Pese a que se profundizaron los controles de tránsito en las rutas misioneras, y de todo el país, el contrabando de cigarrillos de fabricación paraguaya no se detiene y tampoco deja de sorprender que funcionarios públicos, como efectivos de fuerzas de seguridad, intervengan en la comisión de este tipo de delito que viola la ley 24.415.
Del cruce de fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN se pudo establecer que el miércoles por la noche, 29 de abril, en un puesto de Seguridad Vial de Gendarmería Nacional en el peaje de la ruta nacional 12 en jurisdicción de la localidad de Santa Ana, dos oficiales de la Policía misionera fueron descubiertos transportando un embarque de cigarrillos estimado en poco más de medio millón de pesos.
Los efectivos policiales bajo sospecha son de Posadas y Garupá, pero cada uno con distintos destinos de funciones en la provincia. Uno de 25 años y con domicilio en Itaembé Miní tiene tareas asignadas en la comisaría Segunda en Puerto Iguazú, Unidad Regional V, mientras que el restante tiene residencia fijada en el barrio Ñu Porá de Garupá y sus labores profesionales las desplegaba en la comisaría de Alba Posse, Unidad Regional XI, Aristóbulo del Valle.
Sin embargo fueron descubiertos por los uniformados del Escuadrón 11 “San Ignacio” de GN, en el control de tránsito mencionado. Tras solicitarles identificación, procedieron a requisar el interior del Ford Ka en el que movilizaban.
Allí descubrieron cinco cajas de cigarrillos de la marca Eight. Vale acotar, a modo de ejemplo, que cada cajetilla de veinte cigarrillos se vende ilegalmente al menudeo a 160 pesos en Posadas.
Los oficiales de la Policía transportaban hacia Posadas, 250 cartones o 2.500 cajetillas de veinte cigarrillos.
De inmediato quedaron demorados y puestos a disposición del Juzgado Federal de Posadas, a cargo de María Verónica Skanata. Se ordenó el secuestro de la carga, pero también de los celulares de los policías para ampliar la investigación en dirección a la presunción que sean integrantes de una red de tráfico de cigarrillos sin aval aduanero.
Ambos recuperaron la libertad y pocas horas después, ya por la tarde del jueves 30 de abril desde la Dirección de Asuntos Internos de la Jefatura de Policía se determinó el pase a disponibilidad de los oficiales subayudantes, hasta que la Justicia Federal disponga el proceso. Por lo pronto, en esa situación permanecerán hasta el 22 de junio por lo menos, fecha en que deberán presentarse a declarar.
Encuadre legal
El “encubrimiento de contrabando agravado”, está estipulado en el artículo 874 del Código Aduanero (ley 24.415) y reprime con prisión de seis meses a tres años.
La pena privativa de libertad prevista de este artículo se elevará en un tercio cuando el encubridor fuera un funcionario o empleado público o un integrante de las fuerzas armadas o de seguridad o si las acciones constituyeren actividad habitual.
“Incurre en encubrimiento de contrabando el que, sin promesa anterior al delito de contrabando, después de su ejecución ayudare a alguien a eludir las investigaciones que por contrabando efectúe la autoridad o a sustraerse a la acción de la misma; omitiere denunciar el hecho estando obligado a hacerlo (…) Adquiriere, recibiere o interviniere de algún modo en la adquisición o recepción de cualquier mercadería que de acuerdo a las circunstancias debía presumir proveniente de contrabando”.
