A poco de cumplirse dos años del crimen de Ángel “Marreco” Márquez (59), en una zona rural de Bernardo de Irigoyen, los dos acusados se sentaron ayer en el banquillo de los acusados.
El Tribunal Penal 1 de esta ciudad logró sortear, en parte, las dificultades originadas por la pandemia sanitaria mundial del COVID-19, y avanzó para proseguir con el servicio de Justicia aunque no sin algunos inconvenientes.
Los imputados son Rogerio Da Silva Vargas y Luis Da Silva Zanella, de 22 y 20 años, quienes están acusados por los delitos de “homicidio calificado por haberse cometido con el concurso de dos o más personas y resistencia a la autoridad en concurso real”.
La primera audiencia del debate oral y público comenzó este lunes con los debidos cuidados de profilaxis. Estuvieron presentes los acusados, su defensa legal y técnica, el representante del ministerio público fiscal, un perito de la policía, el oficial principal Ramón Oscar Albino, que ofició de traductor.
El cuerpo judicial estuvo conformado por Atilio León, Lyda Inés Gallardo y Eduardo Javier Jourdan, en reemplazo de la doctora María Teresa Ramos, cuya ausencia se debió a que está comprendida dentro del denominado “grupo de riesgo”.
Tras la lectura de la elevación a juicio los imputados optaron por abstenerse de declarar.
Para la apertura de las testimoniales estaba en agenda la declaración de dos hombres, pero estos finalmente no se presentaron ni adelantaron motivos.
De fuentes consultadas por este Diario, pudo saberse que los citados son changarines que solían realizar trabajos en Entre Ríos y a causa de la pandemia presumiblemente no pudieron regresar aún a Misiones.
En este aspecto este martes está previsto que comparezcan más testigos, pero todo dependerá que estén en la provincia, sobre todo porque en muchos casos, los vecinos de la zona suelen pasar de forma habitual hacia Brasil y no se sabe si estas personas quedaron allá tras el cierre de la frontera.
Federico Rodríguez, fiscal ante el tribunal, solicitó que en caso que no puedan presentarse los testigos, el debate se suspenda por diez días hasta poder ubicarlos y eventualmente realizar una videoconferencia para que declaren y poder así proseguir normalmente con el juicio.
Más allá de estas complicaciones, magistrados y demás partes involucradas coincidieron necesario dar el primer paso e iniciar el juicio, para que la familia de la víctima tenga la reparación necesaria y los acusados no sientan vulnerada la posibilidad de defenderse.
Colonia Itatí
De acuerdo a la elevación a debate, la víctima cuidaba un predio en Colonia Itatí desde mayo de 2017. El 28 de julio de ese año, los brasileños en compañía de un tercero, que nunca fue capturado, bebieron caipirinha y fumaron alucinógenos en una chacra cercana.
El trío había merodeado el lugar y tras averiguaciones decidieron atacarlo. Durante la noche llegaron donde estaba “Marreco” y lo ultimaron a machetazos y puñaladas. 47 estocadas en total.
Un ojo destrozado y fracturas de cráneo. Murió desangrado. Los sospechosos huyeron a Brasil, regresaron a las pocas horas por un paso clandestino y fueron detenidos.
Con cuidado y hacia adelante
Si bien el efecto de la pandemia redujo el ritmo de la actividad judicial en la provincia, en el Tribunal Penal de Eldorado decidieron avanzar con la agenda de debates prevista.
Por las restricciones sanitarias se reemplazaron las visitas a las unidades penales y readecuaron las audiencias con los detenidos a través de videoconferencias. A la par de esto la actividad tampoco cesó en lo referente a las audiencias de visu para juicios abreviados.
En otro paso más y de acuerdo al expreso pedido del Ministerio Público Fiscal de desarrollar los juicios orales con el protocolo necesario, sumado a que podría ocurrir un aglomeración de causas que agravarían aún más la demora en el servicio de Justicia (sin poder determinar con certeza la fecha de normalización del sistema), ayer se puso en marcha la decisión de avanzar y reabrir los debates con la seguridad solicitada.
