Luego de la protesta en la ruta 2, que se realizó a la altura del acceso al pueblo, en rechazo de los operativos que llevó adelante Prefectura Nacional Argentina (PNA) por supuestos hechos de contrabando de soja hacia Brasil y de maquinaria agrícola proveniente del vecino país; el Juzgado Federal de Oberá continúa con las investigaciones y analiza cuáles serán las figuras penales que se aplicarán en cada caso.
Por el momento, no se descarta la figura del contrabando y -a la vez- se analiza una infracción aduanera, como así también un posible delito de resistencia o desobediencia a un funcionario público a quien o quienes retiraron el tractor de la escena en la que se llevaba adelante el secuestro de la maquinaria.
En diálogo con Radio República, el juez federal Alejandro Gallandat se refirió a lo sucedido el pasado viernes en Colonia Aurora y cómo es la actuación del juzgado ante estos hechos. “Estamos al aguardo de la elevación de las actas del procedimiento para ver el temperamento a adoptar por parte del Juzgado y la Fiscalía de Oberá”, enfatizó.
En lo que respecta a los posibles delitos o infracciones que podrían recaer sobre los vecinos de Colonia Aurora, expresó que “presuntamente lo que tiene que ver con el contrabando. Es decir sería un contrabando de exportación o tentativa de contrabando de exportación porque el delito no se concluyó sino que se estaba previendo la posibilidad. Pero, el aforo que nos dieron (de la soja) es de $200 mil y sería una infracción aduanera y equivaldría a una multa que dependerá de la autoridad aduanera en determinar el monto”.
Desobediencia o resistencia
En el caso del tractor que se llevaron cuando había un secuestro ordenado por un Juzgado, adicionó que “estaríamos -por lo menos- en un delito vinculado desobediencia o resistencia a un funcionario público como un posible delito, con participantes a determinar y que todavía están como NN”.
Gallandat indicó que “por lo que se informó, el tractor era parte de la operatoria de contrabando”. Detalló que “se sacaba (la soja) del depósito a través del tractor y éste llevaba hasta una canoa que transportaba -a través del río Uruguay- hacia la margen de Brasil”.
En consecuencia, subrayó que “ahora hay que investigar un posible delito de resistencia o desobediencia a un funcionario público y -eventualmente- alguna otra figura vinculada con esa actuación”.
Pero, explicó que “hay que individualizar a quienes participaron de esto para ver las responsabilidades penales que pueden llegar a tener. Esto es una falta de cumplimiento de una orden de la Fuerza de Seguridad que no puede ser tolerada; con lo cual puede haber consecuencias legales -si se logra determinar el o los responsables- y les pueden recaer una sanción penal”.
Sobre la consulta de que si el tractor podría ser secuestrado nuevamente, el juez apuntó que “debería ser secuestrado si es objeto de la causa penal o -por lo menos- una posible causa penal; pero hasta tanto se delimite si será o no delito y, es lo que se investigará, porque también puede ser una infracción aduanera debido al monto”.
Mencionó que “el valor debe superar los $500 mil en mercaderías y en este sería la soja”. Y contó que “me falta conocer los datos asentados en el acta de procedimiento de Prefectura. Seguramente la recibiremos mañana (por hoy)”.
