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A un año del apagón histórico del Día del Padre

15 junio, 2020
Imagen ilustrativa

De repente, a las 7.06, la caída del sistema eléctrico dibujó un paisaje inédito para la vida moderna: sin luces ni comunicaciones, sin radio ni televisión ni internet, sin semáforos en calles y avenidas, ni subtes, trenes o aviones.

Las historias personales sumaron anécdotas a partir de los padecimientos incontables de situaciones domésticas, hasta relatos mucho más dramáticos que se vivieron en hospitales o en aquellos hogares con familiares electrodependientes, por ejemplo.

El apagón masivo del cual se cumple un año este martes, puso en pausa la vida cotidiana de millones de argentinos, justo en una fecha tradicionalmente familiar como el Día del Padre que moviliza en particular a los comercios de servicios gastronómico, y que ese día tuvieron pérdidas millonarias.

Si bien no era un día hábil, el Día del Padre es una de las fechas comerciales más importantes del año, en especial para los miles de locales que suelen contar con reserva completa y grandes pedidos desde semanas antes de la fecha, y que ese día debieron limitar sensiblemente.

Por la diversidad de la afectación, se trata de cifras imposibles de calcular, pero sin dudas resultaron millonarias por aquel hecho inédito que obligó a modificar los planes de millones de familias.

Durante las siguientes catorce horas al minuto cero, el país fue volviendo a la normalidad de manera dispar, dejaba avanzar los procesos electorales en cuatro provincias y permitía entrada la noche -aunque ya con luz- los festejos del triunfo de Omar Perotti en Santa Fe, Alberto Rodríguez Saá en San Luis, Gildo Insfrán en Formosa y un final abierto en Tierra del Fuego.

La campaña nacional también tuvo su lugar con declaraciones cruzadas en torno de las causas del apagón, entre el entonces presidente Mauricio Macri y el principal candidato de la oposición, Alberto Fernández.

Hasta ese día, el corte de luz más recordado en el país era el que se había registrado en febrero de 1999, cuando unas 600.000 personas de diez barrios de la ciudad de Buenos Aires se quedaron once días sin luz, a raíz de la salida de servicio de una subestación de la distribuidora Edesur.

No obstante, en el resto del mundo abundan los ejemplos como el de 2017 cuando 15 millones de personas quedaron sin luz en países de Centroamérica; el de julio de 2012 en la India cuando 30 millones de personas sufrieron un corte que se repetiría pocos días después pero alcanzando esta vez a 70 millones; o los que se vieron en 2007 en Colombia, 2009 en Brasil y Paraguay, o el de 2010 en Chile como consecuencia de un terremoto.

Quizás el más conocido y documentado sea el llamado Gran Apagón de Nueva York, sobre el que se han hecho varias películas, que ocurrió el 13 de julio de 1977 y duró casi 24 horas. Nueve millones de personas se vieron afectadas por un incidente desatado por una tormenta eléctrica que afectó la red, y desencadenó graves oleadas de saqueos y atracos.

 

La Torre 412 y los 30 segundos que llevaron al mayor colapso eléctrico de la Argentina

El apagón tuvo como inicio de la crisis la ya famosa Torre 412, un punto de la línea de 500 kv del corredor eléctrico Litoral, que había salido de servicio dos meses antes y que no fue debidamente reconfigurada en el diseño de la red, para permitir el control inteligente de una eventualidad como la que ocurrió.

En esa línea que cruza el Río Paraná y une las localidades de Colonia Elía (Entre Ríos) y Campana (Buenos Aires), la Torre 412 ya presentaba inconvenientes desde 2015 debido a que el agua erosionaba su base y debía ser reubicada, tareas que se iniciaron el 18 de abril de 2019.

Esa interrupción obligó a realizar un by pass con la línea paralela Colonia Elía-Belgrano y ese nuevo esquema debía ser acompañado por la reconfiguración del sistema de Desconexión Automática de Generación (DGA), que hubiera permitido reducir a un 40% el impacto del incidente del 16 de junio en todo el sistema.

Los informes realizados desde el apagón para determinar responsabilidades que aún no recibieron las sanciones administrativas, coincidieron en que la siguiente fue la secuencia de fallas durante 30 segundos que alcanzaron para dejar dejar a todo el país sin luz.

07:06:24 Se produce la primera falla a raíz de un cortocircuito monofásico en la línea de alta tensión que va de Colonia Elía a Belgrano. Esto genera un desenganche y caída de demanda considerados un evento normal para cualquier sistema, ya que ocurren medio centenar de estos episodios al año.

07:06:25 La segunda falla se registra en la Desconexión Automática de Generación (DAG) por 1.200 Mw, y determina que la señal de alerta de la falla inicial no llega a los generadores y provoca un exceso de generación.

07:06:26 El tercer episodio es la pérdida de sincronismo en las generadoras de Yacyretá y Salto Grande respecto del sistema nacional (SADI), por la falta de puesta en marcha del mecanismo de DAG.

07:06:26 Para aislar, se separa a Yacyretá, Salto Grande, Misiones y Uruguay del Sistema Interconectado, y esto deriva en una pérdida de 3.200 Mw de la generación. Aumenta el desbalance y cae la frecuencia del sistema.

07:06:24-30 Se identifica que las distribuidores no reaccionan automáticamente, y no generan el alivio de carga por subfrecuencia.

07:06:30-36 Se producen desenganches prematuros de la oferta eléctrica (central Nuclear Embalse + centrales térmicas) por esa subfrecuencia.

07:06:30-53 El sistema nacional queda desbalanceado y fuera de rango operativo durante unos 23 segundos, en los cuales parte de los generadores se desconectan por la actuación indebida de sus protecciones.

07:06:54 Se concretan los desenganches de máquinas para protección, y en consecuencia hay cortes totales en el SADI. Esto provoca como resultado el apagón a nivel nacional.

 

El ENRE retoma el informe final para aplicar sanciones y compensaciones

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) trabaja el informe final sobre la sucesión de fallas que culminaron con el histórico apagón nacional del 16 de junio pasado, del cual el martes se cumple un año, lo que permitirá determinar las sanciones a las empresas involucradas y la compensación a todos los usuarios afectados.

A las 7.06 del tercer domingo de junio de 2019, en coincidencia con la celebración del Día del Padre, una sucesión de fallas producidas en apenas 30 segundos provocó el mayor blackout de la historia del país.

Su dimensión le valió entre los especialistas el nombre del “Apagón del Siglo”, porque fue tan amplio que trascendió al territorio argentino y se extendió a sectores de Brasil y Uruguay, y porque 50 millones de personas resultaron afectadas, más que la población del país.

Los 868 minutos, poco más de 14 horas, que demandó restablecer por completo el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en todo el territorio, de acuerdo con el informe de Cammesa aún disponible en su página web que detallan las alternativas técnicas del apagón masivo, reflejan la complejidad del suceso.

Al cumplirse un año del episodio que tuvo trascendencia global, las nuevas autoridades del ENRE, encabezadas por el interventor Federico Basualdo Richards, explicaron ante la consulta de Télam que están “abocados junto a la Facultad de Ingeniería de la UBA en el cierre de un informe final con un análisis detallado sobre cómo sucedieron los hechos”.

El informe de la Facultad de Ingeniería permitirá al Ente finalizar el análisis de los descargos realizados por los agentes involucrados en el hecho, ante la formulación de cargos, y las consiguientes sanciones, algo que en principio se aguardaba que ocurriera a las pocas semanas del episodio.

El ENRE durante 2019 desarrolló un conjunto de acciones ante la información obtenida sobre la situación producida en la mañana del 16 de junio, a partir de lo cual formuló cargos a más de 300 agentes distribuidores y grandes usuarios del Mercado Eléctrico por un monto total de $ 105,8 millones.

También formuló cargos a 12 generadores por falla en el arranque en negro y a cinco por la desconexión anticipada; y lo propio con la empresa Transener por las indisponibilidades de su equipamiento registradas durante el mes de junio de 2019, incluída la falla del 16 de junio, por $ 205,2 millones.

El informe final en desarrollo, y retomado a partir de la asunción de las autoridades en marzo, “permitirá iniciar la etapa sancionatoria” de los agentes que estuvieron involucrados en los hechos, y las compensaciones que oportunamente había anunciado el entonces secretario de Energía del gobierno de Cambiemos, Gustavi Lopetegui.

Además, el Ente está realizando “un informe con recomendaciones a la Secretaría de Energía para, entre otros puntos, revisar la normativa sobre las condiciones de los despachos y los procedimientos técnicos, establecer protocolo de verificación periódica de los sistemas de comunicaciones”.

Ese trabajo también contendrá indicaciones para “promover el reemplazo de equipamiento que por su respuesta afecte la seguridad del sistema y la realización de obras de transporte de energía eléctrica, realizar ensayos periódicos en los generadores”.

En este marco, desde el Organismo agregaron que también se “está elaborando un informe para trabajar con las transportistas para que los datos de las protecciones auditadas sean incorporados en las Guías de Referencia, y para requerir a las concesionarias que informen las condiciones y los márgenes de seguridad con que determinan los límites de Transmisión, entre otros”.

Asimismo, sumaron que “están analizando los procedimientos sancionatorios en caso de falla de arranque en negro y desconexión prematura de generadores ante una falla en el sistema”.

Al exponer ante la Comisión de Energía del Senado, Lopetegui afirmó que la transportadora de energía eléctrica Transener fue “un claro responsable primario” del apagón masivo por “un error operativo” vinculado con la salida de servicio de un tramo de una línea de extra alta tensión de 500 KV, un hecho que ocurre unas 60 veces al año y que no debería haber tenido semejante consecuencia.

Transener, ante la salida de servicio de la torre 412 que forma parte de la línea Colonia Elía (Entre Ríos) – Campana (Buenos Aires) para lo cual la empresa construyó un “by pass”, con el cambio de arquitectura de red “tendría que haber reprogramado parámetros de lo que se denomina sistema de Desconexión Automática de Generadores”, lo que se asegura no ocurrió.

Estos cortocircuitos que responden a razones tan variadas como incendio de campos, factores climáticos varios, ramas que hacen contacto con las fases, tiene esquemas de resguardo que no funcionaron, a lo que Lopetegui sumó un “cúmulo” de fallas de parte de los generadores y las distribuidoras que terminaron en el “colapso” del sistema.

Si bien el entonces funcionario macrista aseguró que había “cero posibilidad” de que un hecho similar vuelva a ocurrir en el sistema eléctrico argentino, el informe final que se espera cierre la nueva gestión del ENRE, deberá ratificar esa presunción o en todo caso definir los aspectos técnicos a enmendar para evitar un nuevo blackout nacional.

Fuente: Agencia de Noticias Télam

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Tags: ApagónCAMMESAEnergíaENRE
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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