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Uruguay dio el visto bueno para la extradición del “activista” Sebastián Romero

19 junio, 2020

La Justicia de Uruguay otorgó el pedido de extradición a Sebastián Romero, el militante de izquierda que se hizo conocido por disparar con una especie de mortero casero contra la policía en diciembre de 2017, durante los enfrentamientos por la reforma previsional en el Congreso de la Nación, según informaron fuentes partidarias a Infobae.

Romero es militante del Partido Socialista de los Trabajadores Unificados (PSTU) y había escapado fuera del país. Fue detenido a fines de mayo en Uruguay, en la ciudad de Chuy, en la frontera con Brasil, tras una investigación de Interpol y la Policía Federal. Estuvo dos años prófugo con pedido de captura internacional por una causa por “intimidación pública” impulsada por el gobierno de Mauricio Macri.

Conocido popularmente como “el gordo del mortero”, Romero fue inmortalizado por el fotógrafo de Infobae Nicolás Stulberg. Su imagen se convirtió en un ícono de las redes sociales y fue uno de los blancos predilectos de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuya cartera solicitó una circular roja a Interpol para su detención y ofreció una recompensa de un millón de pesos a quien aportara datos que esclarecieran su paradero.

“Informamos a todas y todos que en la mañana de hoy la Justicia uruguaya dispuso la extradición de Sebastián Romero, luchador social argentino recluido en Uruguay por solicitud del Ministerio del Interior del gobierno represivo y antipopular de Mauricio Macri”, anunció un comunicado de la organización Crysol, que representa a ex presos políticos de Uruguay, y que ayer visitó en prisión al dirigente del PSTU.

Romero tuvo una audiencia judicial durante esta mañana con el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal 32 de Montevideo, a cargo de Patricia Rodríguez, donde el acusado iba a tener la posibilidad de allanarse y consentir que lo extraditaran. Romero permanecía detenido en el penal de Libertad, en el departamento uruguayo de San José.

El referente partidario y ex delegado de la empresa General Motors permaneció incomunicado con su familia luego de haber sido detenido, pero recibió un “muy buen trato por parte de los funcionarios del penal”, informó la delegación de Crysol que lo visitó.

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral había solicitado el pedido de extradición a Cancillería, a través de un oficio para que gestione el traslado a Sebastián Romero. El trámite, si bien no tiene plazos establecidos, fue resuelto en apenas pocas semanas. Una vez que se efectúe el traslado, Romero deberá comparecer en los tribunales de Comodoro Py, en el barrio de Retiro, para ser indagado por Canicoba Corral por Alejandra Mangano, la fiscal del caso.

Romero, de 35 años, está acusado de los delitos de intimidación pública y “atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido a mano armada y por la reunión de más de tres personas, en concurso ideal entre sí”. Quedó involucrado en una causa que fue tramitada por el juez Sergio Torres, cuya investigación tuvo 69 detenidos, de los cuales 58 fueron sobreseídos por irregularidades y deficiencias en la aprehensión de los acusados.

En ese expediente está otro compañero de Romero y militante del PSTU: Daniel Ruiz, de 40 años, quien también disparó con pirotecnia contra las fuerzas de seguridad mientras en la Cámara de Diputados se sesionaba para aprobar la reforma jubilatoria. Estuvo detenido por 13 meses.

En noviembre de 2019, casi dos años después de su fuga, Sebastián Romero puso fin al silencio e hizo público un mensaje en redes sociales, donde se definió “perseguido político del gobierno de Macri” y se mostró afín a las movilizaciones en Chile contra el gobierno de Sebastián Piñera.

“Desde el PSTU exigimos al Gobierno Nacional la inmediata extradición de nuestro compañero, seguida de su libertad inmediata”, señalaron desde el PSTU ante la novedad judicial.

Fuente: infobae.com

Tags: "activista" Sebastián RomeroextradiciónUruguay
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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