Una decena de intendentes de las zonas Centro y el Alto Uruguay misionero se reunieron ayer con los ministros Marcelo Pérez (Gobierno) y Víctor Kreimer (Coordinación) en el Salón del Bicentenario de Leandro N. Alem para abordar la problemática de las usurpaciones de tierras en sus comunas.
El anfitrión fue Waldemar Wolenberg acompañado de parte de su Gabinete comunal. Participaron los jefes de la Policía de Misiones como de las Unidades Regionales que involucran la seguridad en los municipios participantes del encuentro.
Varios de los consultados por PRIMERA EDICIÓN, coincidieron en marcar que la ocupación de tierras (tanto destinadas a la actividad agropecuaria como las urbanas) tienen diferencias, según el caso que se trate.
Un primer grupo responde a “una problemática social real y concreta: la falta de un techo propio o de una porción de tierra para sembrar o criar animales o aves”.
El segundo, el que se vincula “a cuestiones políticas, con dirigentes que prefieren instigar las tomas antes que gestionar una solución habitacional”.
Un intendente presente en el encuentro graficó el desencuentro ante la injerencia política partidaria de algunas tomas: “Esos dirigentes que promueven las tomas deberían alojar a las familias aunque sea en el patio de su casa para entender lo que viven los propietarios de las tierras”.
Entre funcionarios provinciales y municipales, coincidieron en el necesario abordaje de la problemática de manera conjunta, incluyendo también al Poder Judicial que es el que emite órdenes de desalojo o intervenciones a la Policía de Misiones, de acuerdo a las directivas que dan los magistrados intervinientes.
Como criterio de abordaje, se convino en la reunión conjunta la “necesidad del Estado de brindar de manera responsable, tras la evaluación de la necesidad y no de una especulación sobre una supuesta necesidad, de las soluciones para cada caso en particular”.
En todo momento, a partir de los hechos que se hicieron públicos en los medios de comunicación (como Itacaruaré, Wanda, Esperanza o Iguazú), se dejó en claro que cualquiera de esas usurpaciones “no se pueden comparar con lo ocurrido en Guernica (Buenos Aires). No tenemos casos con esas dimensiones”.
A su vez, los funcionarios provinciales explicaron que no todas las personas que ocupan terrenos privados o fiscales se encuentran amparados por la ley que impide los desalojos judiciales.
“La legislación establece que las familias deben tener más de 8 años de residencia en el lugar, deben estar inscriptos en el IPRODHA para ser beneficiarios de una vivienda social, entre otras exigencias para no ser desalojados por un juez. Si no se dan esas condiciones, la Justicia puede solicitar la intervención de la Policía de Misiones y el Poder Ejecutivo provincial o municipal no puede interponerse. Sí puede trabajar una solución o una mediación anticipada”, se indicó.
Finalmente, los ministros presenten sostuvieron la posición del Gobierno misionero de respetar el derecho a la propiedad privada.
