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Pretenden subir las tarifas prestando servicios deficientes

22 noviembre, 2020

Enero según el nuevo secretario de Energía; o marzo de 2021 según el presidente Alberto Fernández. Aunque el propio Gobierno nacional no tenga en claro la fecha, es evidente la actualización en las tarifas de servicios básicos como agua y energía que impactarán en los “flacos” bolsillos de los argentinos.

Todavía no hay montos de incrementos ni cantidad de meses en los que se aplicará la suba de precios.

De ser como lo aseguró el neuquino Darío Martínez, en Misiones el aumento impactará de mayor manera. Enero y febrero son de mayor consumo debido a las altas temperaturas que se registran en nuestra provincia. El uso más intensivo de equipos de refrigeración se refleja fuerte en las facturas de EMSA y de las cooperativas que prestan servicios de agua y luz en distintos puntos de la tierra colorada.

No es un descubrimiento, pero vale la pena recordar que por la geografía y el clima, la Nación nunca tuvo una contemplación con Misiones como la tiene con el sur del país en la tarifa de gas, debido a los fríos extremos que se viven en esa parte de la Argentina.

Además, sin que haga falta un calor extremo o un temporal, los cortes de energía siguen a la orden del día. Al cortarse la luz, si coincide con la zona de extracción y potabilización del agua, se interrumpe este último líquido vital también.

El presidente de la Federación de Cooperativas Eléctricas de Misiones (FECEM) Ángel Kuzuka admitió en FM 89.3 Santa María de las Misiones (la radio de PRIMERA EDICIÓN) que por falta de presupuesto no se concretaron las obras necesarias para evitar -al menos en parte- problemas de transmisión de energía. Contó que algunas hacen algunos trabajos antes del verano, para evitar que los cortes sean más y en mayor cantidad de tiempo.

Seguramente la excusa que vendrá cuando se anuncien los incrementos tarifarios, sea que hace falta recaudar más para invertir en lo que no invirtieron hasta el momento. Y nuevamente los usuarios deberán hacer el esfuerzo de pagar más pero el mejor servicio no aparece. Por el contrario, empeora verano tras verano.

En ese contexto, ¿se puede anunciar la suba de deficientes prestaciones? El sentido común indica que no. La gestión política debería dar muestra del compromiso por el uso racional de los fondos, para pedir la misma utilización del agua y la energía.

Si llega el “tarifazo” en enero, pero los cables no aguantan la mayor demanda energética, el malhumor y el descontento irán en aumento ¿Quién pagaría mucho más caro por no tener agua y luz en los meses que más los necesita, en la crisis donde el dinero de un salario o plan social pierde poder adquisitivo día a día?

 

La novela de Desarrollo Social

Desde el día que fue elegida para ser Subsecretaria de la Mujer y la Familia, salieron a la luz serias acusaciones en su contra. Sin embargo, el Gobierno provincial no le dio relevancia por considerar que podría tratarse de “movidas políticas” de quienes no consiguieron ese espacio de poder.

Finalmente, por una cuestión no menor, pero sí menos relevante frente a las mencionadas acusaciones, Giselle Dobidenko fue renunciada y denunciada por desobedecer el DNU presidencial de distanciamiento social, al festejar con baile incluido, el día de la militancia en Desarrollo Social. Seguramente fue, por lo viral que se volvió el video del acto militante en las redes sociales y medios nacionales se hicieron eco del escándalo.

Al día siguiente, con Celia Kozachik decretada nueva Subsecretaria, las versiones de una desplazada funcionaria “atrincherada” fueron acompañadas por una fotografía con banderines rojos que decían “no estás sola”, sacadas por trabajadores de Desarrollo Social ya que los medios como este Diario, fueron impedidos de ingresar al edificio del Centro Cívico posadeño. A todo esto, la responsable política de la repartición, la ministra Benilda Dammer guardó silencio y no quiso hablar con la prensa.

En estos tiempos de crisis, donde Desarrollo Social debería estar planificando y ejecutando medidas de asistencia a miles de familias sin oportunidades de tener un presente digno, la sociedad misionera no necesita de novelas que acaparan la atención mediática y política. Sino que esperan lo que tanto pregona el oficialismo provincial: estar al lado de la gente.

La canasta básica alimentaria medida por el INDEC llegó en octubre a los casi $50 mil! ¿Cuántos misioneros perciben esa suma mensualmente para mantener a su familia? Apenas unos pocos privilegiados.

Además, esa medición marca que quienes no llegan a ese ingreso son pobres. Es fácil hacerse una idea de cuántos pueden estar esperando una mano amiga del Estado, del área social de la provincia, antes que estar protagonizando una novela completamente innecesaria.

Finalmente, con acciones como las de desafiar las reglas en pandemia, en nada ayudan a su proyecto político en la mirada social.

 

Convencer a Ferraresi

Esta semana que pasó, el gobernador Oscar Herrera Ahuad fue a sentarse con varios funcionarios nacionales, a fin de destrabar fondos para diferentes acciones de Gobierno.

Cuando escasean los fondos, cualquier resolución que gire recursos a las cuentas provinciales es más que bienvenida. Así se destrabaron 1.350 millones de pesos del Fondo Especial del Tabaco, mil millones en obras de agua potable en cuatro municipios, entre otros programas.

Al momento de sentarse Herrera con el flamante ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi (que reemplazó a la santafecina María Eugenia Bielsa), hubo dos mensajes claros que el mandatario misionero se trajo de regreso a Posadas: hay poco o casi nada de presupuesto para lo que resta del año; y poco conocimiento de lo que ocurre en algunas provincias.

Antes de llegar al Gabinete de Alberto Fernández, el nuevo ministro fue 11 años intendente del partido de Avellaneda en Buenos Aires. Por su cercanía con el kirchnerismo y la confianza de CFK, el bonaerense se hizo cargo esta semana de una de las cajas más importantes que las provincias esperan en obras.

Quedó claro que, a pesar de un informe en el que se mencionó una Misiones necesitada de 130 mil soluciones habitacionales con las características sociales complejas de la zona de frontera, será necesario abundar en la información que convenza a Ferraresi a gestionar casas, lotes con servicios u otros programas para la tierra colorada. O bien invitarlo en varias oportunidades para que pueda entender las desigualdades del Nordeste argentino.

En la carpeta que le dejaron al funcionario nacional, se indicó que la sola reactivación de las obras comprometidas por su antecesora podrían generar 7.500 puestos de trabajo por un año.

Habría que haberle llevado la tapa de este Diario del pasado miércoles, cuando más de 200 personas (en su mayoría jóvenes) hicieron largas horas de cola en el calor para conseguir una de las seis vacantes de maestranza y administración de una veterinaria que tomaba nuevos empleados (que no es poco en estos tiempos tan difíciles).

Así, podría entender que hay miles de misioneros dispuestos a trabajar pero necesitan oportunidades. Y una obra pública puede convertirse en eso.

Tags: AumentosDe Primera ManoDobidenkoEnergíaFerraresi
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Hace siete años entrena musculación, se capacitó como instructor y hoy tiene su propio gimnasio en Posadas, donde busca acompañar a otras personas que atraviesan situaciones similares. “La obesidad es una enfermedad silenciosa, no una cuestión estética”, advirtió. ⚠️🏃‍♂️Tras bajar casi 100 kilos y someterse a una cirugía de manga gástrica, Morel mantiene controlada la hipertensión con alimentación y actividad física. Su mensaje es claro: “Esto no es un deporte, es un estilo de vida”.
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Silvia Zdanovicz fundó junto a su familia, Güira Oga “Mates Artesanales y Casa de Pájaros”, un emprendimiento basado en el reciclaje, lo artesanal y la representación del paisaje misionero con la hoja de la yerba mate como sello distintivo. La idea nació de una búsqueda interior, atravesada por una dolorosa enfermedad y hoy se consolida en los circuitos turísticos y ferias provinciales.
En 2025 aumentaron las atenciones a pacientes con obra social tras perder coberturas, caída de convenios o costos elevados. El nosocomio posadeño concentra casos complejos regionales, sostiene nacimientos y suma presión por cierres de terapias en clínicas.
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FM 89.3

Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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