El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia ha resuelto extremar las medidas de bioseguridad ante la presencia de casos positivos en tres reparticiones provinciales, respetando las medidas de seguridad establecidas en el contexto de la Emergencia Sanitaria y Epidemiológica priorizando siempre el resguardo del capital humano que integra el Poder Judicial y garantizando la continuidad del servicio de justicia destinado a la ciudadanía.
A partir del lunes 5 hasta el viernes 9 de octubre se establece el funcionamiento en Feria Extraordinaria para los Juzgados: de Primera Instancia en lo Laboral nro. 4 de Posadas; de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 1 y de Instrucción nro. 2, ambos de la ciudad de Oberá, focalizando de esta manera las áreas expuestas. Dando cumpliendo al sistema de subrogación para los tres jueces a cargo.
En ese sentido, entre el 5 y el 9 del corriente mes, por recomendaciones del Ministerio de Salud y Cuerpo Médico Forense, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) ordenó que en las dependencias judiciales donde se registraron los casos positivos de COVID-19 “reduzcan a la cantidad necesaria que estimen pertinente el personal que cumple sus tareas en forma presencial, debiendo realizarse en lo posible las actividades mediante la modalidad de teletrabajo”.
El horario de atención continuará siendo de 7 a 12 hs., con la suspensión de audiencias, retomando el sistema de teletrabajo y recordando la obligatoriedad del uso del Sistema de Gestión de Expedientes Digitales (SIGED) para todo tipo de presentaciones.
En los edificios, que ya han sido desinfectados para el funcionamiento de las demás reparticiones, se deberá privilegiar el uso de las escaleras evitando los ascensores, deberán extremar los cuidados y continuar con las medidas sugeridas oportunamente (distanciamiento social – uso de alcohol – lavado de manos – uso obligatorio de barbijos – no compartir mate ni elementos personales).
El Superior Tribunal de Justicia busca, de esta manera, proteger al personal del Poder Judicial dando las garantías que la comunidad requiere ante el adecuado y continuo servicio de justicia.
