La Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones (APTM) se presentó ayer ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar por la maniobra empresarial que deriva en la falta de pago del impuesto fijo a los cigarrillos, motivo por el cual se desfinancia el Fondo Especial del Tabaco (FET).
Así, la APTM denunció la “gravedad institucional” generada por la eximición a la Tabacalera Sarandí de tributar el impuesto mínimo fijado por la ley 27.430, por la comercialización de atados de cigarrillos, como consecuencia de una medida cautelar.
La problemática reside en que el sector industrial, amparado en medidas cautelares otorgadas por la justicia, se niega a abonar el impuesto mínimo de 56,98 pesos por paquete de 20 cigarrillos. Las medidas permiten que solamente abonen el 70% del valor del atado y en consecuencia puedan ofrecer al mercado cigarrillos mucho más económicos.
Según informó Télam, durante la presentación, desde la asociación que representa a la producción tabacalera manifestaron que “el mercado de cigarrillos se distorsionó gravemente por el otorgamiento de las medidas cautelares, especialmente las otorgadas a Tabacalera Sarandí, que lejos de ser una Pyme ya cuenta con aproximadamente un 20% del mercado total y factura alrededor de $10.000 millones anuales, siendo más grande que otras multinacionales que actualmente participan también del mercado de cigarrillos”.
Además, apuntaron: “El menor precio de venta de los productos de Tabacalera Sarandí y otras genera una elusión fiscal directa de más de $10.000 millones en concepto de impuestos internos, impuesto al valor agregado (IVA), Fondo de Asistencia Social (FAS), Fondo Especial del Tabaco (FET), y de Ingresos Brutos (IIBB), anualmente”.
Agregaron que “en términos acumulados, la pérdida de recursos que generaron las sucesivas medidas cautelares otorgadas desde 2016 hasta 2019 inclusive, superaría los $ 45.000 millones”.
La causa está en el máximo tribunal en un movimiento impulsado por la AFIP y que apoyan organizaciones tabacaleras de diferentes provincias al sentirse afectadas por la incidencia que ello tiene en la recaudación del FET.
