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Tras la suspensión del juicio a Ovando los dos detenidos pidieron ser excarcelados

24 septiembre, 2020
CUATRO AÑOS ATRÁS. Laurindo y Ferreira en el debate  en el Tribunal Penal de Eldorado en septiembre de 2020.

CUATRO AÑOS ATRÁS. Laurindo y Ferreira en el debate en el Tribunal Penal de Eldorado en septiembre de 2020.

DEFENSOR OFICIAL. Torres Muruat y los dos jóvenes acusados, Laurindo y Ferreira en el debate suspendido el martes.

Tras la suspensión y polémica en el juicio oral a María Ovando (46) y a dos jóvenes acusados del abuso sexual de dos niñas en Eldorado, la defensa de Marcos Iván Laurindo y Lucas Ferreira de Lima –ambos de 23 años– solicitó ayer al Tribunal Penal 1 la excarcelación inmediata, básicamente por considerarse ampliamente vencido el plazo de prisión preventiva y porque su libertad no entorpecería el proceso de la causa.

El defensor oficial, Rodrigo Torres Muruat, tal como lo adelantó en su edición de ayer PRIMERA EDICIÓN, concretó el recurso fundamentado en que no existe riesgo procesal y que en 2017 estos dos jóvenes fueron beneficiados por la excarcelación bajo una lista de restricciones y las cumplieron, hasta que el requerimiento fiscal ante la Cámara de Apelaciones revocó la medida y volvieron a prisión.

Laurindo y Ferreira de Lima son los únicos detenidos por el caso. María Ovando llegó en libertad al debate oral comprendida por las circunstancias legales pero bajo la misma expectativa de pena que los dos encartados mencionados.

En cuanto a la presentación de Muruat ayer, se aguarda que el Tribunal responda de inmediato, ya que este tipo de recursos así lo exige.

Vale aclarar que una de las patas del pedido de excarcelación corresponde a que el plazo de prisión preventiva máximo es de dos años, con una prórroga extraordinaria de un año.

El período razonable estaría más que vencido ya que ambos cumplieron cinco años y seis meses ya privados de su libertad y acusados de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado y abuso sexual gravemente ultrajante para la víctima doblemente calificado”.

El lunes, durante la primera jornada de juicio oral, Muruat planteó la nulidad de la acusación porque entendía que en el requerimiento fiscal de elevación a juicio del expediente, la instrucción no dejaba en claro qué o cuáles hechos se iban a debatir contra sus defendidos.

Al iniciarse el martes la segunda audiencia ante el Tribunal Penal 1 de Eldorado, el presidente del cuerpo, Atilio León, presentó su inhibición por considerar que el planteo era válido y debía resolverse el incidente.

Las vocales Lyda Inés Gallardo y María Teresa Ramos se opusieron, por lo que al no quedar conformado el tridente juzgador, el debate volvió a cero hasta tanto se designe el subrogante que suplantará a León en este caso.

La excarcelación solicitada hoy por Muruat apunta a que se estaría violando el principio de inocencia si continúan detenidos Laurindo y Ferreira de Lima, ya que entorpecimiento del proceso no hay, porque las pruebas a contrastar obran en el expediente y corresponde a siete testimoniales y los relatos de las menores en Cámara Gesell, por lo que no habría más prueba por producirse y la instrucción está cerrada con el expediente en debate.

El principio de inocencia se vería dañado además porque la acusación y expectativa de pena es idéntica para Ovando, pero de tres personas, sólo una llega caminando en libertad a la sala de audiencias del TP-1 de calle San Juan, en el centro eldoradense.

Vale recordar que el fiscal del TP de Eldorado, Federico Rodríguez, amplió el lunes en el juicio la acusación contra los tres imputados a “abusos múltiples y corrupción de menores en concurso ideal”. Además, Rodríguez afirmó que fueron “dos hijas de Ovando las víctimas de abuso y no una”.

Esta situación iba a ser recurrida el martes en el reinicio del debate por parte de los defensores de la acusada, Roxana Rivas, Eduardo Paredes y José Luis Fuentes, pero no ocurrió porque se suspendió el debate poco minutos después de las 9 y anunciada la inhibición del camarista Atilio León.

De acuerdo a lo que obra en el expediente las vejaciones habrían comenzado después que María fuera absuelta (en 2012) del delito de “abandono de persona”, tras la muerte de otra de sus hijas cuando sólo tenía tres años.

Según se conoció de la investigación, las víctimas tenían entre 5 y 9 años al momento de los hechos y ambas acusaron a los dos jóvenes como los responsables de haberlas abusado. Particularmente la hija de María Ovando habría sido abusada de forma reiterada mientras que se sospecha que la nieta sufrió manoseos de parte de los acusados.

Las víctimas se lo contaron a su abuela y bisabuela paterna, respectivamente. Así se originó la denuncia.

 

Rechazo de todo lo actuado

Rodrigo Torres Muruat presentará hoy, mientras aguarda que el Tribunal Penal 1 de la Tercera Circunscripción Judicial resuelva su solicitud de excarcelación a Laurindo y Ferreira de Lima, un planteo de nulidad absoluta de todo lo actuado en esta causa y expediente y la absolución inmediata de sus defendidos.

Su recurso ante el mismo Tribunal apuntaría a las actuaciones que, según sostiene, violan el derecho de defensa y el principio de inocencia de los encartados. Para el defensor oficial el requerimiento fiscal de elevación a juicio no es claro y conciso en cuanto a tiempo, modo y lugar de los delitos contra la integridad sexual denunciados, lo que entre otros puntos pone en cuestionamiento si los dos jóvenes eran menores de edad al momento de los delitos que se les imputaron.

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Tags: #JudicialesEldoradoMaría Ovando
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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