El exsecretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de esta ciudad, Armín Arnulfo Alderete (53), acordó a través de su defensa y en un juicio abreviado la pena de dos años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos tras admitir su culpabilidad por el delito de “peculado por sustracción de caudales y peculado de trabajo”, indicaron fuentes del caso.
El acuerdo de monto de pena fue entre la defensa del exfuncionario y el fiscal del Tribunal Penal de Eldorado, Federico Rodríguez.
El debate oral y público por esa causa estaba previsto iniciarse hoy, sin embargo el pasado viernes el imputado y a través de su abogado decidió acortar los tiempos procesales mediante el sistema abreviado. De esta manera admitió su responsablidad penal en el hecho por el cual estaba acusado, es decir ordenar llevar tierra a una obra en un terreno privado en camiones de la Comuna y mientras ocupaba el citado cargo durante el 2014.
Los hechos y de acuerdo al expediente ocurrieron el 24 y 28 de octubre de ese año, cuando vecinos del kilómetro 9 observaron que camiones del Municipio llegaron a una obra particular que se erigía en esa zona.
Lo que llamó la atención no fue la descarga de tierra sino que los camiones tenían el logo de la Municipalidad. En su momento, testigos tomaron fotografías de ese movimiento en el barrio.
Fueron 20 las cargas las depositadas en el terreno que estaba a nombre de una empresa SRL. El encargado de la obra era un arquitecto que además era concejal, pero al parecer este nunca había autorizado tales maniobras en ese lugar.
Cuando trascendió públicamente el caso, autoridades municipales tuvieron que explicar que la comuna no hacía obras en sitios privados y de hacerlo primero debía contar el aval del Concejo Deliberante.
Con la denuncia ante la Justicia comenzaron las pericias del caso y además de las fotografías, los registros de las cámaras de vigilancia dieron cuenta de camiones con el logo municipal movilizándose por la zona en los horarios que señalaron los testigos.
En la continuidad de la pesquisa los choferes de los camiones declararon ante el juez de instrucción. Reconocieron que llevaron las cargas de tierra, pero sostuvieron que lo habían hecho por orden de su superior, el secretario de Obras y Servicios Públicos, quien terminó imputado.
En la causa además sumaron los testimonios de dos empleados del corralón, quienes afirmaron haber presenciado y escuchado cuando el jefe (es decir Alderete) impartía órdenes a los choferes para que realizaran ese trabajo. Asimismo, personal que hacía tareas de vigilancia mencionó que el funcionario habitualmente llegaba al lugar e impartía directivas a los empleados. Esto fue negado por el acusado cuando lo citaron a indagatoria.
Había señalado que él no tenía contacto con el personal y que quien hacía esa tarea era otro funcionario de rango. Para la Justicia, el acusado dispuso indebidamente de recursos a su cargo como ser vehículos y empleados municipales afectados a la secretaría que dirigía para fines particulares, hecho penado en el artículo 261 del Código Penal Argentino.
La imputación por la cual llegó a esta instancia de juicio el exfuncionario fue por el delito de “peculado por sustracción de caudales y peculado de trabajo”, tipificado en el artículo 261 del Código Penal, el cual prevé penas de entre dos y seis años de prisión, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos. En este caso se acordó un monto de pena de dos años en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, indicaron las fuentes.
