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Médicos de cabecera del IPS denuncian retraso en pago de haberes

27 diciembre, 2019
IMPACTO PARA LOS PACIENTES. De suspenderse el servicio, tendría un alto impacto para los afiliados.

La Asociación Civil Médicos Misioneros (AMMi) denunció el incumplimiento contractual por parte del Instituto de Previsión Social (IPS) en los pagos de honorarios convenidos mediante contrato con los médicos de cabecera y exigió depositar lo adeudado a la brevedad y regularizar la fecha de pago.

En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, el representante legal de la AMMi, Federico Esquivel, precisó que el IPS adeuda los haberes de dos meses a los médicos de cabecera, “desde hace varios meses que venían cobrando con algunos días de retraso, mientras que el resto percibe sus haberes del 1 al 5 los médicos lo harían después del 15… pero esto se agravó ahora, estamos a 26 de diciembre y les adeudan las facturaciones presentadas de octubre y noviembre. El primer día de enero se presentarán las facturaciones de diciembre y ya se acumularán tres meses de atraso”, detalló el abogado.

La AMMi cumplió un año desde su creación y cuenta con alrededor de cien socios. Según detalló Esquivel, la mayoría de ellos presta servicios como médico de cabecera a la obra social de la provincia. En total, el IPS cuenta con 530 médicos de cabecera y todos están percibiendo sus haberes con retraso.

“Repudiamos este accionar discriminativo hacia los médicos de cabecera de la provincia e instamos a la unión de todos los afectados para poder solucionar este gravísimo hecho en esta época tan importante del año donde todos los trabajadores han percibido en tiempo y forma sus haberes encontrándonos laboralmente precarizados y no pudiendo gozar de lo mínimo indispensable que todo trabajador merece por su trabajo”, remarcaron en un comunicado que este jueves circuló en las redes sociales.

 

Pagan muy poco por consulta

“El IPS paga 230 pesos la consulta a los médicos de cabecera cuando el valor de la consulta mínima ética supera los mil pesos y, en promedio, casi todos los médicos están cobrando 600 pesos la consulta”, detalló Esquivel.

Según indicó, ante la necesidad de actualizar el valor de la consulta, la presidenta de la AMMi, la médica Fernando Lorena Torres, presentó a lo largo de este año en varias oportunidades notas al presidente saliente del IPS, actual vicegobernador, Carlos Arce, pero no obtuvieron resultados satisfactorios.

“A lo largo de 2019 se solicitó que se regularice el valor de la consulta porque es muy amplio el desfasaje entre lo que paga el IPS y el valor ético sugerido por las organizaciones médicas, pero no se obtuvo respuestas. Ahora estamos en diciembre y el retraso en los pagos se agudizó, los que tienen familia saben que este mes demanda más gastos y lo cierto es que los médicos que trabajan para el IPS están en una grave situación financiera. ¿Cómo hace para cumplir con sus compromisos, pagar sus tarjetas de créditos, pagar sus servicios o el alquiler? Este incumplimiento produce un grave daño y perjuicio que está estipulado en el Código Civil”, destacó el asesor legal de los galenos.

 

Médicos evalúan suspensión de servicios

Según indicó Esquivel, dado el incumplimiento del contrato por parte del IPS, los médicos de cabecera nucleados en la AMMi evalúan la posibilidad de dejar de atender a los afiliados de la obra social de la provincia hasta tanto ésta cumpla con los pagos adeudados.

“El mayor temor de los médicos es qué pasará con sus haberes durante enero y febrero, porque si ya ahora arrastra un retraso de casi tres meses esto puede extenderse todavía más”, explicó Esquivel.

Por eso, según anticipó el abogado, “si en los próximos días el IPS no regulariza los pagos a los médicos de cabecera, los profesionales suspenderán la atención a los afiliados”.

Según indicó, aún no pudieron reunirse con el nuevo presidente del IPS, Lisandro Benmaor, “pero esperamos que en las próximas horas el funcionario anuncie el pago de las facturas de octubre y que también dé la fecha de pago de las facturas correspondientes de noviembre”.

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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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