La Policía investiga la muerte de Cristina Liliana Vázquez, de 38 años, quien estuvo detenida 11 años por un crimen que no cometió.
La mujer fue hallada sin vida ayer a las 14.45, en el interior de su domicilio, un inquilinato de la calle Félix Aguirre 1.965, en el barrio Palomar de la capital provincial, donde residía desde hace ocho meses, cuando recuperó su libertad tras ser absuelta por la Corte Suprema de Justicia.
Los investigadores fueron requeridos por una hermana de Vázquez, quien fue a visitarla debido a que no le contestaba el teléfono ni respondía a la puerta. Una vez en la escena un efectivo ingresó a la vivienda y halló el cadáver. En base a las primeras pericias personal de Policía Científica determinó que la muerte guardaría todas las características de un suicidio, sin embargo el juez de Instrucción 6 de Posadas (de turno), Ricardo Walter Balor, quien sigue la investigación del caso, solicitó una autopsia para determinar fehacientemente la causa del deceso.
Preventivamente un médico policial dejó constancia que la muerte sería por “asfixia por constricción del cuello”, al parecer tras ahorcarse con una sábana.
En el lugar también se hizo presente el sacerdote Alberto Barros, vicepresidente actual de Cáritas de la Diócesis de Posadas, quien manifestó que Vázquez actualmente prestaba servicios en la entidad, en el sector administrativo.
Además de las autoridades judiciales, estuvieron presentes el jefe de la comisaría jurisdiccional (Tercera), el médico y la psicóloga de turno, quien realizó la contención de los familiares que se encontraban en el lugar.
El crimen por el cual fue acusada Cristina Vázquez fue perpetrado el 27 de julio de 2001, cuando Ersélide Dávalos de Insaurralde (79), jubilada del Poder Judicial de Misiones, fue asesinada a golpes en la cabeza, se presume con un martillo, en su vivienda del barrio Palomar de esta capital. Una empleada la encontró muerta al día siguiente en el lavadero y se determinó que de la vivienda robaron dinero y joyas.
En 2002 fueron detenidos por primera vez Vázquez (entonces de 19 años), que vivía en la misma cuadra que la víctima, y otros vecinos, Omar Jara (entonces de 20 años) y su pareja, Cecilia Rojas, de la misma edad. Sólo se tomó en cuenta que la tarde anterior al hecho Cristina pasó por la puerta de la casa de la víctima con una amiga y testimonios contradictorios. Pese a que les dictaron una falta de mérito y los liberaron, fueron detenidos nuevamente y condenados en 2010 a prisión perpetua por “homicidio calificado criminis causa”.
El fallo fue confirmado por el Superior Tribunal de Justicia de Misiones, pero fue apelado a la Corte Suprema, que en 2016 ordenó revisarlo integralmente, lo cual no se hizo y por eso volvió al máximo tribunal.
No obstante, recién el jueves 26 de diciembre del año pasado la Corte la absolvió, no sin antes lanzar una advertencia al fuero local acerca de la forma irregular en la que procedieron para condenarla y también a Cecilia Rojas.
La Corte consideró “que la causa resultó un ejemplo de un proceso indebido en el que se negó la vigencia del principio de inocencia y la aplicabilidad al caso del in dubio pro reo (en caso de duda, se debe resolver a favor del acusado) y que ello se debía a la revisión parcial y sesgada del fallo”.
Ayer se cumplieron ocho meses del día en que la notificaron por teléfono de su libertad en su lugar de detención, la UP-5 de Villa Lanús.
La defensa siempre planteó serias irregularidades: al momento del crimen, Vázquez estaba a ocho kilómetros de donde mataron a Dávalos de Insaurralde y ninguna prueba científica ni testimonial directa pudo comprobar su participación en el delito. Según la Asociación Pensamiento Penal (APP), que agrupa a funcionarios judiciales, abogados y docentes de todo el país, este fallo se dictó pese a que no habría rastros ni huellas de Vázquez y una decena de pruebas que sostienen que no tuvo relación con el hecho. Incluso Vázquez aseguró que el día anterior al crimen, por la tarde, se había ido con una amiga a Garupá, que pasaron por la puerta de la casa de la anciana, y regresó recién el 29.
Para la Corte no se reunió elementos suficientes de prueba y tampoco se ponderaron otras evidencias. Sin embargo, la Justicia misionera resolvió en tres instancias que ella era culpable.
En la escena donde hallaron a Vázquez los efectivos incautaron tres cartas y un teléfono celular que serán sometidos a pericias.
Se evalúa realizar una autopsia psicológica, con relatos de allegados y de la información que surja de las misivas que dejó en un cuaderno y los mensajes y registros en el celular de Vázquez.
Repercusiones
En diálogo con el programa Primera Plana, que se emite por FM 89.3 Santa María de las Misiones, el abogado Eduardo Paredes, quien en su momento y como integrante del Equipo Misionero de Derechos Humanos y Género presentó ante el Superior Tribunal de Justicia un pedido de informe, la aplicación de medidas preventivas y sanciones por el caso Cristina Vázquez, afirmó que “el STJ nunca dio respuesta, es un caso más de la tragedia que es el Poder Judicial en Misiones. Hace un tiempo firmé un convenio para instruir estudiantes para detectar condenas erradas, acá en Misiones hay casos, hasta donde conozco todos, como ser perpetuas, todas equivocadas. No hay revisión real, en el STJ ni revisaron el error que cometieron con Vázquez. No se toma conciencia de los errores, no hay pedidos de informes y no hay interés, por lo tanto los miembros del STJ y jueces no se hacen cargo de los daños que provocan. El Poder Judicial local no va a cambiar, tiene que haber una toma de conciencia y el juicio por jurados es una de las opciones, y nombrar jueces con estándar más alto. La decisión, cualquiera sea es política, porque nuestro Poder Judicial es dependiente del poder político y hasta que no haya una discusión seria o abierta sobre el modelo judicial estos errores van a seguir sucediendo”, afirmó el letrado.
Por su parte, el abogado Martín Ayala, quien representó a Vázquez al momento de su absolución, expresó que “fue importante que recibió mucho apoyo de organizaciones de Derechos Humanos, entre otras Abuelas de Plaza de Mayo. El hecho de que la Justicia no pudo encontrar pruebas de quién fue el autor del homicidio por el cual la condenaron injustamente debiera hacernos pensar en cómo funciona nuestra Justicia penal”.
Finalmente el padre Alberto Barros, quien era muy cercano a Cristina Vázquez, indicó en una carta dirigida a ella y entre otras cosas “que sólo Dios en su misterio sabrá lo que pasó en tu corazón”.
