El economista José Piñeiro Iñiguez desmintió al diputado Roque Gervasoni quien rechazó el pedido de informes sobre el manejo de los subsidios a través de un fideicomiso solicitado por Isaac Lenguaza. “¿Es tan difícil clarificar y ser transparente?”, se preguntó.
Siguen las repercusiones tras el “cajoneo” al pedido de informes sobre el manejo de los subsidios, que se dio en la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Legislatura misionera, que preside el diputado renovador Roque Gervasoni. Este último había asegurado que no se meterían en “una disputa de dos empresas (por los Z y Bencivenga), que “los subsidios hoy van a los usuarios y no a las empresas”; y que “cualquier persona puede presentar un pedido de acceso a la información y obtener datos”, para desestimar el intento de contralor de su par Isaac Lenguaza (PAyS) e integrantes de ese bloque opositor.
El economista José Piñeiro Iñiguez, quien viene investigando la cuestión, aseguró en FM 89.3 Santa María de las Misiones que “un diputado es alguien elegido por la gente y es la representación del pueblo en un parlamento. Entonces hace un pedido de informes para clarificar y profundizar o no sobre determinada situación. Ese pedido en el caso de los subsidios al Grupo Z fue cajoneado con argumento que no son reales”.
“Gervasoni dice que es una disputa entre dos empresas, y esto no es una disputa entre empresarios sino una demanda de la sociedad, en función a un pedido de transparencia, esto es ni más ni menos el pedido de informes de Lenguaza”, dijo para preguntarse si “el diputado renovador que es votado por la gente ¿defiende los intereses de la gente, de sus votantes y de no votantes; o defiende los intereses de las empresas sospechadas en el pedido de informes y cuestionada por la gente en general por prestar malos servicios, de cobrar subsidios millonarios y tener controles escasos por no decir nulos?”.
“Está más cerca de ser el CEO de las empresas que un representante del pueblo”, afirmó.
El economista aseguró que “cuando definimos un servicio público, deberíamos tener la ecuación de ser bueno, bonito y barato y nosotros estamos definiendo este servicio como caro, escaso y malo. Entonces, que diga la gente si el pedido de informes es correcto o no es correcto y si la respuesta no debería ser clara, exacta y transparente”.
Mal informado
Respecto a dónde van los subsidios, Piñeiro Iñiguez aseguró que Gervasoni está mal informado. “El diputado dice que los subsidios van a la gente y no a las empresas. Este es precisamente el error conceptual importante: los subsidios van a las empresas y las empresas ven de qué forma lo vuelcan hacia los usuarios”, afirmó.
“El subsidio debería ir a cada uno de los individuos y, para eso, haría falta la tarjeta SUBE Nacional que Misiones no quiere. El diputado dijo que no se aplica ese sistema porque la Nación no entrega las máquinas. Nuevo error. El Estado nacional no tiene nada que ver. De eso se encarga Nación Servicios, una empresa dependiente del Banco Nación, que le entrega todas estas maquinarias y percibe un cobro de las empresas que usan este sistema y a la cual, indefectiblemente, Posadas y el servicio que tiene el Grupo Z no quieren tener”, explicó.
Lamentó que “esta negativa que tiene el Grupo Z de integrarse al sistema SUBE Nacional lo ampliaron a las empresas que tiene en Buenos Aires, donde también tienen líneas de colectivos -la línea 145-, que está judicializada y empezó a operar sin SUBE y sin el protocolo por el COVID-19. ¿Sabés lo que pasó en esa jurisdicción? Intervino la Justicia, incautó los colectivos hasta que estuvieran bajo reglamento, es decir, con SUBE Nacional y medidas sanitarias que en Misiones también se demandaron y no tenían”.
“Cuando el diputado también habló que los escolares con la SUBE nacional tendrían que pagar boleto y demás, tampoco es así porque si tuvieran la tarjeta nacional, se podría definir qué personas son estudiantes o jubilados o quien fuera subvencionado su boleto como se hace con los beneficiarios de la AUH. Entonces el subsidio no necesitaría ir por anticipado como hoy va sobre un número teórico de gente que viaja y no por el viaje que efectivamente se hace. El estudiante o el jubilado puede ser que tomen el colectivo o no. Hoy, en Misiones, se lo está subvencionando al 100% por las dudas a todos”, advirtió.
En base a esos datos que benefician a las empresas concesionarias, se preguntó: “¿a quién estoy protegiendo: al débil o a la empresa? A la empresa. ¿A quién le estoy dando más fondos, a la empresa o a la persona? A la empresa. Entonces, el diputado que es elegido por la gente ¿defiende los intereses de la gente o de la empresa? Obviamente de la empresa”.
Finalmente indagó: “¿Es tan difícil clarificar todo esto, poner las planillas a disposición de toda la gente y que haya una comisión que evalúe si es correcto o incorrecto? Toda esta negativa nos transita a la más oscura noche que al más diáfano día. Esta relación que hacemos entre día y noche es un poco lo que ocurre cuando un diputado antepone una posición que oscurece más de lo que clarifica”.
Pidieron dos renuncias en Transportes de Nación
El massista ministro de Transportes de la Nación, Mario Meoni, tuvo bajas políticas durante los últimos días entre sus colaboradores. Primero fue el subsecretario de Transporte de la Nación, Gabriel Bermúdez quien debió renunciar, cuestionado por la conducción del Frente de Todos y sus aliados cordobeses.
Según el diario porteño La Nación, el renunciante se enteró de la novedad en la internación que realiza por haberse contagiado de COVID-19. Desde su círculo más cercano indicaron a ese diario que “cuando se recupere, se definirá todo”, respecto a su futuro político.
Además, aunque todavía no se formalizó en los papeles, se sumaría la del superior de Bermúdez, el también oriundo de Córdoba Walter Saieg, secretario de Transportes de la Nación. Este último podría “zafar” para evitar un impacto político duro que acentúe la polémica con el Ministro.
Amigo del oficialismo misionero y del Grupo Z, Meoni llegaría esta semana a Misiones para reflotar el servicio de tren entre Apóstoles y Garupá que -casualmente- está en manos sin licitación de Ferrocarriles Casimiro. Servicio que, en la prueba piloto de días pasados, habría hecho esos 70 kilómetros en dos horas y que pretendería que el Estado renueve las vías para favorecerlo en la competencia con los servicios de media distancia de transporte de colectivos que no tiene concesionado el Grupo Z.
Aunque en los despachos oficiales no se admite, Bermúdez y Saieg fueron los que propusieron al Grupo Z como el titular de la Línea 145 que terminó judicializada tras la reciente resolución de Meoni.
Y se les asigna no haber podido controlar a la empresa misionera a fin de evitar el escándalo nacional que protagonizaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al salir en el debut de la concesión sin el sistema SUBE Nacional ni las medidas sanitarias exigidas por la autoridad porteña. Situación que le valió la incautación de las unidades, multas y el bochorno político para los “padrinos”, de los cuales uno ya quedó afuera de la gestión, el otro tambalea (Saieg) y el mayor de todos sigue siendo el blanco de gremialistas como Hugo Moyano.
