En menos de 24 horas (entre el jueves y el viernes pasado) la Provincia cerró los acuerdos paritarios para la mayoría de los empleados estatales. En todos los casos, para esta primera etapa, fijó una cifra “testigo” del 20% en dos cuotas (13% en febrero y 7% en marzo), remunerativa. El mes que viene se actualizarían las asignaciones familiares y la ayuda escolar, como parte de la recomposición propuesta por el Gobierno.
Ocurrieron dos días después que el gobernador Oscar Herrera Ahuad anticipó en FM de las Misiones 89.3 que tenía un esquema de aumentos con parámetros similares a la que estudia la Nación. “Vamos a ser muy prudentes porque una de las cuestiones en que nos comprometimos con la Nación es ir de la mano en esta definición y no seamos imprudentes de tomar una decisión por encima del otro. La Nación va a estar informada de lo que haga la Provincia y hablo con Ministros de la Nación para saber cómo llevan adelante sus negociaciones”, dijo entonces el mandatario para fijar los “límites” de la decisión posteriormente tomada.
Concluida la paritaria, desde la Rosadita misionera pusieron énfasis en las dificultades económicas que atraviesa la Argentina, a las que la tierra colorada no está ajena. Dijeron que en medio de la incertidumbre esa cifra era la única posible, con la promesa de revisión cuando haya definiciones nacionales. Además, el tiempo de negociación se acortó, al pretender que el aumento impacte con el pago de haberes a fines de febrero, por los plazos para las liquidaciones.
Eso fue lo que transmitió en persona el gobernador Oscar Herrera Ahuad a los sindicatos docentes (UDA, AMET, UDPM, SEMAB-CET, SADOP), cuando apareció sorpresivamente en el Ministerio de Educación el jueves. Convenció a cuatro de los cinco participantes ya que SADOP se excusó de firmar el acta. Al día siguiente el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, repitió el escenario a la UPCN que también suscribió el acuerdo.
Desde los sindicatos que firmaron, fundamentaron su acompañamiento en la necesidad de sumar algunos pesos más ante la crisis económica y la inflación cercana al 60%. Además de la promesa oficial de reabrir la paritaria este semestre.
Como ocurre habitualmente, los no convocados a las reuniones paritarias mostraron su oposición a los acuerdos y anticiparon posibles medidas de fuerza. Especialmente en el sector docente, donde el Frente Gremial de UDNAM, SEMAB-CEA y Marea Blanca se quebró después de casi una década.
El quiebre se debió a la firma que Mariana Lescafette, titular del SEMAB-CEA estampó con el Gobierno. Aunque se “formalizó” vía WhatsApp en un grupo que los dirigentes y docentes compartían hasta el viernes, cuando comenzaron a “limpiarse” los contactos del mismo.
La pelea sindical entre el sector “crítico” promete hasta un capítulo judicial por publicaciones en las redes sociales y memes que molestaron a Lescafette.
Con respecto a las medidas, en principio se convocó a una marcha para el martes, donde la UDNAM y los docentes jubilados pondrán en la calle el “termómetro” de la docencia ante la paritaria. El rechazo dirigencial puso en la discusión del aumento la desventaja en la que quedaron los docentes sin antigüedad y los que tienen hasta 10 años en la docencia, que no recibirían el impacto del aumento.
En el Gobierno Educativo proponen esperar unos días hasta ver qué ocurre con la paritaria nacional, que tendría su resolución antes del inicio del ciclo lectivo. Especialmente sobre el Fondo de Garantía derogado y del que la Nación adeuda varias decenas de millones a Misiones.
En la administración Central, el gremio ATE y la CTA Auténtica (ambas en manos de Jorge “Koki” Duarte), rechazaron la suba del 20%. Anticiparon asambleas para definir las acciones futuras, ante el desenlace de las paritarias sin haberlos sentado en la mesa de diálogo.
Otra vez el NEA
En forma recurrente el Nordeste argentino viene encabezando el ranking inflacionario de la Argentina. El INDEC en manos del kirchnerismo dio su primer índice oficial que determinó un 2,3% en el promedio nacional y el 3,1% en el NEA. Nada menos que los alimentos y bebidas fueron los que más subieron (6%) en la región, al inicio del 2020.
Por el “estigma Moreno”, la polémica no tardó en llegar ante la difusión de la cifra entre los que descreyeron de la medición en base a proyecciones privadas y el Gobierno nacional que la defendió. Incluso hubo una importante diferencia entre el Relevamiento de Expectativas que realiza el Banco Central de la República Argentina, que estimó en 3,5% la inflación de enero.
“Me encantaría que si alguien tiene alguna duda, del oficialismo o de la oposición, llame por teléfono y le mostramos todo lo que hacemos y cómo lo hacemos”, respondió el titular del INDEC, Marco Lavagna, hijo del exministro de Economía, un extrapartidario que se sumó al Gobierno de Alberto Fernández.
Tensión con el FMI
Esta semana tuvo varios capítulos políticos entre el Gobierno del Frente de Todos y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que envió su primera misión al país en medio de las negociaciones por reestructurar los montos y plazos de pago de la mega deuda tomada por Mauricio Macri en su mandato.
Primero, públicamente, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner había asegurado en Cuba que el FMI violó sus estatutos al prestarle dinero a Macri, porque ese dinero se utilizó para la fuga de capitales. En ese contexto, consideró que el organismo debía aceptar realizar una quita en la deuda argentina, como ocurrirá con los acreedores privados.
El vocero del Fondo, Gerry Rice salió a responderle que no existió tal violación de los estatutos y que la quita no será posible.
CFK vía Twitter retrucó con la foto de la tapa del “Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional”, y adjuntó el Artículo VI referido a la “Transferencia de Capital”.
La vicepresidenta copió el inciso “a” que indica: “Salvo en el caso previsto en la Sección 2 de este Artículo, ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable continua de capital”. La última frase fue resaltada con un marcador. Y agregó otro párrofo: “El Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin. Si después de haber sido requerido ese efecto el país miembro no aplicara las medidas de control pertinentes, el Fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar los recursos generales del Fondo”.
“Sin comentarios. Los argentinos y las argentinas sabemos leer”, escribió CFK en el cuarto y último tuit con el que dio por terminada la discusión.
Paralelamente, el presidente Alberto Fernández mandó un mensaje no sólo al Fondo sino a los acreedores privados con quienes busca un acuerdo por los bonos argentinos: “El gran sistema financiero alguna vez tiene que tener algo para Argentina; estoy esperando que lo hagan; si no, tendré que dar instrucciones al Banco Central. No le estamos pidiendo una quita de la deuda al FMI, pero si más plazos y contención para que la economía pueda crecer. Pretendo alcanzar un diálogo sensato con el Fondo”.
Un día antes, el ministro de Economía Martín Guzmán, dijo en la Cámara de Diputados que “el FMI es responsable por la crisis de deuda y económica que la Argentina vive hoy”. “Es importante entender que el Fondo es responsable. Es importante no olvidarnos de nada porque es importante tener memoria hacia el futuro”, señaló.
Desde el Fondo siguen asegurando que las relaciones con Argentina son “constructivas”. En tanto el tiempo se va acotando y los mercados comienzan a meter presión. Un ejemplo fue el fracaso de Guzmán cuando debió declarar desierta la licitación de tres títulos públicos en pesos, con vencimiento al 2021, realizada el lunes pasado para hacerse de fondos. Con ese dinero pensaba refinanciar el pago de los $ 100.000 millones del Bono Dual 2020 que venció el jueves pasado. Se vio obligado a “reestructurarlo” unilateralmente, pateando el pago para el 30 de septiembre.
Jubilados y reforma
La Nación anunció un aumento del 13% para las jubilaciones mínimas de ANSeS desde marzo. Con las subas automáticas suspendidas por ley, apura el tratamiento de la reforma previsional, empezando por los haberes de “privilegio”. A su vez, anunció un grupo de 170 medicamentos gratuitos que otorgará el PAMI, para cumplir con la promesa de Fernández en la campaña.
El Gobierno se defendió, al asegurar que será una suba mayor a la que se hubiera conseguido con la fórmula que aplicó Macri en su gestión. Aún así, hubo críticas al haber de $15.896 que percibirán los beneficiarios desde marzo. El defensor de la Tercera Edad, Eduardo Semino, anticipó que irá a la Justicia para “plantear la inconstitucionalidad” del decreto presidencial.
