Durante las últimas horas la Policía de Misiones continuó con las detenciones de las personas que no acaten el Decreto de Necesidad y Urgencia anunciado por el presidente Alberto Fernández el jueves pasado. Cada aprehensión es rubricada en comisaría y cada infractor o potencial delincuente es notificado de las penas que deberá afrontar por incumplir la normativa y en caso de que haya reincidencia la detención se prolonga a los plazos de la Justicia de Instrucción.
En el ámbito de la Cuarta Circunscripción Judicial de Misiones, con asiento en Puerto Rico, se dispuso desde el viernes operativos con patrullajes exhaustivos. En este caso es la Policía la encargada de llevar adelante la medida. Fundamentalmente en Puerto Rico y Jardín América pero en localidades cercanas también.
No poder justificar presencia en las calles significa ser demorado en la comisaría más próxima en donde te notifican el decreto vigente, las normas a las que se incumple en caso de no acatar las directivas y las penas previstas actualmente en el Código Penal.
Tras la firma, el ciudadano recupera la libertad pero queda registrado en una base de datos y en caso de reincidir, sí puede ser detenido de manera preventiva y su libertad quedará supeditada a la decisión del juez de instrucción o federal de turno.
Fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN, indicaron que el trabajo que se realiza es preventivo y los agentes tratan de explicar la situación a los que no cumplen con la cuarentena pero en algunos casos, además de infringir los artículos 202 y 205 (ver encuadre legal) puede aparecer también el artículo 239, que habla de la desobediencia a la autoridad lo que significa un grado del delito mayor.
Se han observado casos en estos días en que personas fueron demoradas, notificadas en la sedes policiales y son acompañadas hasta sus domicilios. Si por algún motivo, incurren nuevamente en hechos similares, ya enfrentan una causa penal y pueden quedar en prisión.
Lo mismo sucedería si hay resistencia a una directiva policial o agente de la salud pública o de cualquier fuerza de seguridad. Las penas pueden ir desde 3 a 15 años de prisión y multas económicas.
Explicaron que son distintos aquellos casos que se dan en el marco de prevención y para el cumplimiento de la cuarentena en los que se descubre que las personas identificadas hayan tenido una causa previa.
Por ejemplo, si una persona es demorada por la policía y al ingresar sus datos en el sistema de antecedentes, se detecta que tiene una causa abierta o pedido de captura por otro delito, queda detenida en dependencia policial a la espera de la decisión de la Justicia, tanto por infringir el aislamiento como la causa misma que tenga abierta.
En flagrancia
En este contexto se dio un caso en las últimas horas con la detención de un joven de 23 años que circulaba por la vía pública durante la noche del viernes.
Ocurrió en Garuhapé y el ciudadano no pudo justificar el tránsito por el barrio Las Miguelas. Casi al mismo tiempo se reportó un hurto dentro de un camión en dicha zona donde se llevaron elementos de seguridad y las características aportadas por la víctima coincidían con la del hombre y en ese caso, luego se estableció que sería el responsable del ilícito junto a un menor que fue entregado a sus padres.
En este caso, el adulto sí fue detenido y quedó a disposición del Juzgado de Instrucción 1 de Puerto Rico. Además que le notificaron la causa de hurto y la infracción a los artículos 202 y 205 del código penal respecto a la cuarentena. En estos casos se concreta la detención.
Todas las visitas suspendidas
Mediante una decisión conjunta entre el Servicio Penitenciario Provincial, Ministerio de Gobierno, Poder Judicial y Ministerio de Derechos Humanos, se resolvió este sábado suspender provisoriamente las visitas por parte de familiares y amigos a los internos de todas las unidades penales de la provincia y sus anexos.
Esta medida es complementaria a la interrupción de las salidas transitorias de los internos que gozan del beneficio y abarca las visitas intercarcelarias, domiciliarias y laborales en las ocho unidades y anexos del SPP, en principio hasta el 31 de marzo.
El director General del SPP, Manuel Dutto, expresó a PRIMERA EDICIÓN sobre la decisión: “Somos respetuosos de todas las acciones que se están tomando frente a la crisis mundial que trae consigo esta pandemia, creemos que la mejor forma de cuidar la salud y contribuir a la sociedad es tomar medidas para evitar el contagio de las personas privadas de libertad, sus familias y también del personal penitenciario”.
“Constantemente se trabaja en informar y concientizar a los custodiados acerca de la importancia de que tomen estrictas medidas de higiene dentro de los módulos, pabellones y celdas, fundamentalmente para evitar que el virus ingrese”.
