El 1 de noviembre de 2017, Patricia Bullrich, por entonces ministra de Seguridad de la Nación, lo anunció con amplio despliegue de repercusión mediática: “Allanamos en San Vicente, Misiones y encontramos cajas repletas de autopartes listas para el envío a diferentes puntos de Argentina, Brasil y Paraguay (…) Luchamos contra estas organizaciones de la cual se nutren cientos de locales comerciales que venden las piezas, sabemos que detrás de este negocio muchas veces hay hechos de sangre en el robo de vehículos”.
Poco más de 31 meses después, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones declaró “nulo de nulidad absoluta” el proceso penal contra Juan Carlos Losarcos, el empresario detenido en el megaoperativo como presunto cabecilla de una “asociación ilícita” que funcionaba con desarmaderos de camiones, camionetas y automóviles en San Vicente.
El fallo del STJ, al que PRIMERA EDICIÓN tuvo acceso, fue firmado hace once días por los nueve ministros del máximo escalafón o estamento de la Justicia misionera.
Los camaristas adhirieron al primer voto realizado por Liliana Mabel Picazo. Entendieron y admitieron el recurso casatorio porque “fueron violentadas las garantías del orden constitucional desde foja 2 en adelante” (en un expediente que cuenta con trece cuerpos, tres mil fojas aproximadamente) durante el proceso de instrucción que llevó adelante el juez Gerardo Casco, titular del Juzgado de Instrucción III de San Vicente.
Losarcos y tres empleados de sus emprendimientos estuvieron catorce meses detenidos, con prisión preventiva, acusados de “asociación ilícita”.
El STJ aceptó el planteo de los patrocinantes legales de Losarcos, Daniel Hernán Braunstein y Alejandro Pérez, y remarcó que, la nulidad absoluta de las actuaciones se impones porque se violentaron las garantías del orden constitucional conforme lo dispuesto en los artículos 173, inciso b, y 174 del Código Procesal de la Provincia de Misiones.
“En autos se ha producido un grave dispendio jurisdiccional en razón de la viciada intervención inicial del magistrado actuante (Casco), aspecto este, que debe ser señalado como un llamado de atención debiendo velarse en lo sucesivo, por un correcto servicio de Justicia de conformidad a los parámetros constitucionales vigentes”, destacó la ministra Cristina Leiva en el resolutorio del expediente 36.523 iniciado en el 2019.
El padrino legal de Losarcos, Daniel Braunstein, en diálogo exclusivo con este Diario, expresó que “el STJ declaró nulo de nulidad absoluta el proceso penal de la causa por vicios desde el inicio del procedimiento”.
“Se violaron las garantías constitucionales de mi cliente, quien estuvo detenido más de un mes sin ser indagado. Cuando se le tomó la declaración, estuvo seis horas declarando y se suspendió el procedimiento por orden del juzgado (Instrucción 3 de San Vicente) porque ya eran las 21″.
“Al intentar recomenzarlo al otro día, a las 7 de la mañana, ya estaba redactada la prisión preventiva de Losarcos y notificada. O sea, que mientras mi cliente no terminaba de defenderse, ya le estaban redactando la preventiva por asociación ilícita y adulteración de marcas y señas, e infracción a la ley 25.761 de autopartes”, agregó.
De “mega” a operativo “nulo”
Los cuatro imputados permanecieron detenidos un año y cuatro meses a partir del miércoles 1 de noviembre de 2017, cuando efectivos de la SAIC y de la Unidad Regional VIII, además de los funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación irrumpieron en tres talleres de San Vicente.
Los allanamientos fueron realizados en un galpón y taller emplazado sobre el kilómetro 973 de la ruta nacional 14, en otro del kilómetro 984 y en un tercero ubicado cerca del cruce de la calle Dorrego y avenida Tejeda.
