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Estatales: sueldo promedio no cubre ni la mitad de la canasta básica

31 agosto, 2020
ALIMENTOS. Es el rubro que más se incrementó y golpea directamente a las familias de menores recursos.

ALIMENTOS. Es el rubro que más se incrementó y golpea directamente a las familias de menores recursos.

CANASTA BÁSICA DE CONSUMO. Se compone de $20.680,5 para alimentos y de $42.162 para bienes y servicios.

Según el último cálculo realizado por la Junta Interna de ATE INDEC en el NEA una pareja con dos hijos menores necesitó, en julio de 2020, de $62.842,7 para satisfacer sus necesidades en el hogar. Sin embargo, advierten que los salarios de estatales de Misiones están muy alejados de estos valores. Es que esta cifra no llega a cubrir ni siquiera la mitad de esta canasta de consumos básicos mínimos.

De acuerdo al secretario general de ATE Misiones, Jorge “Koki” Duarte, “el promedio de ingreso de los trabajadores en la administración pública ronda entre los $25.000 y $30.000 dependiendo la repartición o ministerio al cual dependen”.

“Nosotros venimos denunciando que el sector de salud son ahora los peores pagos dentro de la Administración Pública con un salario promedio de $25.000”, contó a PRIMERA EDICIÓN.

Debido a esto, ATE entregó una nota dirigida al gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, solicitando “una audiencia de carácter urgente a fin de tratar temas vinculados a la situación laboral y salarial de los trabajadores”.

“Cuando a principio de año el Gobierno provincial otorgó una recomposición salarial del 20%, que se pagó en dos cuotas de 13% en febrero y 7% en marzo, nosotros decíamos que este monto era insuficiente porque no recuperamos la pérdida de la inflación que teníamos del año 2019, que fue del 40%. Hoy al primer semestre ya la inflación ha superado el 19% así que esa pauta salarial otorgada ya fue carcomida por la inflación”, explicó.

Por todo esto consideró que es necesaria “una mejor redistribución de los ingresos públicos”. “En estos momentos se está tratando el Presupuesto para el año que viene y son recursos que permitirán solventar el funcionamiento del Estado, pero también la demanda que tenemos los trabajadores desde hace mucho tiempo en materia salarial”.

“Muchos trabajadores estamos por debajo de la línea de pobreza y muchos trabajadores públicos están por debajo de la línea de indigencia. Hay trabajadores con contratos muy precarios de programas nacionales que implementa el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo el SUMAR que tiene como retribución mensual $5.625 para una enfermera con título universitario, esa es la situación de muchos trabajadores que están en esas condiciones y eso se debe erradicar desde el Estado que debe reflejar las condiciones laborales y salariales que exige al sector público”, acotó.

Recomposición salarial

El secretario general de ATE Misiones manifestó que “esta pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores se puede revertir a través de la conversación y la concertación de un acuerdo entre las entidades sindicales y las autoridades estatales a fin de superar estos índices”.

“Creemos que es factible una recomposición salarial. En la administración pública hay trabajadores que tienen ingresos que superan los 70 mil y llegan a los 100 mil pesos. Creo que se requiere profundizar la discusión en materia salarial en la provincia y democratizar las relaciones laborales”, adujo.

Ante este panorama consideró que una opción sería “la implementación de paritarias así como en otras provincias” ya que son “una institución de la democracia”.

“Las paritarias son el ámbito democrático para discutir justamente condiciones y salarios de los trabajadores. En Misiones no existen paritarias y creo que ese el ámbito que va a permitir reasignar y redistribuir los recursos para que cada trabajador tenga un ingreso que le permita tener dignidad”, observó.

Y reiteró que “no es que hacen falta recursos, si bien la situación económica es preocupante debido al impacto de esta pandemia, el Estado cuenta con la capacidad para hacerle frente a esta situación pero depende de una decisión política reorientar los recursos económicos que los generamos entre todos”.

 

Los peores pagos

“Koki” Duarte comentó que el gremio agrupa a trabajadores estatales municipales, provinciales y nacionales.

De estos reveló que “comúnmente los salarios de los trabajadores que dependen el Estado provincial distan mucho de los empleados nacionales; mientras que los sueldos más bajos son los de los municipales donde el grueso de los afiliados está por debajo de la línea de pobreza por ingresos que no superan el costo de la canasta básica total”.

“Esto es lo que motoriza el reclamo que nosotros siempre llevamos a las autoridades. Y no solamente nuestro afiliado está atravesando esta situación sino que el grueso de los trabajadores de la administración pública y de varios Ministerios. Todo queremos tener todos ese piso de derecho que nos garantice vivir dignamente”, apreció.

Y destacó que todo esto también “tiene un impacto en la propia recaudación de la provincia”.  “Nosotros los trabajadores no tenemos capacidad de trasladar nuestros ingresos al exterior o al extranjeros, nuestros ingresos los gastamos, los distribuimos y trasladamos hacia los negocios del medio y eso reactiva el mercado interno, es decir mediante la circulación de recursos en la propia comunidad y la provincia”, cerró.

 

¿Cuánto debería ser el salario?

El último informe elaborado por los trabajadores de la Junta Interna de ATE INDEC estimó que un hogar en el NEA constituido por una pareja de 35 años con dos hijos (de 6 y 9 años) necesitó, en julio de 2020, de $62.842,7 para satisfacer sus necesidades. Este valor se compone de $20.680,5 necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria Mínima y de $42.162,1 para acceder a otros bienes y servicios básicos.

“Los estatales desde hace años venimos sufriendo un deterioro sostenido en nuestros salarios frente al crecimiento diario de los precios, sumado a las últimas autorizaciones de aumento de servicios que van a derrumbar aún más el poder adquisitivo de nuestros magros ingresos. La situación se agudiza en los miles y miles de trabajadores que el Estado (los Estados) empleador someten al fraude contractual a través del monotributo”, indicaron en un comunicado.

A todo esto, el secretario general de ATE Misiones, Jorge “Koki” Duarte manifestó que “en el último informe del INDEC estableció un valor de la canasta básica alimentaria de $18.321, para que las denominadas familias tipo no caigan en la indigencia y la canasta básica total que incluye a otros bienes y servicios la cual el INDEC ubica en 44.521 pesos”.

Sin embargo, desde ATE los trabajadores que realizan estos cálculos proponen modificar la fórmula que arrojan estos indicadores al agregar otras necesidades que tienen las familias que no están en esas estimaciones, las cuales nos arrojan una canasta básica que ronda los 70 mil pesos, de acuerdo a la región en la que se encuentren.

“Venimos planteando las necesidades que tiene una familia para cubrir sus necesidades básicas del hogar”, deslizó.

En consecuencia, Duarte resaltó que desde el gremio en Misiones exigen “un aumento salarial”acorde a la inflación estimada para este año (de alrededor 40%) y salarios con un piso de $62.842.

Tags: Canasta BásicaEstatalesMisionesreclamo
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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