La “cuarentena focalizada” se pondrá en marcha mañana lunes 27 con un “semáforo” entre las provincias, de acuerdo a la situación epidemiológica en la que se encuentren. El “rojo” endurecerá la medida, el “amarillo” sostendrá la flexibilización y el “verde” permitirá ampliar -bajo estricto protocolo- las actividades profesionales y económicas.
En los rubros donde se permitan las excepciones al aislamiento social preventivo y obligatorio, decretado por el presidente Alberto Fernández, será en el mejor de los casos un reinicio lento luego de un mes perdido por completo.
Muchos siquiera podrán retomar las actividades, aún con el permiso presidencial, luego de no haber podido pagar salarios, costos fijos (luz, agua, alquiler del local u oficina, etc).
Son MiPyME y PyME o profesionales que subsisten en el mes a mes, que no consiguieron un salvataje gubernamental y, menos todavía, planificar un crédito que no pueden devolver aún con tasa cero.
En Misiones son mayoría. Muchas de ellas no cuentan con gran cantidad de trabajadores por lo cual pudieron haber sido asistidos en este primer mes con mucha más fuerza, sabiendo que el camino económico que sigue por la pandemia de COVID-19 requiere de un esfuerzo extraordinario.
¿Al Gobierno le importa que las empresas pequeñas y medianas cierren? En los discursos hay una respuesta pero en la práctica, con intermediarios del sistema financiero innecesarios, se vuelve otra muy negativa.
Los despidos, suspensiones y reducciones salariales afectaron a 309.672 trabajadores en todo el país, entre el 15 de marzo y el 15 de abril, según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Se registraron 5.386 despidos, 7.223 suspensiones, 3.070 casos de atraso en el pago de salarios, 54.030 reducciones salariales, 8.480 suspensiones y 231.483 acuerdos entre partes para la reducción de haberes.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó al Gobierno nacional que “se amplíe este beneficio y mediante la ANSeS se abone el 100% del salario neto a los trabajadores de las PyME que empleen hasta 40 personas, considerando que representan el 30,3 % de la generación de empleo total y una masa salarial neta de $ 70.701 millones”, planteó CAME.
“En este contexto, y ante la falta de ingresos que padece la mayoría de las PyME de nuestro país, consideramos indispensable el acompañamiento del Estado para evitar el cierre de empresas, y así preservar las fuentes de empleo que ellas proveen, teniendo en cuenta que, tal como se expone en este estudio, este aporte representa el 0,1 % del PBI estimado para 2020”, señaló la entidad.
Contradicción
Esta semana, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA alertó sobre el empobrecimiento de las clases medias del país. Estimó que la pandemia por COVID-19 ensanchará la cifra hasta el 45% de pobres en la Argentina.
Eso significa que quienes no podrán volver a trabajar cuando el aislamiento de cuarentena se termine, requerirán asistencia social gubernamental. De hecho, horas atrás, el Gobierno nacional anunció un refuerzo extraordinario a titular de la tarjeta AlimentAr de entre 4 mil y 6 mil pesos (según la cantidad de hijos menores de seis años que tenga el titular a su cargo).
Entonces, toda ayuda que no se brinde de manera urgente a las PyME desde los distintos estamentos del Estado (Nación, Provincia, Municipios), significará una necesidad de asistencia para quienes vayan quedando excluidos y sin posibilidad de aportar a la producción y actividad económica del país.
Agustín Salvia, titular del Observatorio de la UCA, opinó que hay un “empobrecimiento importante de clases media bajas” que ahora “han caído en la pobreza o profundizaron su situación de pobreza”.
Para Salvia, de ahí “viene el segundo impacto” económico, que tiene que ver con “la pequeña y mediana empresa, que reduce salarios, suspende trabajadores, reduce horas extras”. “Esos ya son trabajadores formales”, sostuvo e insistió en la idea de un “empobrecimiento de clases obreras, no pobres, que ven reducidos sus ingresos”.
Consultado sobre cifras puntuales, Salvia sostuvo que “el Gobierno lo puso en puntos, dijo que podía bancarse 10 puntos de pobreza en esta situación, y es más o menos lo esperable que haya ocurrido”, y recordó que ya había un “38% de pobreza” en diciembre de 2019.
Nuevamente la falta de planificación y ejecución urgente de medidas, mediante el esfuerzo extraordinario del Estado, afectará duramente a los que venían subsistiendo a duras penas y la cuarentena fue su “golpe de gracia”.
Finalmente, en materia de contradicciones, nuevamente el titular de ANSeS Alejandro Vanoli la protagonizó esta semana con declaraciones fuera de tiempo y lugar. En declaraciones periodísticas sostuvo que “Los números son concretos: el 90% de los jubilados le ganó a la inflación y en los momentos que vivimos son datos muy positivos”, al destacar los aumentos y bono recibidos.
¿Sabrá Vanoli que durante cuatro años la inflación dejó mucho más atrás que un 13% a los jubilaciones, pensionados y titulares de AUH que cobran la mínima miserable hasta el presente?
En esa línea que parece decir “los jubilados están bien”, el mismo titular de la ANSeS aseguró ayer que “en principio” no se pagará en mayo otro bono extraordinario de 3 mil pesos porque habría “otros instrumentos” para paliar la crisis, sin indicar cuáles.
El efecto sorpresa de la pandemia, la improvisación del Estado y funcionarios alejados de la realidad llevaron -por ejemplo a la ANSeS- a no haber puesto en los bolsillos de millones de personas los 10 mil pesos del IFE que recién un mes después empiezan a depositarse.
Malestar por designaciones
El Gobierno nacional decidió esta semana movilizar los decretos de designación en algunos organismos con sede en Misiones. A la par, generó un fuerte debate interno del Frente de Todos en la tierra colorada por el nombre elegido para el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM): “Juanjo” Szychowski.
Mientras diferentes representantes en el directorio del organismo expresaron su apoyo al nombre elegido por el Ministerio de Agricultura nacional, el vocero del descontento fue el diputado nacional Héctor “Cacho” Bárbaro, quien vinculó a Szychowski al macrismo con durísimas críticas.
Bárbaro, principal referente del PAyS misionero, viene molesto por la demora en la cobertura de delegaciones nacionales y, para los contados casos que se cubren, por las designaciones que no tienen en cuenta a dirigentes del FdT que ganó las elecciones en la provincia el año pasado. De hecho recordó que se propuso a Javier Gortari (exRector de la UNaM) en consenso con otros partidos del frente. Pero en Buenos Aires no lo consideraron.
Tampoco se designó a un referente en el FET, en la EBY como en ANSeS hay incertidumbre y en PAMI ganó la diputada nacional Cristina Britez que puso a Marcela Crechuska como delegada local. Si el FdT local no se impone (lo que generará un quiebre entre Nación y algunos referentes locales), el martes asumirá Szychowski.
Flexibilización en la tierra colorada
Finalmente mañana quedarán habilitadas las obras privadas, el ejercicio de profesiones liberales (requieren para su ejercicio título universitario habilitante, matriculación en Consejos o Colegios).
Así, además de odontólogos, contadores, ópticos, escribanos, médicos, abogados se anotaron los corredores inmobiliarios. El pedido del gobernador Oscar Herrera Ahuad fue escuchado y aceptado por el presidente Alberto Fernández durante la semana.
Por otro lado, esta semana comenzó a ingresar algo del dinero que la Nación le debe a Misiones, que sumaban $3.300 millones cuando el gobernador le reclamó la demora a Fernández. “Es otra demostración de que la voz del Gobernador es escuchada en el concierto nacional y tiene eco en las decisiones presidenciales”, valoraron en la Rosadita.
Otro dato que se conoció esta semana es que la coparticipación federal cayó 30% y la recaudación propia 20%, lo que significa que Misiones tuvo una caída de su actividad económica inferior a la nacional y que, muchas actividades productivas, siguieron a pesar de la pandemia por estar exceptuadas de la cuarentena, sin necesidad de violar las restricciones del DNU nacional.
Este viernes, durante la teleconferencia con Gobernadores y Nación, se dio otro gesto de respeto hacia Misiones cuando el Presidente habilitó el pedido de Herrera para que se elabore un protocolo de seguridad sanitaria para los camioneros, teniendo en cuenta que son casi los únicos que nunca se detuvieron y muchos de ellos viajan a zonas de alta circulación viral. Mañana hablarán el ministro de Transporte, Mario Meoni, el Sindicato de Camioneros, Herrera Ahuad y el ministro de Interior, Wado de Pedro.
El mandatario misionero también ratificó la decisión de mantener cerrada la frontera con Paraguay y Brasil, y reclamó más presencia de Gendarmería y Prefectura en la costa del río Uruguay donde se vino detectando ingresos clandestinos de personas que ponen en riesgo todo el status sanitario local.
