El Gobierno nacional dispuso de una lista de precios máximos para ciertas mercaderías que son consideradas básicas, como así también artículos de limpieza con la idea de combatir las prácticas abusivas y especulativas que se generan en estos momentos que se profundizan las medidas para frenar el avance del coronavirus en el país. Además, el presidente Alberto Fernández delegó a los intendentes el control de los precios, con la posibilidad de multar y hasta clausurar a los comercios infractores en sus localidades.
Un panorama de cómo se lleva adelante la fiscalización y el cumplimiento sobre la resolución, la brindó el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino, en diálogo con la 89.3 FM Santa María de las Misiones, quien si bien reconoció que “en buena medida se cumplen los precios”, también sostuvo que “el país tan extenso por lo que hay muchas realidades y los comportamientos son dispares en muchos lugares”.
Es así que aseguró que “se debe actuar con mucha responsabilidad en un momento tan especial como el actual, donde no hay lugar para los especuladores o los que tratan de tener un beneficio extraordinario a costa del sufrimiento de los sectores sociales más pobres y más humildes de la población argentina”.
En lo que respecta a los controles que se realizan, consideró que “por las informaciones que tenemos se están haciendo bien”.
Comentó que “se aplicaron multas y se establecieron clausuras provisorias en varios lugares de provincia de Buenos Aires e incluso en la Capital Federal”.
De igual manera, manifestó que se debe tener en cuenta que las realidades son muy distintas en las provincias.
En cuanto a las actitudes o qué debe realizar un consumidor al momento de encontrarse con precios abusivos, mencionó que “debe tratar de comunicarse con las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto”.
Agregó que “sería una actitud lógica y responsable incluso boicotear la compra de un determinado producto como se hace en cualquier lugar del mundo”.
A la vez, recordó que “desde Consumidores Libres se llamó varias veces al boicot al producto y al mercado”.
Sin embargo, apuntó que “este no sería el mejor momento para hacerlo porque muchos negocios están cerrados y actúan en horarios muy reducidos, por lo que hay dificultades para conseguir productos en negocios de proximidad”.
En consecuencia, enfatizó que “lo que hace falta es que estén abiertos la mayor cantidad de negocios disponibles con el horario más amplio posible, pero que actúen responsable y solidariamente y que no traten de aprovecharse abusando con los precios”.
Subrayó, además, que “las autoridades deben involucrarse activamente para efectuar el control y aplicar las sanciones que establecen las normas vigentes”.
Normas en vigencia
Polino advirtió que “se debe hacer cumplir las normas legales vigentes, como ser la ley de Defensa al Consumidor; como así también poner en funcionamiento la normativa que crea el Observatorio de Precios que aprobó el Congreso nacional en diciembre de 2016”.
Apuntó que esa ley establece que “los funcionarios de economía de la Nación junto con representantes de dos entidades de Defensa de los Consumidores observan la evolución desde la materia prima hasta el producto en venta. El objetivo es determinar en qué eslabón de la cadena se produce una distorsión de precios, de modo que el Gobierno pueda actuar sobre ese punto y restablecerlo”.
Recordó también que en mayo de 2018 el Congreso aprobó la creación de un tribunal nacional de Defensa de la Competencia, pero todavía no se constituyó.
