un conflicto jurídico que por estos días debería resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Es que esta tabacalera no paga los impuestos internos a los cigarrillos, por lo que puede vender sus marcas a menor precio y aumentar los niveles de consumo de sus productos, en consecuencia ya maneja el 25% del mercado nacional.
El negocio a la vez perjudica a la Nación y a las provincias por el desfinanciamiento que genera el mencionado privilegio. La situación podría ser más grave todavía si las demás empresas tabacaleras que hoy compiten en desventaja, exigieran el mismo trato.
Impacto
En el proyecto legislativo, Bárbaro detalló el impacto de estas medidas judiciales en la recaudación, lo que a su vez tienen un efecto directo sobre las provincias y lo que reciben los productores.
“Conforme surge del Informe del Ministerio de Hacienda, en el período mayo 2018/mayo 2019, el impacto de las medidas cautelares en el sistema de tributación nacional fue de $20.000 millones no ingresados a las arcas oficiales. Al día de la fecha, esta situación se acrecentó notoriamente y continúa incrementándose día a día. La estimación para este año 2020 es de $160.000 millones de impuestos no cobrados, lo que pone de manifiesto la enorme importancia de este tributo”, indica la iniciativa.
Finalmente el diputado apuntó que “si las cautelares continúan in eternum o la Corte falla a favor de las ya beneficiadas: es probable que las grandes cigarreras acudan a la justicia a solicitar el mismo trato impositivo”.
“Si esto sucediera, implosionará todo el sistema de recaudación de los impuestos internos aplicables a los cigarrillos, en especial el FET, FAS y otros, tornando inviable a la actividad tabacalera primaria de la República Argentina que se verá privada de sus legítimos recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET), impactando en la desocupación, marginalidad, desempleo y pobreza en el NOA y NEA del país”, manifestó.
Medidas cautelares: costos y efectos
Actualmente en el país, a la elaboración, producción y venta de cigarrillos le son aplicados diferentes impuestos: IVA, FAS, FET, Ingresos Brutos, como también el impuesto interno, en donde se encuentra la categoría del impuesto interno mínimo.
Este impuesto interno grava a los cigarrillos en una alícuota del 70% de su precio de venta y cuando el impuesto representativo de esta formula es menor a este piso mínimo, el fabricante de cigarrillos debe tributar el mínimo. Hoy el mínimo por paquete esta en $77. Un conjunto de tabacaleras (entre las que se encuentra Tabacalera Sarandí SA), han solicitado la inconstitucionalidad de este impuesto interno mínimo.
Al día de hoy no hay resolución de la cuestión de fondo pero sí se ha decretado y está vigente la medida cautelar que habilita a este contribuyente a no pagar el impuesto interno mínimo. Esto implica una sustancial reducción de la recaudación y reduce la efectividad del impuesto como disuasor del consumo (al facilitar la sustitución por productos de menor precio).
