En este encuentro, presidido por el ministro nacional Nicolás Trotta, el CFE determinó que “la evaluación, durante este período, será de carácter formativo y tendrá por propósito retroalimentar el proceso de aprendizaje, adaptar contenidos y hacer devoluciones orientativas a las y los estudiantes y a las familias”, indicó un comunicado de prensa.
Trotta, sostuvo: “Nuestro principal objetivo como Ministerio es garantizar el derecho a la educación. En este contexto, se profundizan las desigualdades ya que la realidad de cada hogar es muy distinta en cada rincón del país. Por este motivo, todos los actores que conformamos el sistema educativo estamos de acuerdo que es momento de evaluar, pero no de calificar”.
También se convino avanzar en una encuesta a nivel nacional a directivos, docentes y familias para evaluar la respuesta del sistema educativo argentino en el marco de la continuidad pedagógica, estudio que, afirmaron, “permitirá tomar decisiones informadas sobre los procesos de enseñanza aprendizaje y el regreso a las aulas”.
En la reunión del CFE se estableció por unanimidad la consolidación de un criterio federal que contemple las heterogeneidades del territorio nacional en relación a la evaluación de los procesos de aprendizaje y enseñanza en el contexto de la pandemia.
La síntesis es que “no habrá calificaciones numéricas. La evaluación de los alumnos y alumnas en este período se centrará en el acompañamiento, seguimiento, registro y devolución a familias y estudiantes del proceso que está teniendo lugar”, afirmaron.
Y se agregó que el propósito de este tipo de evaluación es “orientar mejor los procesos de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta que se desarrollan en condiciones muy heterogéneas y desiguales”.
En la reunión del CFE también se presentaron los lineamientos confeccionados por la Secretaría de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación que pondrá en marcha, a partir del 26 de mayo, la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica, cuyos resultados serán dados a conocer en julio.
La misma incluye una encuesta a directivos, docentes y hogares y tiene como objetivo relevar el estado de situación y analizar los procesos de continuidad pedagógica como aspectos clave para evaluar en qué grado se está garantizando el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes.
Trotta agregó que, como Estado, tienen “la responsabilidad de brindar insumos y evidencias para la toma de decisiones con información fehaciente”, de modo que establecieron “consensos en torno a la necesidad de avanzar en una encuesta nacional que llevará el nombre de Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica”, que permitirá medir los procesos que están llevando adelante.
Esta evaluación nacional recabará y analizará propuestas y experiencias desarrolladas por otros países frente a la pandemia; las características y alcances de las políticas implementadas desde los niveles nacional y provincial de la educación; las condiciones de enseñanza y de organización del trabajo docente y las condiciones institucionales de organización y sostenimiento de la continuidad pedagógica.
Se realizará con una muestra de 5.000 escuelas, considerada “representativa de las 52.000 de la educación obligatoria del país” -estatales y privadas, rurales y urbanas- y será respondida de forma anónima por 5.000 directivos y 25 mil docentes.
Los hogares también serán consultados a través de encuestas telefónicas en colaboración con Unicef para las posibilidades de interacción y de desarrollo de actividades educativas en los hogares.
También se realizará un relevamiento y un análisis de la matrícula escolar previa y posterior a la suspensión de clases presenciales para diseñar estrategias que colaboren con la reducción del abandono escolar.
Por último, se informó que se comenzarán “a confeccionar los protocolos para el regreso a las aulas cuando el Comité de expertos en salud lo disponga, teniendo en cuenta la readecuación de la infraestructura escolar y considerando la experiencia que están empezando a transitar los países europeos”.
“Sostenemos la importancia de garantizar el derecho a la educación como responsabilidad concurrente entre el Estado Nacional y los Estados jurisdiccionales”, concluyó Trotta.
