Un gran desafío tiene el Estado (el Gobierno nacional en mayor proporción) para llevar la conducción de la situación actual de los argentinos en medio de la pandemia por coronavirus.
Especialmente porque prolongar el aislamiento sanitario sin encontrar soluciones al enigma de las consecuencias económicas, puede resultar perjudicial.
El freno a la economía por la pandemia tendrá consecuencias directas en la vida de las empresas, personas, provincias: en el futuro colectivo.
Los economistas sostienen que se necesita transitar por un camino paralelo donde aparecen los rumbos de la crisis sanitaria y las consecuencias económicas. Al inicio transcurrieron diferidos, pero hoy van de la mano.
Un documento con propuestas elaboradas por un exejecutivo de la banca internacional llegó a la Casa Rosada el jueves por la noche a fin de ser analizado por el presidente Alberto Fernández, quien ya tuvo un primer contacto al igual que su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. En los próximos días habrá que ver si se aplican algunas de las propuestas.
En el documento, al que accedió PRIMERA EDICIÓN, se sostiene que es necesario “intervenir lo económico, administrar la crisis, crear instrumentos financieros, proveer de liquidez el mercado, mantener el aparato productivo, expandir la economía, distribuir credibilidad”.
Como herramientas para esos fines, se propone dar “intervención a la ANSeS, a la AFIP y otros organismos nacionales con capacidad de recursos; al Banco Central de la República Argentina; y al Congreso”.
Pesos por acciones de empresas
Respecto de la ANSeS, se propone que mediante el Fondo de Sustentabilidad, las empresas encuentren financiamiento a través de la entrega de acciones en garantía contra el Tesoro.
“El Tesoro emite pesos como contrapartida y la ANSeS podría entregar esos pesos a las empresas para satisfacer la masa salarial. El organismo puede recibir bonos de las empresas como garantía de pago. Las empresas podrán utilizar esos pesos o no en función de sus necesidades mientras dure la crisis, con la posibilidad de devolverlos a los 18 meses con 6 de gracia, a tasa subsidiada por el Tesoro Nacional. El efecto de emisión monetaria será cero a la fecha de sacar el bono (24 meses)”, reza el documento.
“La contrapartida de la cobertura de la masa salarial será el no despido de personal por al menos seis meses o la cancelación de la deuda con ANSeS. Por otra parte, con este instrumento, se podría eliminar la doble indemnización laboral existente que constituye un freno a nuevas contrataciones”, se sugirió.
El rol del fisco
Respecto al rol fiscal, el economista propone al Gobierno nacional que “la AFIP suspenda vía financiación posterior, las cargas y aportes laborales (Formulario 931) por los meses que dure la crisis. Esas cargas se podrán incorporar a una moratoria especial a tasa subsidiada por el Tesoro Nacional pos crisis sanitaria. A efectos contables, se sugiere que el Tesoro emita y entregue a la AFIP un bono especial que se cancelará con el pago de la mencionada moratoria”.
El Estado y su intervención
En cuanto a lo que puede aportar el Estado nacional, el documento propone que se “emita un monto de dinero equivalente a la mitad de la coparticipación y se distribuya a las provincias en función de su aporte recaudatorio y su impacto de la crisis sanitaria. En un primer momento se deben distribuir Aportes del Tesoro Nacional (ATN) de manera urgente para morigerar los impactos ya ocurridos, a cuenta del acuerdo posterior”.
Destaca que “es muy importante la celeridad de la instrumentación y distribución de los montos para un impacto efectivo”.
La contrapartida de este aporte a los distritos “serán Bonos Provinciales que ingresarán al Tesoro nacional y serán cancelados a seis años, a tasa subsidiada y serán garantizados por la coparticipación”. Las jurisdicciones deberán poner esos recursos en “inversión directa de obra pública, fomento a micro empresas, nuevos desarrollos, estímulos del aparato productivo y soporte de las economías regionales”.
En otro orden, se sugiere que la Nación apoye al sector pasivo de la población (jubilados y pensionados), programas sociales (AUH y otros de carácter retributivo para sectores excluidos), de manera directa y con sumas fijas mediante ANSeS, garantizando la llegada directa de los desembolsos”.
Banco Central
En este caso, se propone la creación del “Hospital de Cheques”, un mecanismo arbitrado por el Banco Central “para el manejo y la cancelación de todos los cheques rechazados del sistema y con el fin de evitar la ruptura de la cadena de pagos. Se busca la cobertura de los cheques y que las deudas pasen a ser percibidas por AFIP en la moratoria especial pos crisis a tasa subsidiada en el término de un año”.
“Así, no será emisión monetaria con la utilización de bonos que se cancelarán luego en forma mensual”, destacó el autor de la propuesta.
Párrafo especial dedicó a la “indispensable apertura del mercado financiero en la cuarentena, porque será inviable siquiera pensar una solución posible sin bancos, para garantizar liquidez y confianza. Sin ellas, nada se podrá hacer”.
Congreso
Para el Poder Legislativo del país, en el documento se pide que el mismo apresure la sanción de leyes para congelar alquileres por 180 días para particulares y empresas, prohibiendo desalojos por seis meses.
A su vez, que haya “tarifas esenciales de servicios públicos para empresas e individuos, congeladas por seis meses producto de la crisis. No podrán cortarse los servicios por el mismo término aunque existan deudas”, en un esquema que el DNU de Alberto Fernández comenzó a poner en marcha. Para lograrlo en el aislamiento, el Congreso deberá encontrar la forma de obtener la celeridad necesaria ante la emergencia.
Consecuencias a evitar
Al fundamentar las iniciativas que se pueden aplicar rápidamente, el especialista advirtió que no tomarlas puede generar la “ruptura de la cadena de pagos, licuación del capital de trabajo, menores niveles de demanda y de provisión de insumos, mayor capacidad ociosa, salarios imposibles de pagar, cierre de empresas”.
“El nuevo escenario -agrega-, sería una economía sesgada que migre hacia lo informal, el paso previo a la anarquía económica apartándose de todo parámetro conocido. Sería el lugar donde nadie quiere estar”.
Advirtió que esto se puede desencadenar si el Estado nacional no interviene “en un plazo no mayor a 30 días”. “Hay que administrar la crisis con sabiduría, superando los obstáculos con celeridad e inteligencia en las decisiones. No permitamos que el no gerencia el presente nos introduzca nuevamente en un oscuro fracaso”, finaliza el documento entregado a la Presidencia.
